Sin dar pie con bola

Todo indica que el proyecto de Tía María no va. Malo por la magnitud de la inversión prevista y el impacto económico que una minería responsable podría haber tenido en la economía regional arequipeña y la del país. Lo más serio, sin embargo, es que el pésimo manejo de este caso, punta del iceberg de un problema muy profundo: la abdicación de las responsabilidades del Estado. Podría mencionar varios asuntos, pero me limito a dos.

Uno, un Estado ausente que dejó que la empresa se hiciera cargo sola del proceso de discusión social y del debate del Estudio de Impacto Ambiental; se asumió que ese asunto, de obvio interés público, era “privado”. Dos, la torpeza inaudita de dejar la “licencia social” para después de la de construcción. El Estado tendría que haber liderado desde el inicio todo el proceso. Y llegar con la “licencia social” a la de construcción.

Más allá del caso, saltan problemas profundos irresueltos en la gestión del Estado ante la inversión minera. Particularmente en lo medular: la ausencia de políticas e instituciones públicas de prevención y gestión de la conflictividad social. Ya me referí a eso en esta misma página (“Pilatos y Las Bambas”, LR 11/4/19) llamando la atención sobre la falta de política estatal desde que empezó el gobierno de PPK hace tres años. En esto no se ha avanzado; se ha retrocedido.

Tan grave y patético, que cuando se produce una tensión o conflicto por una inversión minera, todas las piezas gubernamentales parecen desconcertadas y sorprendidas. Nadie ata “pie con bola”; como si nevara en Lima… Y acaban actuando, a la desesperada, con improvisación y sin definición clara de responsabilidades. Así, el ministro del MEM se hace humo en los conflictos sectoriales, y la ministra del MIDIS, cualquier otro ministro y hasta el propio presidente de la república acaban siendo los protagonistas.

Para que todo se maneje de otra manera, hay que tener claras tres cosas. Primero, que la conflictividad social es parte inevitable del paisaje. No va a extinguirse. En lugar de querer seguir tapando el sol con un dedo, lo que hay que hacer es prevenirla y procesarla. Así como hay policías, jueces o autoridades municipales, ya es hora que el Estado cuente con una institucionalidad seria para esto.

Segundo, la realidad muestra que cuando se actúa con previsión, proyectos ambiciosos –y hasta “imposibles”- se hacen viables, la gran mayoría de la población concernida participa y los radicales/rupturistas acaban aislados. Ha sido el caso, por ejemplo, de Toromocho (Junín): procesos de diálogo sostenido hicieron factible que más de 2,000 familias aceptaran mudarse de hábitat.

Tercero: solo con una política pública seria se puede prevenir y enfrentar –política y socialmente- a sectores extremistas que se oponen y opondrán a rajatabla a cualquier proyecto minero importante. Con una población bien informada y participante de una política pública adecuada, los radicales se quedarían como pez fuera del agua y la gente haría respetar sus derechos. Es hora de darle fin a la política del avestruz.