Cuatro de cada diez búsquedas de la DINI ocurrieron durante la gestión de Óscar Valdés

Registros. La base de datos de la DINI sigue hablando. Con la ayuda de un hacker, descubrimos sus secretos. La mayor revelación: su periodo de actividad más intensa ocurrió durante el premierato de Óscar Valdés. Además, les contamos quiénes fueron los más buscados y cuáles los días más activos.,Marco Sifuentes Utero.pe DINILEAKS.utero.pe es un buscador elaborado por el hacker conocido como “Kamisama”, con la colaboración de Útero.Pe. Utiliza las 100,544 líneas de información –obtenidas por la revista Correo Semanal– que revelan las búsquedas de agentes de la DINI a diversos personajes fuera del ámbito legal de las facultades de este organismo de inteligencia: políticos, empresarios, periodistas y hasta miembros de la farándula. Correo ha dicho que existen 56,937 búsquedas más, aún no reveladas. Aún no hemos tenido acceso a ellas. Si lo conseguimos, serán agregadas a la base de datos total. DINILEAKS.utero.pe permite una observación más amigable de la información que obtuvo la DINI gracias al acceso que tuvo a la base de datos de la SUNARP. Esto nos permite llegar a varias conclusiones. La primera de ellas es que la mayoría de estas consultas no se realizó por nombre de persona o de empresa, sino por número de placa o código de partida. Estos últimos tipos de búsqueda conforman el 88% de la información de la base de datos. DINILEAKS.utero.pe sólo indexa las búsquedas por nombre. Esto arroja un total de 18,980 registros, lo que no quiere decir 18,980 personas. De hecho, si eliminamos repeticiones, al final nos queda un saldo de 8,107 búsquedas únicas. Veamos algunos casos de esas 8 mil personas y por qué la DINI se interesó en ellas. LOS 10 MÁS BUSCADOS POR LA DINI La persona más buscada por la DINI (con 60 búsquedas, nada menos) es Justo Pérez Ruiz. Fue rastreado en mayo del 2012. Coincidentemente, por esas fechas, este señor era el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de San Martín. Precisamente en ese mes, el Colegio de Notarios de San Martín se encontraba envuelto en un lío interno, en el que la directiva se enfrentaba al Tribunal de Honor presidido por Justo. ¿Qué podría significar todo esto? Difícilmente los líos del Colegio de Notarios de San Martín son una amenaza a la seguridad nacional digna de ser monitoreada por la DINI. ¿Cuál es la importancia de este notario? Más adelante veremos cómo cuadra su caso en el panorama completo. El tercero más buscado (51 registros) también es un caso de Tarapoto: Edgardo Rojas Pérez. Existen muchos peruanos con ese nombre. Uno de ellos es autor de una publicación sobre el turrón de maní. De hecho, varios de los integrantes del Top 10 de los más buscados por la DINI –incluidos los dos ya nombrados– podrían deber su lugar en la cima del ranking debido a su cantidad de homónimos (también encontrados por Útero.Pe durante su propia pesquisa). A eso se debería la cantidad de búsquedas. El agente iba descartando los homónimos. Sin embargo, hay algunos sobre los que no cabe la menor duda. El segundo más buscado por la DINI (54 entradas) es Marco Vásquez, el reportero principal de política de Panorama. Ha sido artífice en tres de los casos más sonados de los últimos tiempos: Orellana, Ecoteva y Chocherín. Todas sus búsquedas se concentran entre el 17 y 18 de mayo de 2012. Consultado, Vásquez no recuerda ningún reportaje particularmente polémico en esas fechas como para justificar esa búsqueda frenética. En todo caso, sus búsquedas se realizaron en mayo de 2012, una época interesante, como se verá líneas abajo. En el puesto número 7, con 31 búsquedas, se encuentra nada menos que José Antonio García Miró, presidente del directorio del Grupo El Comercio. Un agente de la DINI dedicó tres horas de su vida (desde las 3:06 pm hasta las 6:04 pm del 3 de mayo de 2012) a buscar sus inmuebles, vehículos y participación en empresas. Esto ocurrió en medio de una grave crisis del gobierno: al día siguiente de que el cuerpo del suboficial César Vilca, fallecido durante la desastrosa Operación Libertad, fuera encontrado por su propio padre, en el VRAEM. De hecho, ese día, el 3 de mayo del 2012, fue el día que más búsquedas se realizaron. Ya volveremos sobre eso. El puesto número 10 le corresponde nada menos que al congresista fujimorista Julio Gagó, con 25 búsquedas realizadas en setiembre y diciembre de 2011 y en abril de 2013. Como recordarán, la empresa Copy Depot, relacionada al congresista Gagó, ganó licitaciones por más de 6 millones de soles, a pesar de que un congresista no puede hacer negocios con el Estado. En el Top 10, además, figuran dos empresas: el Banco Santander (45 búsquedas) y la empresa de monitoreo satelital GPS Golden (27 búsquedas). ¿QUIÉN MANDÓ BUSCAR MÁS? En la información liberada, sólo existen récords de consultas por nombre desde enero del 2011 hasta julio del 2013. Después de eso, abandonaron estas indebidas búsquedas (o la información está incompleta). Entre agosto de 2013 hasta el presente sólo se registran búsquedas por placa vehicular o número de partida. La DINI es un organismo adscrito a la PCM. Por tanto, decidimos dividir la información por la duración de los mandatos de los presidentes del Consejo de Ministros. Los resultados fueron sorprendentes (ver recuadro): Gobierno aprista: Rosario Fernández (19 de marzo de 2011 – 27 de julio de 2011): 1,242 búsquedas José Antonio Chang (inicio del registro – 18 de marzo de 2011): 578 búsquedas Gobierno nacionalista: Óscar Valdés (11 de diciembre de 2011 – 23 de julio de 2012): 7,402 búsquedas Juan Jiménez (24 de julio de 2012 – fin del registro): 6,702 búsquedas Salomón Lerner (28 de julio de 2011 – 10 de diciembre de 2011): 3,056 búsquedas Cabe recalcar que fue durante la gestión de Juan Jiménez –específicamente el 10 de julio de 2013, si asumimos que la base de datos es correcta– que los agentes de la DINI dejaron de buscar en SUNARP usando nombres de personas y empresas. Es decir, no existe, después de esa fecha, evidencia de que haya continuado la sospechosa recopilación de información. De hecho, un cálculo más preciso es el promedio de búsquedas por día. Así podemos ver bajo qué gestión se incrementaron o disminuyeron las búsquedas, independientemente de cuánto duró cada jefe de la PCM en su cargo. Las cosas quedan así (ver recuadro): Gobierno aprista: José Antonio Chang: 7.5 búsquedas por día Rosario Fernández 9.4 búsquedas por día Gobierno nacionalista: Salomón Lerner 22.4 búsquedas por día Óscar Valdés 32.75 búsquedas por día Juan Jiménez 19.0 búsquedas por día Nuevamente, la gestión de Valdés es la ganadora. Otro dato notable: las búsquedas diarias se duplicaron en el gobierno nacionalista, con respecto del aprista. Como se ve, notoriamente fue durante la permanencia de Valdés en la PCM que se incrementó el número de rastreos. De hecho, los tres meses con más búsquedas por nombre fueron enero de 2012 (1,330 búsquedas), abril de 2012 (1,319) y mayo de ese mismo año (1,287). Los tres meses pertenecen a la época de Valdés. En total, 4 de cada 10 búsquedas de la DINI ocurrieron durante la gestión de Óscar Valdés. Un dato interesante, que podría no ser una coincidencia: En mayo de 2012 –como vimos, uno de los meses de mayor actividad de la DINI–, estaba ocurriendo, en paralelo, otra labor cuestionable de inteligencia. El 28 de abril de ese año, una jueza autorizó “el levantamiento del secreto de las comunicaciones (intervención, escucha, grabación y control)” de dieciocho números celulares y fijos. ¿Cuál fue la excusa? Como revelamos hace un par de años en este diario, se trataba del caso de Rudy Palma. Este era un periodista de Perú.21 que había logrado acceder a los correos electrónicos del entonces ministro José Luis Silva-Martinot. Palma fue descubierto y Silva-Martinot –enfurecido por lo que consideraba un caso de chantaje– consiguió que el periodista fuera a dar a Lurigancho, como si se tratara de un criminal de alta peligrosidad. Pero esa no fue la única reacción desmedida. El primer ministro Óscar Valdés encargó el caso a la Procuraduría de la PCM y las investigaciones corrieron a cargo, nada menos, que de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, como si Palma fuera parte de una red mafiosa. Así fue que una jueza autorizó a la policía a chuponear a 18 personas, escogidas sin mayor criterio aparente. Entre estas personas se encontraban funcionarios de dos ministerios, tres consultoras de imagen, ocho periodistas de distintos medios y el congresista de oposición Luis Galarreta. Este operativo de chuponeo autorizado legalmente transcurrió durante todo mayo del 2012, precisamente durante uno de los meses de mayor actividad de “recopilación de datos” de la DINI. ¿QUÉ DÍAS TRABAJÓ MÁS LA DINI? Gracias a Kamisama también podemos saber qué días trabajó más el suboficial en retiro Rosendo Chávez, administrador de la clave DINAINT02, que le permitía acceder a la información de SUNARP. Como ya se dijo, el día más agitado (184 búsquedas) fue el 3 de mayo de 2012, en ese mes tan laborioso para los organismos de inteligencia de este gobierno. Si tomamos al azar algunos de los nombres buscados ese día, resulta que la mayoría son notarios del interior del país (incluido Justo Pérez Ruiz, el más buscado por la DINI). Ese día también buscaron al ya mencionado José Antonio García Miró. Pero no fue el único miembro de El Comercio que fue rastreado el 3 de mayo de 2012. También figuran el jefe de la web, Fabricio Torres del Águila, la entonces (y ahora despedida) editora de fin de semana Martha Meier y César Pardo Figueroa, gerente general del grupo. Ese día, finalmente, buscaron a Joe Olivas, productor de RPP. El 23 de marzo de 2012 fue un día especial. Estuvo dedicado a buscar única y exclusivamente a los notarios más renombrados de Lima. Ese día, el segundo en el ranking, se realizaron 148 búsquedas. Dos meses antes, el 23 de enero de ese año, el tercer día más ocupado, estuvo dedicado a buscar a funcionarios del rubro eléctrico en todo el país. Eso incluyó a sus pares en Proinversión. El 17 de enero de 2012 es, quizás, el día más interesante. Aparece una serie de nombres vinculados al mundo empresarial: Roque Benavides, Pedro Brescia, Beatriz Boza, Diógenes Alva, Inés Temple, Davis Fischman, entre otros. Pero también dos vinculados a Óscar López Meneses: su hermano José Hernán y su ex jefe, Jorge Polack. Al día siguiente, el 18 de enero, buscarían al mismísimo OLM. Recordemos que el resguardo policial a OLM se inició recién en mayo de 2012 y el escándalo no estalló sino hasta noviembre de 2013. Pero ya en enero de 2012, OLM había llamado la atención de la DINI. Este ejercicio –atar búsquedas a lo que ocurría en el escenario político de cada día– puede ser replicado por el lector en el buscador DINILEAKS.utero.pe. Jonathan Castro, de Sin Medias Tintas, recorrió el camino inverso: escogió nombres de periodistas, se fijó en las fechas y teorizó sobre las posibles causas del rastreo a, entre otros, Gustavo Mohme, Carlos Castro y Ángel Páez, de La República, Aldo Mariátegui, entonces en Correo, y César Hildebrandt. En todos los casos, correspondían a publicaciones de carácter álgido para el gobierno. Por ejemplo, el caso de Mohme y Castro, en agosto de 2011, fue una reacción directa a la investigación sobre quien fuera el inamovible jefe de la DINI, hasta inicios de este año, Víctor Gómez Rodríguez (uno más de la promoción de Humala en el aparato de inteligencia). Sin embargo, este rastreo a periodistas resulta una excepción en la etapa inicial de este gobierno. Todos los demás casos de periodistas hurgados por la DINI, que Útero.Pe ha podido corroborar, corresponden al periodo de Óscar Valdés en la PCM. ANÁLISIS NO SE LA PROTEGIDO A LA POBLACIÓN NI SUS DERECHOS Erick Iriarte Abogado La situación de necesidad de tener instituciones de inteligencia y contrainteligencia tiene base en la estabilidad democrática y la necesidad de protección del colectivo. Pero estas instituciones se crean en un marco de respeto de los Derechos Humanos, la Constitución y las leyes vigentes. La recopilación de datos que ha venido realizando la DINI no se hizo protegiendo a la población ni sus derechos ni los principios de Derechos Humanos. Es clara la violación de los principios internacionales por el accionar de la DINI, y de las autoridades que tenían la responsabilidad de velar para que no se violen los derechos de cientos de peruanos, no solo de congresistas y sus familiares, sino de periodistas, empresarios, funcionarios de todo nivel. Entre las funciones de la DINI claramente establecidas, y bajo la premisa de que las entidades públicas solo pueden realizar lo que explícitamente se indican en sus normativas, no existe la recopilación, acumulación, gestión y/o manipulación de datos personales (puntual o masiva, como ha sido este caso). La Ley de Datos Personales (Ley 29733), tras varios años de trabajo y como complemento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. Esta ley se aplica a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. Son objeto de especial protección los datos sensibles. Es decir, la DINI como institución pública está bajo esta ley en la medida que la recopilación de datos no sea necesaria para el cumplimiento de las competencias asignadas por la ley o para defensa nacional o seguridad pública. Si los datos personales recopilados no cumplen la excepción, la violación de la ley de datos personales es clara. Es curioso que en la actualidad ni el Ministerio de Justicia ni la Autoridad de Datos Personales (que depende de ella) hayan dado su opinión o siquiera su comentario tratando de “encontrar alguna salida”. (Y ciertamente que si lo hicieran significaría que la inclusión de la autoridad, dentro del MINJUS, sin independencia, le hace daño a la población que dice proteger). Pero debemos añadir que si, como informó el congresista Víctor García Belaunde, también se han recopilado datos de historias clínicas, por el carácter de dato sensible de estos, aumenta la gravedad de la violación de la Ley de Datos Personales, por la protección especial que tienen, dado que estos datos pueden configurar instrumentos de discriminación. Los datos personales, aun proviniendo de fuente pública, el tratamiento (recopilación) sin una finalidad adecuada o sin estar en alguna de las excepciones vulnerarían la ley de datos personales. La violación a datos personales ha sido clara por parte de la DINI. La investigación que debe empezar el MINJUS debe ser inmediata y debe marcar claramente los procesos democráticos. Ningún organismo de inteligencia puede ir más allá de sus funciones, más aún cuando estas se hacen con finalidades políticas contrarias a la democracia.

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