Salud pública, dignidad democrática

Ojalá esta terrible crisis social generada por la pandemia del coronavirus nos haga reflexionar sobre la urgencia y prioridad que debiera tener la salud pública en el país, entendiendo por tal aquella que básicamente proviene del Estado y brinda servicios gratuitos a las mayorías populares.

Cerca de 70 millones de actos médicos se producen al año en el país (cirugías, recetas, consultas, emergencia, etc.), de los cuales 50 millones son estatales (EsSalud y Minsa). Es decir, alrededor de ciento cincuenta mil contactos médicos diarios acontecen en el sector público.

Sin lugar a dudas, la mayoría de esos contactos, más allá de la voluntad particular de miles de profesionales de la salud sacrificados, con bajos sueldos, y pobre logística, representan una situación de maltrato e indignidad para los pacientes. Sea porque no les dan cita, porque si se las dan es con negligente tardanza, porque cuando los atienden no les prestan atención debida, porque no hay los medicamentos que requieren o porque no hay cómo curarlos, lo que allí ocurre es un cortocircuito cívico terrible, corrosivo, que horada los lazos sociales básicos de convivencia.

Millones de peruanos son tratados en términos de salud pública, como ilegales dentro de su propio país, como hijos ilegítimos de un Estado que no es capaz de asegurarles una existencia sana básica. Y todo ello ocurre en medio de una vorágine empresarial privada que hace lobby suficiente para impedir que ese sistema de salud pública funcione.

No encuentro otra explicación a que el sector salud sea la cenicienta presupuestal que es. Porque acá se ha reformado el sector educativo (inicial y universitario), ahora se acomete las reformas política y judicial (en este caso por enésima vez), se habla de la reforma burocrática del Estado y se avanza allí también, pero en términos de salud pública seguimos funcionando como hace cincuenta años sin que ningún gobierno o ministro de Salud se atreva a pensar en una reforma radical del sistema.

Ello empieza por darle prioridad presupuestal al sector. Si nos comparamos con otros países apreciaremos la ignominia. Chile casi triplica el gasto público per cápita en salud que nosotros hacemos. Y aun así vemos cómo gran parte de la violenta protesta social que ha asolado al país del sur se ha debido a la enorme insatisfacción de la ciudadanía con su provisión de salud pública.

Es obligación de un Estado moderno brindar equitativa y suficiente salud pública a sus ciudadanos. Sin ella, sin educación pública, justicia y seguridad equitativas, seguiremos siendo un Estado fallido, precario, dado a la convulsión, al despiste, a la disrupción electoral.

No se trata de descubrir la pólvora. Hay suficiente experiencia internacional para proceder a una reforma radical del sistema de salud pública. Basta disponer las partidas para contratar a estos expertos, mediante una transparente licitación pública, disponer fondos, aprender de algunas decisiones buenas.

Lo que debe entenderse es que la salud pública no solo es un derecho humano sino también una premisa de la buena gobernabilidad democrática. Es hora de que la ciudadanía y los electores lo entiendan y exijan que la clase política responda a ello.

-La del estribo: reconocimiento y agradecimiento especial a muchos profesionales de la salud. Nombro a dos que los representan: los doctores Elmer Huerta y Eduardo Gotuzzo, que con sapiencia, enorme paciencia y capacidad de comunicación vienen cumpliendo un rol de tranquilidad pública que hay que aquilatar en su enorme y justa dimensión.