¿Prosperará la denuncia constitucional presentada por Palacios contra Alva y otros congresistas?

El último 9 de febrero, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sostuvo una polémica reunión con nueve congresistas y otros personajes de la política nacional, donde, según el semanario Hildebrandt en sus trece, se habría discutido la manera de vacar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Frente a ello, no se hizo esperar una respuesta del oficialismo, por lo que la parlamentaria Margot Palacios (Perú Libre) presentó una acusación constitucional contra los 10 involucrados.

Entre los fundamentos fácticos, se señaló el reciente encuentro de los legisladores en un lujoso hotel de Miraflores y los planes que se habrían trazado en tal discusión. Se mencionaron, además, conocidos pasajes de la política nacional que ensalzaron la oposición al Gobierno e, incluso, incurrieron en llamados a la violencia contra el jefe de Estado.

Según el documento presentado el 12 de febrero, los acontecimientos que tuvieron lugar en la reunión miraflorina estarían enfocados en derrocar al Gobierno actual, mismo que fue elegido legalmente, en base a cambios en la carta magna. De esta manera, lograrían “debilitar la figura presidencial a fin de obtener el derrocamiento del presidente, fabricando primero figuras de apariencia legal mediante el cambio de la Constitución a fin de obtener su ilícito propósito”.

De acuerdo con el analista político Luis Nunes, el proceso interpuesto por Palacios Huamán tendría que seguir su curso, pero no vería un futuro positivo. Asimismo, precisó que la Fundación Friedrich Naumann, acusada de patrocinar el encuentro de congresistas provacancia, gozaría de buena reputación y no estaría entre sus planes promover la destitución del mandatario.

“Creo que es una posición equivocada, porque no creo que una fundación con tantos años en el Perú esté dedicada a conspirar con este Gobierno o cualquier otro (...) Me parece que la congresista se excedió. Tengo entendido que hay un temario, unas exposiciones que se hicieron y un almuerzo de confraternidad, como me imagino (que) la gente de Perú Libre (también) tiene muchísimas reuniones de confraternidad, asambleas”, comentó en conversación con La República.

Asimismo, manifestó que la posición de los parlamentarios involucrados en el encuentro provacancia corresponde a la oposición y no tendría relación con la naturaleza del evento que los reunió en el conocido local: “La congresista (Margot Palacios) debería ver que las posiciones que tienen estos congresistas no tiene que ver nada con la reunión efectuada la semana pasada en un hotel en Miraflores. Es la posición de ellos como congresistas desde el principio del mandato. (...) Los congresistas son libres de opinar, no creo que dé lugar a una acusación de ese tipo”.

Existe una infracción constitucional cometida por Alva, señala experto

Por su parte, el constitucionalista Omar Cairo –en diálogo con La República– afirmó que de lo acontecido en la reunión en el hotel Casa Andina se puede extraer que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sí cometió una infracción constitucional al amenazar la libertad de expresión e información que están reconocidas en el artículo 2, inciso 4, de la Constitución Política del Perú. Una infracción que sería una causal de juicio político contra la titular del Parlamento y que puede ser sancionada con la suspensión o inhabilitación de hasta por 10 años.

El experto hace referencia a lo revelado por los audios difundidos por el semanario Hildebrand en sus trece, donde se escucha a Alva reclamar por la publicación de un reportaje sobre el incidente entre la acciopopulista y la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, en un evento celebrado en el Parlamento. Todo esto en el marco de la reunión de parlamentarios de oposición en el mencionado hotel miraflorino. Lo sucedido fue rechazado –a través de un comunicado– por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

“De los hechos ocurridos en el hotel Casa Andina, mi impresión es que la presidenta del Congreso está incluida en una infracción a la Constitución consistente en amenazar a la libertad de expresión y de información, lo cual aparece en el contenido del audio que se ha difundido. La infracción a la Constitución es una causal de juicio político, que es un procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución, que pueden ser sancionados con la destitución, expulsión o hasta la inhabilitación del autor de la infracción”, explicó.

Sobre la denuncia constitucional de Margot Palacios, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Cairo advierte que este tipo de sanciones dependen exclusivamente de las voluntades políticas en el Parlamento. Si realmente quieren imponer una sanción, se tendrá que expresar a través de votos de los congresistas. Si no existe voluntad, difícilmente se podría sancionar una infracción constitucional.

“La presidenta del Congreso ha incurrido en una infracción constitucional que acabo de describir. Si esa infracción aparece en la denuncia (de Margot Palacios) y se llega a demostrar, no es suficiente, porque debe contar en el Pleno la decisión sancionatoria con por lo menos 87 votos. Para que eso ocurra tendría que haber la voluntad política de sancionar una infracción constitucional por parte de una mayoría del Congreso que alcance esos votos. Si esa voluntad no existe, esa infracción quedará sin sanción”, concluyó.