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Congreso aprobó inhabilitar a Martín Vizcarra

César Romero

Vacuna. Con la inhabilitación del Congreso, el expresidente Martín Vizcarra podría no ocupar la curul que ganó como el congresista más votado de Lima por el partido Somos Perú. Foto: John Reyes/La República
Vacuna. Con la inhabilitación del Congreso, el expresidente Martín Vizcarra podría no ocupar la curul que ganó como el congresista más votado de Lima por el partido Somos Perú. Foto: John Reyes/La República

Sanción política. Decisión parlamentaria le impediría ejercer el cargo de congresista a partir de julio del 2021. Ha presentado dos demandas de amparo y solicitará una medida cautelar.

El Congreso de la República aprobó la inhabilitación del expresidente y congresista electo Martín Vizcarra Cornejo por 10 años, por aplicarse la vacuna de Sinopharm durante el ensayo clínico realizado por la Universidad Cayetano Heredia.

Por el mismo motivo, también fueron inhabilitadas las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Esther Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) para ejercer cargo público. Astete fue inhabilitada por un año con el voto favorable de 82 congresistas. A Mazzetti la inhabilitaron por ocho años, con 83 votos a favor.

En tanto, hubo 86 votos a favor de la inhabilitación de Vizcarra por infracción constitucional. Esta decisión impide que Vizcarra ocupe una curul en el Congreso a instalarse en julio próximo.

Martín Vizcarra es el candidato más votado en Lima y a nivel nacional, como candidato del partido político Somos Perú. Pero la sanción política que recibe del Congreso le impide ocupar ese cargo.

Decisión política

Más que la aplicación de la vacuna de Sinopharm, de acuerdo con el debate parlamentario, a Vizcarra, Mazzetti y Astete se les atribuye todos los males generados en el país por la pandemia del Covid-19, falta de atención médica, hospitales, médicos, pruebas de laboratorio, oxígeno y vacunas.

Reclamo. Esther Astete también recurriría al Poder Judicial. Foto: Congreso

Además, diversos congresistas aprovecharon para justificar con esta sanción la vacancia de Vizcarra como presidente de la República, en noviembre del 2020. La aplicación de la vacuna experimental aparentemente solo fue la justificación legal.

Martín Vizcarra no se presentó a la última sesión del Congreso. Previamente había pedido la postergación del debate, pues su abogado debía participar en la misma hora y fecha en una diligencia previamente programada por la Fiscalía.

Su pedido fue rechazado bajo el argumento de que ya antes había pedido una postergación. El abogado Fernando Ugaz señaló que eso no era cierto e indicó que el único pedido que hicieron era para que se respetaran los plazos del debate.

La exministra Mazzetti tampoco contó con la participación de su abogado defensor. La exministra de Salud señaló que la pandemia del Covid-19 puso en evidencia la crisis del sistema sanitario en el país, pues nunca estuvimos preparados para una pandemia.

Señaló que no había suficientes camas UCI y ni siquiera personal médico, además perdieron al 30% del personal. Anotó que ella personalmente y el Gobierno hicieron todo lo humanamente posible para suplir las deficiencias.

Acude al Poder Judicial

El expresidente y congresista más votado, Martín Vizcarra, ha presentado dos acciones de amparo, en la Corte Superior de Lima, denunciando afectaciones al debido proceso y derecho de defensa.

Además, indica que se trató de un proceso “exprés” por motivos políticos, antes que por alguna infracción a la Constitución, lo que se hizo evidente en el debate. De la aplicación de la vacuna se habló muy poco.

Adicionalmente, en las próximas horas presentaría una medida cautelar para evitar la aplicación inmediata de la sanción. En el debate, hubo muchas referencias a la falta de atención médica y a la vacancia presidencial de noviembre, que promovió el congresista de Acción Popular Manuel Merino de Lama.

Una vacancia que generó multitudinarias manifestaciones de rechazo y la muerte de los jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, durante la violenta represión policial.

Las fallas en el procedimiento y la manipulación de los hechos permitirían a Vizcarra obtener una sentencia favorable en el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, la nulidad de la inhabilitación y su incorporación posterior al Congreso de la República.

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