Balances partidarios

Al consolidarse la disolución del Congreso, y extinguirse los actos de resistencia de la exmayoría fujiaprista, se impone en los partidos autores de la obstrucción parlamentaria o cómplices de ella el balance de su actuación en los últimos tres años como condición previa a las elecciones del 26 de enero.

En Alianza para el Progreso (APP) se ha desatado la crisis, cuyo saldo es por ahora la expulsión de la exvicepresidenta de la República Marisol Espinoza por su complicidad en la ilegal suspensión de su cargo del presidente Vizcarra y la presentación de una demanda de amparo contra la disolución del Parlamento. El caso Espinoza –con graves indicios de asociación con un grupo criminal del norte del país– no es el único. Gran parte de la bancada, con el hijo de César Acuña a la cabeza y el activismo extremista del expresidente del Congreso Luis Iberico, fue socia del fujiaprismo en la tarea de obstrucción, un asunto que no se resuelve con algunas expulsiones y renuncias.

El Apra lleva una procesión pública. La alianza con el fujimorismo es recusada por las bases, al mismo tiempo que su desacreditada bancada congresal. En este caso, la elección de enero coincide con la renovación de cargos dirigenciales luego de tres años de divisiones internas, aunque la estrategia de la cúpula aprista es clara: participar en las elecciones para no dejar “los espacios en blanco”, evadir la autocrítica por su hermandad con el fujimorismo y seguir protegiendo a sus militantes acusados de corrupción.

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Acción Popular también participará en las elecciones; las críticas a la disolución del Parlamento, por parte de su excandidato presidencial y la mayoría de sus exlegisladores, son cuestionadas por sus militantes y dirigentes, de modo que la autocrítica partidaria se ha iniciado. El comité político del partido ha acordado que para el 26 de enero solo postulen militantes y no invitados, y ha resuelto dejar de lado los discursos altisonantes.

Finalmente, en Fuerza Popular casi todo es incertidumbre; lo único seguro es que la decisión que adopten jubilará a gran parte de la cúpula que los ha llevado al desastre. De primera intención, la mayoría de exlegisladores se ha acordado que no son militantes sino invitados, mientras que varios ensayan movimientos fuera del barco. Otros están ocupados transfiriendo sus propiedades a terceros para evadir a la justicia.

Así se inician los aprestos electorales de los partidos del disuelto Congreso. Los grupos que trabaron la gobernabilidad deberán rendir cuentas a los electores.