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Política

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza nombramiento de Grados Bailetti en el Congreso

La organización defensora de derechos consideró denigrante que se le ofrezca un cargo en el Estado al general retirado sindicado como responsable de la masacre de Putis en 1984.

Colectivo defensor de derechos humanos rechazó el nombramiento en el Congreso de responsable de masacre de Putis. Foto: composición LR
Colectivo defensor de derechos humanos rechazó el nombramiento en el Congreso de responsable de masacre de Putis. Foto: composición LR
Luis Pequeño

Por medio de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su rechazo al nombramiento del general (r) Luis Óscar Grados Bailetti como jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso. Esto debido a la responsabilidad penal que se le adjudica al exmilitar por su papel en la masacre de Putis, ocurrida durante la época del conflicto armado interno.

Según el colectivo defensor de los derechos ciudadanos, la designación de Grados Bailetti al interior del Legislativo constituye “una afrenta a las víctimas y familiares de uno de los más graves actos de barbarie ocurridos en el país”.

Asimismo, esta organización pidió al presidente del Congreso, José Williams, las explicaciones respectivas del porqué de este nombramiento y, en ese sentido, su revocación.

“De persistir en esta decisión (de mantener a Grados Bailetti en el cargo), constituiría un respaldo a quien el Estado mismo, que a través del Ministerio Público previene y persigue el delito, considera un criminal”, declararon en el documento de protesta.

La participación de Grados Bailetti en Putis

En 2016, la Fiscalía inició investigación contra Luis Grados Bailetti por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como homicidio agravado con alevosía, considerados crímenes de lesa humanidad, en relación con su participación en los hechos sucedidos en Putis.

En aquel entonces, el cuestionado exmilitar fungía como jefe de Operaciones y comandante de la compañía Linces, que desarrollaba sus actividades en Ayacucho y estuvo implicada en la matanza.

Según lo que estableció el Ministerio Público en el dictamen Nº 126-2016, dado durante el proceso contra el general retirado, es claro que “subsisten elementos de convicción que vinculan al procesado Luis Óscar Grados Bailetti con el delito instruido, los cuales resultan suficientes para emitir un juicio de probabilidad delictiva en su contra; y, por ende, sustentar una acusación”.

Es preciso mencionar que, debido a la naturaleza de los crímenes imputados contra Grados Bailetti, los mismos no prescriben.

¿Qué fue la masacre de Putis?

En 2001, un reportaje del periodista de La República Edmundo Cruz, reveló al público la existencia de los sitios donde fueron enterradas las víctimas de una matanza ocurrida en la localidad de Putis, que hasta entonces era desconocida para las autoridades, ya que la misma se había mantenido en secreto.

Posteriormente, las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) destaparon varios aspectos de lo que luego habría de conocerse como la masacre de Putis.

Este hecho, ocurrido en diciembre de 1984 en este lugar ubicado en la provincia de Huanta, se saldó con la muerte de un grupo de 123 comuneros a manos de un destacamento del Ejército del Perú.

Según se detalla en el documento de la CVR, los militares acudieron a esta zona de la región Ayacucho y los reunieron en el colegio del pueblo. En dicha reunión, los efectivos del orden aseveraron que estarían ahí para brindar protección y apoyo en el desarrollo económico de la localidad, con la construcción de algunas infraestructuras.

Tras ello, bajo engaños y con la excusa de la construcción de una piscigranja, ordenaron cavar una fosa a los hombres del pueblo. No obstante, luego de que estuvo terminada la labor, reunieron a un centenar de personas alrededor del agujero y, sin mediar palabras, dispararon contra ellos.

Dichas ejecuciones se realizaron de manera extrajudicial. Según determinaron las pesquisas de la Fiscalía, los asesinados no tenían armas al momento del ataque y habrían sido ultimados en condiciones de indefensión.

¿Las razones? La CVR tiene una conclusión clara: la simple sospecha de que los comuneros simpatizaban con los subversivos, así como la obtención de beneficios “producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos fallecidos”.