Entre la necesidad y el abuso policial: la lucha de las trabajadoras sexuales durante la pandemia

“Por favor ayúdenme, mi niño está desmayado”, dijo angustiada una mujer, a quien llamaremos Fabiola, al ingresar al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Su hijo de 3 años tenía 40 grados de temperatura, diarrea y no había parado de vomitar en toda la noche. “Cálmese. Ya está aquí en el hospital”, le dijo una enfermera. Cuatro horas después, el pequeño fue atendido y tuvo que quedarse por 5 días en el centro de salud. La situación no parecía marchar bien y el doctor le comunicó el diagnóstico: “Tu hijo tiene COVID-19. No se puede ir, lo vamos a intentar”.

Había pasado casi un mes desde que el Gobierno decretó la cuarentena el 15 de marzo. La joven, desesperada por todo lo que había escuchado en las noticias, decidió sacar a su niño del hospital: “No tenía dinero, ni seguro. Además, decían que a los que tienen COVID-19 no los puedes ver. No iba a dejar que pase eso con mi hijo. Yo sé que hice mal, pero preferí irme”.

Desde que llegó de Venezuela, Fabiola ha estado siempre al pendiente de sus tres niños. Por ellos, hace más de un año, decidió dedicarse al trabajo sexual: “Yo aguanto todo, no me importa con tal de llevarle comida a mis bebes, pero a veces siento que ya no aguanto, como extranjera me siento en el limbo”.

La realidad de Fabiola es la de incontables mujeres extranjeras en el mundo, y ha sido explicada por el movimiento global Amnistía Internacional, en su política sobre la obligación del Estado de respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ya que se trata de una fuente de ingresos para las personas migrantes en situación irregular que solo dependen del sector informal para salir adelante.

En el Perú, Angela Villon, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales, explica que en el 2002, a partir de una vigilancia centinela que realizó el MINSA para descartar VIH en esta población, se pudo contabilizar 250.000 personas en este oficio. La pandemia ha incrementado este número, y se calcula que alrededor del 40% son extranjeras. No existen cifras más recientes o exactas.

La mayoría, como Fabiola, huyó de la crisis en Venezuela y la pandemia solo ha agravado más su situación: “Me pude hacer la prueba gratis y me dijeron que tenía COVID-19. Al otro día, les hicieron la prueba a mis hijos y el de 16 también salió positivo”. Sin dinero y con dificultades para trabajar, se medicó con remedios naturales.

Con un sistema de salud que no tardó en desbordarse por la rápida escalada de contagios, las trabajadoras sexuales no eran la prioridad, víctimas de una discriminación histórica de quienes las juzgan por la vida que (en algunos casos) escogieron, gritaron por ayuda, pero no fueron escuchadas. “Nuestras compañeras estaban muriendo por la indiferencia del Estado. Pedimos a los hospitales que las atiendan y no lo hicieron”, cuenta Leida Portal, presidenta de la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad.

Ante la desesperación acudieron al doctor Carlos Lozada Saco, médico cirujano con una maestría en salud pública, quien atendió gratis y de manera remota a las trabajadoras sexuales que presentaron algún síntoma del COVID-19 u otra enfermedad. “Habré pasado a 84 o 100 citas virtuales. Llamaban a veces en las noches desesperadas diciéndome ‘se ahoga mi hijo’, ‘se ahoga mi padre’, uno no se puede negar a eso”, afirma el médico.

El doctor Lozada trabaja desde hace casi un año en el CERETS Raul Patruco PUIG (Centros de Referencia para Enfermedades de Transmisión Sexual) aunque en precarias condiciones: “Ya va a ser el cuarto mes que no me pagan”. En este centro de salud del Minsa, las y los trabajadores sexuales van a hacerse sus chequeos mensuales. Tienen cita dental, ginecológica, descarte de VIH y consejería, donde se les entregan preservativos.

Durante la cuarentena este servicio funcionó con solo dos doctores y uno de ellos era una persona de la tercera edad. El médico Lozada tuvo que ingeniárselas para atender a todos: “Han venido a atenderse por COVID-19, aunque la orden era no atender esos casos, pero no las recibían en el hospital de Ate y las señoras venían diciendo ‘doctor me ahogo’”.

Los CERETS solo atiende a adultos, pero ante la falta de hospitales y medios económicos las trabajadoras sexuales llevaban a sus hijos. “Ellos también estaban mal. Es una madre, no le podíamos decir que no, jamás”, resalta el doctor, quien también tuvo que atender a mujeres víctimas de violencia física por parte de sus clientes durante este tiempo. “Las curamos, porque dónde más lo van a hacer”, indica.

Desde que inició el estado de emergencia, el Movimiento de Trabajadoras Sexuales y la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad, pertenecientes a la red Plaperts (Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual), han contado alrededor de 57 muertes, solo de las compañeras que pertenecen a sus organizaciones, a causa de la COVID-19 o porque no pudieron ser atendidas por otras enfermedades.

Sin dinero para comer o enterrar a sus muertos

Cerca de las 5:00 a. m. Ximena se levantó preocupada. Tenía que ayudar a su abuela a ir al baño. El día anterior la había acostado con mucha fiebre y, a sus 87 años, atravesaba problemas para caminar. “La encontré en el piso, ya había fallecido. Parece que en la madrugada sintió algún dolor y se levantó. Salí a pedir ayuda, pero nadie me la brindó”. Por la tarde, vino la Policía y el médico forense, quien le dijo que probablemente su deceso fue a causa del nuevo coronavirus.

Ximena tuvo que estar con el cuerpo de su abuela hasta el día siguiente, cuando las autoridades fueron a su casa: “Fue muy triste, porque la envolvieron en un plástico blanco y así se la llevaron”. No se le permitió velarla y no tenía dinero para el entierro. “No podía comprar un cajón. Fue todo un gasto, yo no sabía dónde conseguir plata”, recuerda.

Sin otras opciones tuvo que quebrantar el aislamiento social y atender a unos clientes. “Pude contactarme con uno de ellos, le hice una atención y me ayudó un poco con los gastos, además la señora Leida de la organización me hizo llegar una donación”. Desde hace tres años que Ximena es trabajadora sexual, ingresó en este mundo por la necesidad, cuando uno de sus dos hijos se enfermó.

Desde que empezó la cuarentena, no solo han fallecido muchas trabajadoras sexuales a causa del nuevo coronavirus, sino también sus hijos, padres o abuelos. “Las compañeras pueden verse muy arregladas y pintadas, pero dentro tienen un corazón muy grande, cuidan de sus abuelos o padres. Con este trabajo, ellas pueden ver los momentos en los que salen a conseguir dinero a su familia”, revela preocupada Leida Portal.

La pandemia las dejó sin ingresos y con deudas. Casi ninguna recibió un bono del Estado y no tenían cómo afrontar la repentina partida de sus seres queridos. Por eso, decidieron organizarse para pedir algún subsidio. “Hicimos una lista de como 800 personas en situación de extrema vulnerabilidad, con cáncer y discapacidad. Ahí incluí a las trabajadoras sexuales, lo mandamos al Consejo de Ministros, pero no pasó nada, no respondieron”, cuenta Angela Villon, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales.

No se podía esperar mucho, la necesidad era grande y comenzaron a planear otras opciones. Acudieron a la Red Umbrella Fund, al Centro Mujer de Flora Tristán y a Manuela Ramos. “Nos ayudaron a comprar cajones para las compañeras o para sus familiares que también fallecieron”, explica Leida Portal.

El apoyo de estas organizaciones también fue a través de víveres que las trabajadoras sexuales utilizaron para preparar ollas comunes. Todas las mañanas se levantaban temprano, iban a pedir alguna colaboración a los vecinos y luego empezaban a cocinar para aproximadamente 123 personas. Muchas de ellas no tenían para adquirir un balón de gas y otras lo habían perdido todo, pues las desalojaron por no pagar el alquiler.

“La indiferencia del Estado fue grande, porque solo se les dio dinero a las municipalidades para que los alcaldes repartan las bolsas de víveres a cada distrito, pero a nosotras no nos dieron bolsa”, increpa la presidenta de la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad.

El abuso policial

Una madrugada del último mayo, la Policía rompió la puerta de un pequeño local de una conocida avenida y detuvieron a 15 mujeres, entre ellas a Fabiola, quien se encontraba con un cliente. Había decidido ir a trabajar pese a que se podía contagiar, pues necesitaba dinero para sus hijos. Los agentes subieron a todas a la patrulla y las trasladaron a la comisaría, donde les exigieron pagar varias multas para liberarlas.

Se les acusaba de no respetar la inmovilización social obligatoria, violar las medidas sanitarias y se les pedía un descarte de COVID-19. Fabiola, desesperada en ese momento, no supo qué hacer. “De dónde iba a sacar yo dinero para la prueba que valía como 130 soles y para pagar otra multa de como 200 soles, si no tenía ni para comer ni para mis niños”.

Sin embargo, la abogada Beatriz Ramírez explica que “las multas por violación de las medidas sanitarias son independientes, es decir, puedes pagarlas y aparte te pueden abrir un proceso penal. Pero eso no se le paga al comisario, esas multas se tienen que pagar al Banco de la Nación”.

El desconocimiento, el miedo y el abuso de poder que sufrieron las trabajadoras sexuales las dejaron sin armas para defenderse. “Muchas veces si no hay dinero, hay cuerpo”, denuncia Leida Portal, quien ha tenido que ver cómo sus compañeras son víctimas de la más cruel violencia.

Fabiola logró salir a las 5 a. m. de la comisaría. “Me violaron, me quitaron el poco dinero que tenía, me humillaron. Así yo sea trabajadora sexual, si no quiero tener relaciones con alguien es violación”. Según su testimonio, un policía la amenazó: “Te vas a ir deportada y a tus hijos no los vas a volver a ver, porque aquí se van a quedar”.

Al día siguiente pensó entablar una denuncia. Fue a pedir orientación, pero “¿la evidencia? yo no la tenía, además como extranjera cómo iba a poner una denuncia, te amedrentan, yo tenía miedo”, cuenta con frustración.

“Las trabajadoras sexuales son una población altamente vulnerable. La policía dice que son vulnerables al proxenetismo, pero en realidad son altamente vulnerables al abuso policial y de las fuerzas municipales. Es muy fácil hostigarlas y eso desincentiva para que ellas denuncien”, explica Beatriz Ramirez.

La razón de esta desprotección radica en que, en el Perú; en materia penal, la prostitución no es ilegal. Sin embargo, si alguien se ve beneficiado de esta actividad se lo puede denunciar por proxenetismo. La ambigüedad de la norma hace que muchas trabajadoras sexuales sean llevadas y retenidas en la comisaría para que acusen a sus proxenetas, cuando en realidad son independientes.

Según el estudio denominado “Violencia Institucional y trabajo sexual”, realizado por RedTrasex en 13 países de América Latina y El Caribe en el 2016 (el último que han hecho), se pudo conocer que el 75% de trabajadoras sexuales son víctimas de violaciones por parte de las fuerzas de seguridad. El porcentaje aumenta a 85% en el caso de las inmigrantes.

Al igual que Fabiola, son miles las trabajadoras sexuales cuyos derechos son vulnerados día a día por el Estado a través de sus servidores públicos. Por eso, la RedTrasex ha explicado que esto califica como violencia institucional y resalta que también es violencia de género.

“Son abusadas, violadas o intimidadas sexualmente en virtud de la naturalización de una doble disponibilidad sexual: están disponibles por su condición de mujeres y lo están doblemente por hacer de las prácticas sexuales una herramienta laboral”, se explica en el mencionado estudio.

Las trabajadoras sexuales expresan que el Gobierno no las ha apoyado y han tenido que ver morir a sus compañeras. Cada día tienen que tomar la complicada decisión de salir a trabajar con miedo a contagiarse y ser detenidas por la policía o quedarse en sus casas con su familia, pero sin dinero para comer.