Excongresistas fujimoristas estudian maestrías con financiamiento público dado por la ONPE

Siete miembros del partido Fuerza Popular, entre los que se encontrarían los excongresistas Karina Beteta, Segundo Tapia, y Roy Ventura, habrían sido beneficiados con maestrías en Comunicación y Marketing Político pagadas con fondos públicos provenientes del financiamiento a partidos políticos que es administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por medio de un reportaje de Punto Final, emitido el último domingo 10 de octubre, se supo que la agrupación liderada por Keiko Fujimori firmó un convenio con Global TIC Services Perú, el nombre comercial en el país de la Universidad Internacional de La Rioja, para que siete integrantes de su organización puedan recibir dicho programa académico de posgrado en el que en total se destinó 25.000 euros de fondos públicos.

Asimismo, el partido habría contratado los servicios de El Proveedor para la matrícula de siete vacantes del master en Comunicación y Marketing Político, a valor de S/ 14.000 por cada vacante de la maestría virtual. Otro beneficiado con esta maestría sería Luis Galarreta, excandidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori, y actual parlamentario andino del fujimorismo. Estos financiamientos sería para mejorar la enseñanza en la Escuela Naranja, abierta en agosto de este año.

FP contrató consultorías de Rospigliosi y Letona

Por otro lado, el reportaje señaló que Fuerza Popular contrató consultorías, también con fondos públicos, por un monto cercano de S/ 300.000 de dos políticos allegados a sus filas, donde se habrían beneficiado el exministro del Interior y excandidato al Congreso Fernando Rospigliosi y la exlegisladora de la agrupación, Úrsula Letona.

En efecto, el 15 de setiembre del 2020, con el concepto de “Investigación sobre la inseguridad en el Perú, situación actual, problemática y propuesta”, el partido de Keiko Fujimori requirió los servicios de FRC Consultores, empresa de Fernando Rospigliosi Capurro por el monto de S/ 180.000, divididos en dos pagos de S/ 138.000 y S/ 42.000 respectivamente.

En el mismo rubro, Letona fue contratada a finales de febrero del 2021 para brindar una asesoría titulada “Investigación sobre servicios públicos de calidad, agua y saneamiento” por un monto total de S/ 119.048. Al igual que en el caso anterior, el pago fue fraccionado en dos partes, dos montos de S/ 59.524 cada uno.

Tuesta sobre uso del financiamiento público: “No hay nada ilegal, pero no fue el propósito inicial”

Con el dinero de todos los peruanos, los partidos políticos Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y el Frente Amplio (FA) habrían utilizado el dinero de financiamiento público, otorgado por la Onpe a las agrupaciones políticas que pasen la valla electoral y posean representación en el Congreso de la República, para pagar favores políticos.

Por su parte, el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta explicó, durante una entrevista en en Grado 5 de Epicentro TV, que los partidos políticos reciben este financiamiento por dos motivos: para su vida ordinaria y para la campaña electoral.

Asimismo, recordó que en el 2003 el Perú dictaminó la primera ley de partidos políticos, donde se incluye esta figura que busca compensar a las agrupaciones de lo altos gastos que realizan durante las campañas electorales y, a su vez, cubrir el desequilibrio entre los partidos que sí podían tener financiamiento privado y los que no.

“Los gobiernos no entregaban el dinero, los partidos no lo exigían porque pensaban que esto iba a generar un rechazo ciudadano. ¿Por qué financiar a los partidos?”, precisó.

Partidos usaron financiamiento público para devolver favores

Los partidos de Fuerza Popular (FP), Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Frente Amplio (FA) han convertido el financiamiento público de organizaciones políticas en un medio para devolver favores, solventar los estudios de sus dirigentes o la difusión de medios que les hagan propaganda política.

En Podemos Perú, partido del congresista José Luna Gálvez, contrataron a la compañía Efecto Consulting por una investigación sobre la informalidad en el país a cambio de S/ 28.500. La empresa le pertenece a uno de sus militantes: Víctor Aguilar Rodríguez, quien se desempeña como secretario de prensa de Podemos y es regidor en Lima.

En Alianza para el Progreso (APP), revelan los reportes de la ONPE, 37 de sus afiliados han facturado entre el 2017 y 2020 un total de S/ 271.390. Es el partido que ha realizado más capacitaciones. Una de las militantes mejores pagadas ha sido Alejandra Loyola Vera, con S/ 89.500. Loyola es personera legal del partido de César Acuña Peralta.

La izquierda tampoco se salva de esto. En el Frente Amplio, de Marco Arana, se destinó S/ 60.000 para la difusión de Tu Causa, un diario que es el vocero de esta organización. Lo irregular es que estos gastos son registrados como actividades de capacitación, cuando en realidad el dinero público está destinado para editar, imprimir y difundir dicho medio escrito.