Más conflictos sociales complican al Gobierno
Demandas. En Áncash, Antamina sigue paralizada. Comunidad de Aquia pide presencia del presidente. Defensoría alerta de que en el norte y la selva también hay protestas. La Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias rechazan la violencia en los paros. CGTP pide reflexionar sobre la causa de esta turbulencia.
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A tres días de que el Congreso resuelva el voto de confianza para la primera ministra Mirtha Vásquez, el Ejecutivo aún debe lidiar con siete conflictos sociales en diversas regiones del país que, durante los últimos días, han tenido una escalada de violencia.
El domingo por la noche, el Gobierno había conseguido que en Ayacucho los habitantes de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara levanten su paro contra el campamento minero Apumayu, que había sido incendiado el 30 de octubre.
Pero en paralelo, ese mismo día quedó en evidencia que al Ejecutivo aún le faltaban resolver otras protestas.
En Áncash, la compañía minera Antamina suspendió sus actividades debido a que los ciudadanos de la Comunidad de Aquia bloquearon el corredor minero. El paro allí data del 24 de octubre. La población denuncia que esta empresa usa de manera ilícita su territorio y que ha ocasionado contaminación ambiental.
La primera ministra Mirtha Vásquez, al respecto, respondió en Canal N que los manifestantes han reclamado durante bastante tiempo que se inicien mesas de diálogo y que no se siga calificando a la gente como violentista o manipulada.
Mirtha Vásquez, PCM
En un intento por calmar las aguas, ayer por la mañana se reunieron el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, y el CEO de Antamina, Víctor Gobitz. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguna de las partes involucradas respondió si hubo acuerdo.
En este diálogo no participó el presidente de la comunidad de Aquia, Adán Damián Gamarra. El dirigente, en conversación con La República, demandó que sea el presidente Pedro Castillo y la jefa de gabinete, Mirtha Vásquez, quienes vayan a Aquia a instalar una mesa de trabajo y resolver el problema para llegar a acuerdos que cuenten con la venia de los pobladores.
“Queremos una comisión de alto nivel en nuestra tierra, que esté el presidente de Antamina, que dé la cara; que venga nuestra primera ministra, que vengan nuestro presidente de la República y nuestros ministros”, solicitó.
Conflictos pendientes
En tanto, en Piura, en el distrito de La Huaca, Paita, el domingo por la noche, un incendio consumió el fundo de Caña Brava, empresa del Grupo Romero. Los pobladores denuncian que esta compañía provocó ello, pues, aseguran, no es la primera vez que lo hacen. Caña Brava rechazó esta versión.
Los bomberos trabajaron largas horas para derrotar el fuego. Mientras que los ciudadanos de este distrito respondieron a la empresa incendiando tres vehículos de Caña Brava.
La congresista de Alianza para el Progreso (APP) Heidy Juárez contó por ejemplo que este problema comenzó en 2009 y denunció que la quema de plantaciones contamina el ambiente.
La Defensoría del Pueblo está investigando los hechos. Los manifestantes demandan que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales tome cartas en el asunto.
Caña Brava, Piura
En la selva de Loreto, por otro lado, ayer se cumplieron 27 días desde que las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Manseriche permanecen tomadas por 150 ciudadanos en el marco del denominado paro amazónico.
Petroperú, mediante un comunicado, advirtió que los manifestantes están poniendo en riesgo su vida debido a que las instalaciones de esta estación son altamente inflamables.
La empresa alertó, además, de que recibió amenazas de incendio de parte de los líderes de esta toma ilegal.
El problema es que si los dirigentes cumplen con su promesa, al tratarse de una estación con 70.000 barriles de crudo, puede ocasionar una catástrofe.
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La protesta se inició el 4 de octubre y es promovida por la Federación Nativa Awajún Río Apaga (Fenara) y los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), que demandan servicios básicos.
Paro Amazónico
Además de estos tres conflictos mencionados, la Defensoría detalla que hay cuatro más que, por ahora, son los más delicados en el país. La mayoría es en Loreto, debido al paro amazónico, donde hay movilizaciones contra el Lote 95, de PetroTal, y en el Lote 8, de Pluspetrol. Los manifestantes piden una indemnización debido a la contaminación ambiental.
En Loreto también hay una huelga en Barranca porque hay retrasos en la creación de una UGEL intercultural.
Y en Lima, en el distrito de Oyón, la comunidad campesina de Quichas mantiene bloqueado el pase de vehículos que prestan servicios a la empresa minera Raura. Los dirigentes demandan un pago por el uso de su territorio.
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La violencia no es la vía
Respecto a los conflictos sociales mencionados, la Confiep rechazó los actos de hostilidad que se han producido. “Lamentamos profundamente que frente a estos actos vandálicos no exista una condena explícita ni una reacción oportuna por parte del Gobierno”, sostuvo en un comunicado.
Lo mismo hizo la Sociedad Nacional de Industrias. “La SIN rechaza la ola de violencia que se ha presentado en Áncash, Ayacucho y en otras regiones del país en contra de la actividad minera, lo que ha puesto en gran riesgo a miles de trabajadores y ciudadanos”, lamentaron en un oficio.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, en tanto, si bien rechazó los actos de violencia, sugirió analizar el contexto y las razones que llevaron a los ciudadanos de regiones al hartazgo.
“No está justificada, pero hay que ver a fondo si las empresas hacen construcción social”, enfatizó.
Conflicto Social, Ayacucho
En Huarmey dan ultimátum a Antamina
El Comité de Lucha de Huarmey inició hace tres días un paro indefinido contra la empresa minera Antamina. Los ciudadanos de este distrito denuncian contaminación ambiental e incumplimientos en pactos firmados por la empresa y que hasta la fecha no han sido cumplidos.
El comité de lucha denuncia que la contaminación perjudica la pesca y agricultura debido a los embarcos de minerales.
Reacciones
Adán Damián Gamarra, comunidad de Aquia
“Este año vence la licencia social con la comunidad de Aquia y con otros pueblos del corredor minero de Antamina, por eso todos los pueblos se están levantando, no es por mero berrinche”.
Víctor Gobitz, CEO de Antamina
“Tenemos 10.000 trabajadores en Antamina. En ese corredor, en esos 300 kilómetros, hay 100.000 personas que están siendo afectadas en su transporte diario. El país sufre las consecuencias”.
