¿Qué tan útil resulta la conformación de comisiones especiales investigadoras en este Congreso?

El pasado jueves 31 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó la ampliación del plazo por 20 días hábiles para entregar el informe final de la Comisión Investigadora de las Elecciones 2021, encargada de averiguar si existió el supuesto fraude en la segunda vuelta, que dio como ganador presidencial a Pedro Castillo.

Hasta donde supo La República, que accedió al informe preliminar, el grupo investigador presidido por Jorge Montoya no ha podido concluir o demostrar las presuntas irregularidades en los comicios generales del año pasado, pese a que al Legislativo le ha costado más de S/ 150.000 en pagos por asesoría.

No obstante, con los votos de 53 congresistas, frente a 52 que se opusieron, la comisión tendrá una prórroga para cerrar el capítulo del supuesto fraude.

A parte de esta autorización, aquel día, en la agenda del Parlamento, se tuvo previsto resolver 13 mociones que pedían la conformación de comisiones investigadoras para distintos casos, entre las que se encuentra la que buscará determinar si el Ejecutivo cumplió con los compromisos de descontaminación del mar de Ventanilla por el derrame de petróleo.

De aprobarse cada una de ellas, generarían más gastos al Poder Legislativo del Estado. En ese sentido, ¿qué tan útil resulta la conformación de comisiones especiales investigadoras en este Congreso?

El politólogo Arturo Maldonado, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que una de las labores del Parlamento es la de fiscalización, que es legitimada por la Constitución. Sin embargo, consideró que comisiones investigadoras como la que preside el congresista Montoya, que intenta averiguar un caso ya desestimado, desvirtúan esta función.

Al respecto, comentó que la activación de una comisión investigadora ocasiona costos altos para el Congreso. Por consiguiente, señaló que, si esta no cumple con su objetivo, que es demostrar sus averiguaciones, la opinión pública podrá verlo como un desperdicio de los fondos públicos.

“Desde una mirada externa, las comisiones son costosas. Esta comisión (del supuesto fraude), hasta donde entiendo, ha costado S/ 200.000 en asesores y personal que ha estado buscando. A ojos del público, son comisiones que gastan y hasta desperdician los fondos públicos que podrían ir destinados a mejores cosas”, expresó el especialista a La República.

Incluso el politólogo de la PUCP sugirió que ese presupuesto que se les asigna a los grupos de trabajo especializados se destine a las comisiones ordinarias para que se equipen de la mejor manera.

Del mismo modo, José Elice, el ex oficial mayor del Congreso y especialista en temas parlamentarios, dijo a este diario que la investigación es una atribución que tiene el Parlamento y es una de las funciones más importantes para llevar a cabo el control político.

“La investigación es una atribución del Congreso que está prevista en la Constitución. Esta es una de las funciones más importantes que tiene el Congreso en lo que es control político”, explicó.

Asimismo, el abogado mencionó que las comisiones investigadoras son una potestad que tiene el Legislativo para llevar adelante esa supervisión. En ese sentido, comentó que para que estas puedan realizarse es necesaria la asesoría de especialistas. Por eso, a diferencia de Maldonado, consideró que el presupuesto debe ser elevado para los grupos de trabajo que investigan.

“El tipo de asesorías que requieren a veces son costosas, porque actúan como peritos en ciertos temas. La estructura de una comisión investigadora incluye la previsión de apoyo externo para reunir y evaluar adecuadamente la información que recibe”, señaló.

No obstante, cuando se le consultó si era mejor que las comisiones ordinarias investiguen algunos casos que no requieren de tanta logística, expresó que no, y señaló que las investigaciones son una especialidad que requiere de la elaboración de un programa, de un plan y del presupuesto necesario para desarrollarla de la manera más eficaz.