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Política

¿Qué leyes aprobó el Congreso pese a las objeciones del presidente Pedro Castillo?

Desde el Congreso, se han impulsado leyes que atentarían contra las competencias del Ejecutivo o de la ciudadanía. En estos casos, el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional.

Pedro Castillo juró como presidente de la República el 28 de julio de este año. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
Pedro Castillo juró como presidente de la República el 28 de julio de este año. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República

Desde julio de 2021, el conflicto Legislativo-Ejecutivo se ha agudizado a tal punto de que, en menos de seis meses de gobierno, se presentó una moción de vacancia presidencial. Sin embargo, esta no ha sido la única iniciativa que se ha promovido —y que se ha aprobado vía insistencia— desde el Congreso en disonancia con el presidente de la República, Pedro Castillo.

Uno de los primeros proyectos de ley impulsados desde la oposición fue el que limita la cuestión de confianza, prerrogativa que otorga la Constitución al Poder Ejecutivo. Parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País argumentaron que, con dicha propuesta, se “recuperaba” el equilibrio de poderes.

Ley que interpreta la cuestión de confianza

A menos de dos meses de inicio de gestión, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Patricia Juárez, ya contaba con un dictamen en mayoría para regular la cuestión de confianza, que fue aprobado por el Pleno en su sesión del 16 de setiembre. En horas de la mañana de esa jornada, el mandatario y la primera ministra, Mirtha Vásquez, presentaron una iniciativa de reforma constitucional para regular dicha figura junto a la vacancia.

Tras 15 días hábiles, el jefe de Estado observó la autógrafa de ley cuestionando que se pretenda hacer una modificación a la carta magna mediante una ley ordinaria y no a través de una reforma constitucional. También invocó sentencias del Tribunal Constitucional que dicha prerrogativa “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”.

A pesar de las objeciones del mandatario, Juárez Gallegos planteó al grupo de trabajo desestimar estos argumentos e ir por la insistencia, que se materializó en la sesión plenaria del 19 de octubre del año pasado. Al ser promulgada bajo dicho procedimiento la publicación lleva la firma de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

A un día de su difusión en El Peruano, el Ejecutivo presentó la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuya audiencia pública en la que las partes presentarán sus descargos se llevará a cabo este miércoles 26 de enero.

Ley que limita el referéndum

El último viernes, la representación nacional volvió a utilizar el mecanismo de insistencia para promulgar la autógrafa que establece que toda reforma constitucional, por iniciativa ciudadana, debe recibir la venia del Congreso para que sea sometida a referéndum.

El presidente Pedro Castillo observó dicha fórmula legal afirmando que vulnera la participación política de los ciudadanos y ciudadanas. No obstante, la titular de la Comisión de Constitución arguye que no se está recortando algún derecho, sino que se explicita lo que ya está en la normativa vigente.

Esta posición también fue apoyada por la jefa de la Mesa Directiva, María del Carmen, quien votó a favor de admitir por insistencia dicha ley.

Ante ello, la PCM comunicó que presentará una nueva demanda de inconstitucionalidad a fin de que el máximo intérprete de la carta magna dé su veredicto.

Otras iniciativas que podrían generar un enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo

Se han presentando ante el Congreso otros proyectos de ley que podrían ocasionar un nuevo intercambio de opiniones entre los parlamentarios y representantes del oficialismo, como la ley que establece procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros de Estado.

Según el texto, los ministros y viceministros deberán adjuntar una declaración jurada en la que informen de los procesos judiciales en los que estarían involucrados. Asimismo, dispone que no pueden asumir como viceministros en la PCM, Defensa o Interior quienes “se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas”.

En el hemiciclo, los parlamentarios de Perú Libre expresaron su rechazo a esta propuesta debido a que, consideran, viola el derecho a la presunción de inocencia.

Otro proyecto de ley que podría ser cuestionado es el que plantea interpretar la Constitución con el objetivo de que el presidente Pedro Castillo pueda ser investigado durante su mandato.

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