¿Quién gana o pierde con el proyecto de referéndum presentado por el Ejecutivo ante el Congreso?

El último lunes 25 de abril, el presidente de la República, Pedro Castillo, presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional para que en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022 se agregue una consulta sobre si se debería o no modificar la carta magna. Para que esta iniciativa proceda, debe haber previamente una reforma que incluya el artículo 207, denominado “Asamblea Constituyente”.

La propuesta del Ejecutivo generó diversas opiniones tanto en el propio gabinete ministerial —el titular de la cartera de Economía, Óscar Graham, quien no respaldó la iniciativa del jefe de Estado— como en el Legislativo, pues la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ya adelantó que “el proyecto de ley no se va a aprobar”.

Por lo pronto, la congresista fujimorista Patricia Juárez anunció que la Comisión de Constitución le dará prioridad al proyecto de reforma constitucional y en los próximos días se iniciará el debate. No obstante, de acuerdo a los comentarios que se han generado en el Legislativo, las posibilidades de que la iniciativa sea aprobada son bajas. Ante ello, el Parlamento conseguiría ser visto, una vez más, como obstruccionista, mientras que el Ejecutivo podría ser considerado como irresponsable por plantear esta medida en medio de una constante crisis política.

Marylia Cruz, politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que el planteamiento del referéndum para una nueva constitución perjudicará a ambos poderes del Estado, ya que solo alimenta el conflicto que existe entre las entidades.

“Yo creo que debilita a ambos porque no ha sido bien pensada desde el Ejecutivo. Tiene que pasar primero por la Comisión de Constitución. Llegamos con muy poco tiempo para el referéndum, que se está planteando en las elecciones municipales y regionales de octubre. A mi parecer, continuamos entre el ida y vuelta de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no creo que, a partir de este juego, vaya a haber alguien que gane en institucionalidad o incluso en popularidad”, dijo en conversación con La República.

Asimismo, agregó que se trataría de una medida que no cuenta con muchos aliados, pues las izquierdas políticas están actualmente fragmentadas.

“Es, además, una medida sin muchos aliados políticos, porque no están todas las izquierdas de acuerdo con ello. Hemos visto las declaraciones de Verónika Mendoza, que entiende esto como un salvavidas. Es pertinente tenerlo en cuenta, ya que ha habido apoyo de Juntos por el Perú a Perú Libre. Estamos viendo más de este conflicto constante que puede generar una nueva crisis política y que en este caso no sabemos cuál vaya a ser el detonante”, aseveró.

Para Arturo Maldonado, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ambas instituciones están debilitadas; no obstante, consideró que el tema de la asamblea constituyente no es una opción mayoritaria en la ciudadanía.

“Ambas están debilitadas. A ojos de la ciudadanía, un poco más el Congreso que el Ejecutivo. Pero habiendo una minoría que considera que la asamblea constituyente es un tema que debería prosperar, la mayoría no cree lo mismo y cree que deben haber cambios parciales. Por tanto, se verá como una pérdida de tiempo, porque no va a llegar a buen puerto y esa va a ser la percepción mayoritaria”, explicó en diálogo con La República.

Además, indicó que el Ejecutivo podría ser el más perjudicado, pues generaría falsas expectativas en quienes están de acuerdo con reformar la Constitución.

“Esto puede afectar más a la figura del Ejecutivo en el mediano plazo, porque está levantando expectativas que no va a poder satisfacer. Creo que no va a prosperar en el Congreso y por más que le eche la culpa, también el Ejecutivo va a ser mirado como un Gobierno que no puede cumplir una promesa mínima y esto podría generar mayor desaprobación”, agregó.

En cuanto a la percepción del Congreso, Cruz señaló que no se vería muy afectada porque la iniciativa no tiene el respaldo mayoritario de la población.

“Yo creo que al Congreso no le va a afectar tanto si no lo aprueban porque si bien hay un sector de la población que demanda el cambio de la Constitución del 93, hasta el momento, no se ha llegado a un diálogo en común, masivo, sobre qué aspectos cambiar de la Constitución. Esa conversación es fundamental. Es diferente al proceso que se ha seguido en Chile, en donde se pauteaba bien qué se quería cambiar, era un diálogo masivo en medios de comunicación y la ciudadanía estaba muy informada de los artículos que necesitaban cambios”, acotó.

Marylia Cruz, no obstante, señaló que se trata de un pedido válido, pero primero habría que pensar en cuáles son los puntos concretos que se pretende reformar.

“Por otro lado, el cambio de Constitución es un pedido válido. Se necesita hablar de si la Constitución que tenemos nos está acompañando bien. De hecho, hay artículos que probablemente no se están cumpliendo y no sabemos si están o no lejanos de la realidad. Pero, hasta ahora, no vemos una movilización amplia que requiera ese cambio. Parece una medida desesperada para conseguir más aliados y simpatizar”, añadió.

“Habría que pasar por ese diálogo para comprender y que cuando la ciudadanía llegue al referéndum, pueda estar la ciudadanía informada para saber si realmente quiere un cambio de Constitución. Sin embargo, parece que el reclamo de la ciudadanía pasa por la gobernabilidad de todas sus instituciones democráticas”, explicó.

En esa misma línea, Maldonado coincidió en que el Congreso no tendría un mayor perjuicio porque su percepción está tan desprestigiada que difícilmente podría bajar más.

“La percepción del Congreso es tan mala que ya no tiene nada que perder. Es difícil que bajen aún más. Es posible, pero que bajen de 10% u 11% a 8% ya no es tan dramático si ya se está en esos niveles. Pueden ser calificados otra vez de obstruccionistas, pero no creo que eso mueva grandemente su desaprobación”, remarcó.

En cuanto a la experiencia de cambio de Constitución que se vivió en Chile, consideró que se trata de una situación distinta a la realidad peruana, ya que el trámite es largo y podría ser considerado por la ciudadanía como innecesario.

“En el mediano plazo, va a ser más afectado el Ejecutivo por las demandas y las expectativas que no se van a poder satisfacer. Además, la propuesta del Gobierno es un intento de copiar el modelo chileno de tener un referéndum de entrada y uno de salida; es decir, uno que diga ‘sí queremos o no queremos hacer un cambio’; y luego de salida para saber si lo propuesto recibe el apoyo ciudadano. Sin embargo, este proceso es largo, es lento y es complicado. A ojos de los ciudadanos es mucha tramitología, muchos pasos previos para llegar a un objetivo incierto y puede ser visto como un procedimiento enrevesado y complicado”, culminó.