Marita Barreto presenta demanda de amparo para regresar al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder
Con dicho recurso se busca reponer a Barreto en su cargo tras haber sido destituida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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La fiscal Marita Barreto presentó una demanda de amparo ante el Cuarto Juzgado Constitucional con el objetivo de que se declare la nulidad total de la resolución de Patricia Benavides, la misma con la que fue destituida de su cargo y de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Es importante precisar que la fiscal Barreto fue removida de su puesto luego de que se hiciera pública las investigaciones que apuntan a fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunta cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Junto con ello, tres de sus asesores fueron incluidos en la tesis fiscal.
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Marita Barreto solicita protección a la CIDH
La defensa legal de la fiscal Marita Barreto informó que han solicitado una medida cautelar de protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante posibles represalias por parte de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. En el documento se precisa que desean evitar persecución y hostigamiento tras ser destituida del cargo.
En el documento, se señala que "la decisión de dar por concluida el nombramiento como fiscal superior provisional y como coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder es una represalia por los avances en la investigación y la decisión adoptada por el juez competente sobre la detención preventiva del círculo de asesores más cercano a la fiscal de la Nación".
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Investigan a Patricia Benavides por liderar presunta red criminal
Como parte de la operación Valkiria V, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, allanaron diversas sedes de la Fiscalía de la Nación en el marco de las investigaciones a Patricia Benavides . La fiscal de la Nación es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, pues habría intervenido, de forma ilícita, en la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y en la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
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