El nuevo parlamentarismo (II)
Es más, en los últimos periodos fueron parlamentos altamente fragmentados los que desgastaron a los gobiernos con acciones que no necesariamente corresponden al control político.
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La Constitución de 1979 redimió de modo muy relativo la desventaja del presidente ante el Congreso, labrada en más de un siglo. Se le permitió vetar a las leyes, disolver la Cámara de Diputados, celebrar de un grupo de convenios internacionales sin la aprobación parlamentaria, y mandar personalmente a las FFAA. Es cierto que suprimió la iniciativa de gasto de los congresistas, pero incluyó el voto de confianza al gabinete.
Luego, la Constitución de 1993 impactó ese desequilibrio, al establecer la reelección inmediata, anulada luego de la caída de Fujimori, y suprimiendo el bicameralismo, preparó el terreno para una relación más tensa entre los poderes, rebajando de 3 a 2 el número de gabinetes censurados o sin confianza como condición para la disolución del Congreso.
La tradición peruana de gobiernos que no pueden construir mayorías políticas (Bustamante 1945; Belaunde 1963; y Fujimori 1990) fue acentuada desde el año 2000 con la liquidación de lo más parecido que hemos tenido a un sistema de partidos, con el resultado de presidencias precarias. En todos los casos, fueron debilidades de origen, expresadas en cada vez más bajas votaciones en la primera vuelta electoral (Toledo 36%; García 24%; Humala 31%; y PPK 21%). Incluso, los que consiguieron mayorías numéricas en el Congreso no evitaron el desgaste reflejado en una alta rotación de gabinetes y ministros.
Los ciclos de tensión política entre el Ejecutivo y Legislativo ya tienen rutas aprendidas. Por ejemplo, la mayoría de ministros en los últimos 19 años, incluso de gobiernos con mayoría parlamentaria, objeto de duro cuestionamiento del Congreso, han terminado fuera del cargo por el desgaste, en tanto que los ciclos de tensión prolongada entre los poderes afecta severamente al Ejecutivo en su capacidad operativa, incluso cuando, como sucede con la actual tensión, el gobierno es respaldado por la sociedad.
Las medidas que se pensaban irían a promover gobiernos mayoritarios, como las dos vueltas electorales no han logrado sus objetivos. Al mismo tiempo, la presunción de que los parlamentos fragmentados son débiles frente a los gobiernos, no fue convalidada por la práctica. Es más, en los últimos periodos fueron parlamentos altamente fragmentados los que desgastaron a los gobiernos con acciones que no necesariamente corresponden al control político. Es el caso, por ejemplo, de los votos de color ámbar ante los pedidos de confianza de los gabinetes Cornejo y Jara (2014), que dejaron en el aire el gobierno durante varios días, en base a una interpretación caprichosa suministrada por la Comisión de Constitución, para otro caso.
De ese modo, nuestro presidencialismo, atenuado por incrustaciones parlamentaristas, se ha debilitado aún más tanto por la pérdida de capital político histórico de la presidencia y por el aumento de la hostilidad de congresos en posición de batalla. La presidencia peruana está en crisis y, en ese punto, algunas de las propuestas planteadas por la Comisión Tuesta tienen el propósito de resolver esta crisis en el contexto de otra enorme, la del sistema político. Ese es el segundo sentido de la reforma política.
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