Exdirector de Serfor afirma que su remoción del cargo sirve a intereses ilegales
Decisión sucedió en pleno diseño de una estrategia para enfrentar el tráfico ilegal de madera de parte de su gestión. Gonzáles-Zuñiga explica que esto no es una coincidencia.
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Luis Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán se convirtió en exdirector del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), órgano del Ministerio de Agricultura (Minagri), el último 5 de junio.
En una entrevista concedida al medio Mongabay Latam, el exfuncionario reveló que la vicepresidenta de Políticas Agrarias del Minagri, Paula Rosa Carrión Tello, le había pedido renunciar a inicios de marzo.
Gonzáles Zúñiga, además, afirmó que desde que aceptó el cargo, en febrero de 2019, sabía que se enfrentaría a aquellos interesados en que las cuatro actividades que más afectan la preservación de la flora y la fauna no se vean mermadas.
Estas son: la tala ilegal, la minería ilegal, los cultivos ilegales y el tráfico de tierras para alentar los cultivos ilegales; y el tráfico ilegal de fauna silvestre.
“No me imaginé que dentro del propio Minagri hubiera intereses de esta magnitud”, confiesa Gónzales-Zúñiga, ahora exdirector de Serfor. “Para mí ha sido una sorpresa muy desagradable esta resolución suprema", continúa afirmando.
Además, explicó de qué manera es que su destitución sirve a aquellos que no tienen los mejores intereses respecto a la flora y fauna del país. "En el Consejo Directivo de Serfor hay representantes de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, del sector privado, de las universidades, de los gobiernos locales y nunca se les consultó”, asevera en la conversación con la periodista Yvette Sierra.
Reglamento sospechoso
“Ayer [jueves 4 de junio] me convocaron a una reunión en el Minagri para discutir una propuesta de reglamento de cambio de uso de tierra y les hemos dicho que de ninguna manera vamos a aceptar ese reglamento como lo están proponiendo porque fomentará la deforestación en el país”, contó Gonzáles-Zúñiga.
El reglamento del que habla facilitaría las actividades de deforestación masiva en la selva del país. El documento permite hacer análisis de suelo en determinadas áreas y desboscarlas si se demuestra que se podría desarrollar actividad agrícola ahí.
“Eso es lo terrible. Claro que todo estaba oscurecido en el lenguaje de los abogados, cuando tratan de esconder las cosas las hacen así”, señala.
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