Beatriz Ramírez: “El proceso de selección de la JNJ es objetivamente peor al de hace cinco años”

Las consecuencias de la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial (PJ) y el proceso de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) son analizados por la abogada constitucionalista y docente universitaria, Beatriz Ramírez Huaroto.

El TC no declaró fundada la demanda competencial que presentó el Congreso contra el Poder Judicial. ¿Cuáles son los efectos de esta decisión?

Lo primero es que sí ha habido sentencia. Hay algunos magistrados que afirman que no la ha habido…

Interesados.

Sí, además porque son los que se fueron. Las normas del TC dicen que se necesita iniciar con un quórum, que las personas no se pueden retirar hasta que se levanta la sesión y que cuando no se alcanzan los cinco votos lo que corresponde es declarar infundada la demanda. En este caso, lo que corresponde es declarar infundada la demanda competencial. (El Congreso) no ha podido acreditar que se hayan menoscabado sus competencias.

¿Cuáles son las consecuencias que tiene la sentencia en el sistema institucional?

Si hubiera ganado el Congreso se hubieran anulado todos los actos en los que Tello y Vásquez participaron desde que los repusieron y eso hubiera tenido consecuencias bastante perniciosas como en el caso de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se ha elegido a una nueva fiscal (Delia Espinoza). Eso no hubiera sido posible si el cargo no hubiera quedado vacante por la destitución de Benavides en un procedimiento en la Junta Nacional de Justicia. Es decir, si este proceso competencial hubiera sido a favor del Congreso todo hubiera caído como un dominó. Hubiéramos tenido a una JNJ trabajando por gusto, con un montón de decisiones que se hubieran tenido que anular.

Con la sentencia, ¿el Poder Judicial va a poder revisar las decisiones del Congreso?

Siempre que se violen derechos fundamentales. Lo que queda habilitado es que, si alguna vez a cualquier persona del país el Congreso le viola un derecho, se puede accionar por la vía de un amparo. Al menos hasta que entre en vigencia la norma que acaba de aprobar el Congreso que también está cambiando todas las reglas por las que las personas podríamos ir un amparo.

A eso iba. En paralelo a esta sentencia del TC también está la ley que reforma el Código Procesal Constitucional. Hay que leer ambas cosas en simultáneo, ¿no?

Tal cual. El Congreso está intentando por varios lados concentrar el poder o evitar el control, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Lo que han diseñado es un procedimiento especial solo cuando se demanda al Congreso, lo cual es bastante discutible. Cuando tú legislas tendrías que hacer una serie de procedimientos especiales por la naturaleza de las cosas, no por las personas o instituciones vinculadas a los procesos. Me explico. Durante mucho tiempo los establecimientos que no cumplían con Defensa Civil ponían un amparo y les sacaban la vuelta a los controles municipales y entonces se pusieron algunas medidas. Eso se puede hacer. Pero en este caso el Congreso lo está haciendo porque hay la intención de querer evitar el control. ¿Qué quieren hacer? Existe una regla vigente desde hace un par de años según la cual cuando la persona jurídica demandada es el Congreso la primera instancia no es un juez, sino que tienes que ir a una sala. Pero ahora hay un procedimiento en donde no hay medida cautelar, es decir, hay que esperar todo el juicio y no se puede tener un pronunciamiento provisional. Otra regla. En general cuando se obtiene un amparo, tiene ejecución inmediata, en la primera instancia. Ahora ni hay amparos y si te concedieran la razón en primera instancia (la sentencia) no se ejecutará porque se tendrá que esperar a la segunda instancia. Lo que están diciendo es “sí, sí, te voy a dejar demandar” pero lo que quieren en el fondo es evitar el control que puede hacer el Poder Judicial (PJ).

Hay que recordar que el PJ y la Fiscalía ya se han pronunciado en contra de decisiones del Congreso.

Varias veces y eso es justamente que ha originado esta ola de reformas legislativas. El Congreso tiene el poder de reformar las leyes y usa ese poder para ganar en los procesos que está teniendo. No es una lucha justa. Al Congreso no le gusta que la Fiscalía inicie investigaciones a organizaciones políticas representadas en el Congreso y a algunos integrantes de esas organizaciones, entonces cambian la ley sobre organizaciones criminales y allanamientos. No les gusta cómo resuelve el PJ, buscan una reorganización del sistema de justicia.

Hay varias reformas por derogar, ¿cierto?

La ciudadanía debería tener una lista de varias normas que se están aprobando para que cuando entremos a periodo electoral se interrogue a los candidatos para ver si se comprometen a derogar esto, esto y esto o si en cambio están a favor de esas reformas que han ido rompiendo el equilibrio institucional.  

¿Se puede decir que hay una reconfiguración en el TC?

En todo órgano colegiado siempre hay una diversidad de posiciones. Siempre hay algunos magistrados mucho más fieles a quien los eligió. Ese es el bloque que parecen conformar los Gutiérrez, Hernández y Morales. Tienes algunos otros con una voz mucho más discrepante, ese sería Monteagudo. Y hay otros que no son necesariamente fieles a nadie. Allí se han ido ubicando Domínguez, Ochoa. Y parece que la magistrada Pacheco tomó algunas decisiones cuando se lanzó (para postular a la presidencia del TC). Fue público que no era candidata única.

La moraleja es que deberíamos tener mecanismos de elección de magistrados para que sean impredecibles en su comportamiento respecto del órgano que los eligió. Tienen que tener desde luego una línea predictiva respecto de la jurisprudencia…

Pero no política.

Pero no de fidelidad respecto de quien los eligió. Mientras más infieles sean al órgano que los eligió, es mejor. Uno se puede identificar con una posición mucho más conservadora o progresista y eso está muy bien porque la sociedad es diversa. El problema no es la concepción ideológica. El problema es la cercanía al órgano que te puso porque entonces se pierde objetividad.

Se está llevando a cabo el proceso de selección de la nueva JNJ. ¿Cómo lo evalúa hasta el momento?

Si uno compara este proceso con el anterior hay grandes diferencias. En el anterior, que no fue perfecto, por lo menos se cuidó que la evaluación de conocimientos fuera estricta. Ahora hasta tenemos cuestionamientos de que la universidad a la que se contrató tenía un montón de cuestionamientos, que el personal encargado ni siquiera tenía título. Es decir, ha habido menos calidad técnica para el componente académico. La otra vez en las entrevistas se hacía mucho hincapié en los cuestionamientos que venían de la ciudadanía, es decir, había preguntas incisivas de quienes conformaban la Comisión Especial para que la persona que estaba postulando.

Eso sobre el proceso. ¿Y qué me dice de la calidad de los postulantes?

Producto del proceso de degradación institucional que hemos tenido, no todo el mundo que podría haber pasado esta evaluación se ha animado a postular. Los magistrados Vásquez y Tello te pueden caer bien o mal, pero si uno ve lo que han tenido que pasar, ¿quién con dos dedos de frente se va a querer animar a pasar por eso en la función pública? La accesitaria Mónica Rosell ha sido la única del proceso anterior que se ha animado a postular y me parece muy bien, pero hay demasiadas personas vinculadas a partidos que están en la terna.

¿Su perspectiva entonces es que la nueva JNJ -por lo menos en cualidades profesionales- será de una calidad inferior a la actual?

Por lo menos el proceso de selección de la JNJ es objetivamente peor que el que tuvimos hace cinco años. Por tanto, ¿el resultado necesariamente será mejor? No. También hay que decir que hace cinco años, como era muy reciente el escándalo de los CNM audios, había mucha veeduría ciudadana, estábamos en otro clima, sí había mucha vergüenza frente a lo que había pasado.

¿Había una sensibilidad social diferente?

Es que, en medio de tanto descalabro, el proceso de selección de la JNJ es una cosa más. Si hay una norma sobre el crimen organizado que obliga a las personas a parar sus actividades, ¿qué les vamos a pedir que se interesen por ese órgano tan lejano?