Volteando la página

Fue brevísima la incertidumbre y la situación se normalizó rápido. Varias señales indican que es un dato consumado la legalidad y la legitimidad de la decisión de disolver constitucionalmente al Congreso y convocar a elecciones para elegir a otro que complete su período constitucional. Destacan tres asuntos.

Primero, no se ha planteado una tesis jurídico-política sólida como para sustentar un cuestionamiento en serio –nacional o internacional– a lo ocurrido. Fuera la que fuera, por ejemplo, podrá ser muy respetable la opinión de una institución del Consejo de Europa –la Comisión de Venecia– pero de ninguna forma sería vinculante.

El único espacio de cuestionamiento procesal formal podría ser la contienda competencial con el Ejecutivo ante el TC. Pero no la puede plantear la Comisión Permanente, pues la ley exige la previa aprobación por el pleno, que ya no existe. Está por verse si el Defensor del Pueblo, exigido por tantos retos de fondo en el país, daría ese paso.

En cualquier caso, ocurriría que antes que cualquier conflicto competencial el mismo TC tendría que haber decidido si es válida la atropellada elección el 30 de setiembre de un miembro del tribunal. “Atropellada” porque se dio después de la presentación de la cuestión de confianza y porque la votación fue materia de una impugnación que nunca se resolvió.

Segundo, la legitimidad internacional de lo ocurrido considerando la disolución del Congreso como “asunto interno”. Desde la Unión Europea y los países vecinos hasta la OEA o la ONU, a nadie se le ocurre decir que hay pendiente un “tema” de incumbencia internacional. Obviamente que lo habría si en el Perú se hubiera producido un golpe de Estado.

Tercero, lo ridículo de acusar de “chavista” al gobierno. Nada en la política interna permite sostener esa acusación y mucho menos la gestión internacional que viene de conseguir en la ONU, a través del “Grupo de Lima”: una contundente resolución, sin precedentes, sobre Venezuela en su órgano más importante en la materia, el Consejo de Derechos Humanos.

La página, pues, está siendo ya volteada. Y se ponen en agenda algunos asuntos fundamentales. Entre ellos algo crucial: el proceso electoral para elegir a un nuevo Congreso en enero, “para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”. En torno a ello, seguramente, empezará a girar pronto la dinámica política nacional. Ojalá sea esta la hora de la juventud.

Sería un punto de inflexión, asimismo, que el electorado pueda depurar ya de los 24 partidos inscritos a aquellos que no obtengan el 5% de los votos válidos. El JNE tendría bases sólidas si decidiera aplicar en esta elección la Ley 30995 dictada en agosto. Con ello, se depuraría la inmensa lista de partidos existente y las elecciones del 2021 presentarían un abanico más razonable de agrupaciones.

En otro asunto el JNE podría interpretar restrictivamente la norma dictada que impide la reelección de congresistas “en el mismo cargo” (Ley 30906) aplicándola a quienes fueron elegidos –el 2016– para un período regular y ordinario y no a quienes lo fueron solo para completar el período constitucional.