Crece rechazo a llamada Ley de Impunidad

Una polémica que ha alcanzado niveles internacionales ha surgido sobre la denominada ley de impunidad policial que exime de responsabilidad penal a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que usen sus armas en defensa personal, en el contexto de la emergencia sanitaria para evitar la propagacion del Covid 19.

En ese marco, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos alertó que la norma promulgada por el Congreso “abre espacios para la impunidad” e hizo un llamado a las autoridades a revisarla para revertir sus efectos.

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Sostiene el organismo supranacional que dicha ley deroga el principio de proporcionalidad al impedir que los agentes policiales actúen de forma excesiva y se les exima de responsabilidad penal.

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La ONU cuestiona que no se pueda ejercer prisión preventiva para policías investigados por delitos. Si bien algunas bancadas como el Frente Amplio (FA), Unión por el Perú (UPP) y el Partido Morado (PM) han presentado iniciativas legislativas contra la también denominada “ley del gatillo fácil”, estas no son debatidas debido a que se están priorizando las medidas referidas a la pandemia.

Según el proyecto de ley del FA ya existe una norma referida a la protección policial. El artículo 20 del Código Penal establece que los miembros de la PNP y de las FFAA, de acuerdo a su reglamento, están exentas de responsabilidad.

Al respecto, la congresista Mirtha Vásquez sostuvo que no tiene sentido que exista una ley con contenido repetido. Por otro lado, afirmó que los jueces estarían impedidos de dictar prisión preventiva contra las fuerzas del orden que cometen abusos en su función, lo que significa atentar contra la independencia judicial. De acuerdo al proyecto de ley de UPP, la ley 31012 debe ser derogada.

Para su vocero José Vega se tiene que evitar que sea usada en el futuro para reprimir una manifestación pública legítima. En tanto, el Partido Morado busca modificar el Art. 20 del Decreto Legislativo (DL) 635 e incorporar el artículo 4-A al DL 1186 para que los policías usen medidas disuasivas no violentas antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego.

Rechazo

Inconstitucional. Hace unos días, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Comisión Interamericana de Derechos coincidieron en que la Ley 31012 es inconstitucional. El IDL exigió su derogación inmediata.