Dirincri: reos murieron por impacto de perdigones de metal

Doris Aguirre

Hacinamiento y horror. La División de Homicidios de la Dirincri inició la investigación de la muerte de 9 reclusos, para establecer las responsabilidades. (Foto: AFP)
Hacinamiento y horror. La División de Homicidios de la Dirincri inició la investigación de la muerte de 9 reclusos, para establecer las responsabilidades. (Foto: AFP)

Las circunstancias. De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), supuestamente las víctimas se encontraban en una zona prohibida, cerca de la puerta del penal Miguel Castro Castro, lo que representaba un peligro de fuga masiva.

Los 9 internos del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, que resultaron muertos durante la protesta por la falta de atención para evitar la propagación del nuevo coronavirus, recibieron impactos de perdigones de metal en diferentes partes del cuerpo, de acuerdo con fuentes de La República en la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuyos agentes intervinieron para controlar la manifestación de los presidiarios.

Por su parte, fuentes de este diario en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público confirmaron que los cadáveres de los reclusos presentan heridas de perdigones de metal, particularmente en el tórax, abdomen y la cabeza. También tenían en común politraumatismo.

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Los fallecidos fueron identificados como Elías Lazo Huaylinos, Henry Silva Ramírez, Cirilo Coronado Ortiz, Héctor Palomino Alfaro, Juan Camacho Bezada, Álex Villegas Villena, Jorge Tirado Traver, Jaime Tasayco Canela y Efraín Ticlla Huachaca. Pertenecían a los pabellones 4-B, 4-A y 5-B, en los que se encuentran recluidos los acusados por delitos comunes.

Por orden de la titular de la Tercera Fiscalía Penal, Gladys Torres, agentes de la División de Homicidios de la Dirincri se presentaron en el lugar de los hechos y tras varias horas de coordinaciones con las autoridades del INPE se logró el traslado de los restos de las víctimas a la morgue de Lima para la necropsia de ley.

A las 11 de la noche del día lunes 27 de abril, una llamada telefónica del penal Miguel Castro Castro alertó a los efectivos de la comisaría de Canto Rey, del distrito de San Juan de Lurigancho. Se trataba del reporte del fallecimiento del interno Carlos Garfias Galindo, de 49 años, cuyo cuerpo se encontraba tendido en el pavimento y a pocos metros de la guardia de prevención de dicho establecimiento penal.

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Pánico y muerte

Según el enfermero del área de Salud del penal Miguel Castro Castro, Gustavo Pacheco Garibaldi, el recluso Carlos Garfias dejó de existir al parecer atacado por el nuevo coronavirus. Relató que la víctima presentaba síntomas como fiebre y falta de respiración.

Al confirmarse el primer deceso de un interno a causa del nuevo coronavirus, los enardecidos reclusos tomaron los pabellones desde los techos y empezaron a quemar colchones y lanzar objetos contundentes contra el personal del INPE, quienes, armados de escopetas abastecidas de perdigones de metal, dispararon contra los revoltosos, con el objetivo de controlar el amotinamiento.

Pero no consiguieron su objetivo. Los presos demandaban acciones de las autoridades penitenciarias para impedir que se desatara un brote del nuevo coronavirus en el penal Miguel Castro Castro.

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Ante la incontrolable revuelta y la amenaza de una posible fuga masiva, un contingente de 200 efectivos de la Policía Nacional arribó al presidio el martes 28, a las 7 de la mañana. Después de varias horas de enfrentamiento, periodo en el que los agentes penitenciarios hicieron uso de sus escopetas de perdigones, se restableció el orden en la población penal.

Los testimonios de algunos internos del presidio Miguel Castro Castro que se contactaron con este diario indicaron que el cadáver Carlos Garfias estuvo expuesto por más de 10 horas ante la indiferencia de las autoridades del INPE. Esta fue una de las razones que encendieron la protesta de los reclusos.

Los testigos también informaron que comunicaron a las autoridades del penal sobre varios reclusos con evidentes síntomas del nuevo coronavirus, para que los trasladaran al tópico y recibieran la atención adecuada, pero que nunca fueron escuchados.

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Armados con pancartas exhibidas en los techos y ventanas de sus pabellones, los internos exigían sus demandas de libertad ante el temor de contraer el mortal virus.

Como parte del procedimiento de investigación, los agentes de la División de Homicidios de la Dirincri notificarán al personal del Instituto Nacional Penitenciario y de la Policía Nacional que intervino en el operativo para controlar el amotinamiento en el penal Miguel Castro Castro.

La indagación tiene como propósito identificar a los presuntos autores de los disparos que causaron la muerte de los internos del penal.

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Fuentes allegadas a la investigación informaron que los disparos se efectuaron a corta distancia, por lo que los fragmentos de metal se incrustaron en el cuerpo de los nueve internos en partes sensibles, lo que les originó la muerte. A diferencia de los agentes penitenciarios, los efectivos de la Policía Nacional usan escopetas con perdigones de goma.

INPE justifica disparos en el penal

La División de Homicidios de la Dirincri ha requerido al Instituto Nacional Penitenciario la relación de agentes que fueron parte del sofocamiento del motín, así como del armamento que fue usado en dicha ocasión.

Según una de las primeras versiones del INPE sobre las circunstancias de la muerte de los reclusos, estos se encontraban en una zona prohibida, cerca de la puerta de ingreso al penal, por lo que tuvieron que disparar para evitar una fuga masiva, lo que aparentemente era parte de un plan.