Fiscal acusa a marinos de violaciones a DDHH cometidos en Huanta

La República
26 Abr 2019 | 21:00 h

En 1984. Se ratificó en que militares son autores directos de la desaparición del periodista Jaime Ayala y decenas de personas. Sala Penal convocará a nueva audiencia para evaluar la acusación.

Después de casi 35 años de la desaparición del corresponsal de La República en Huanta, Jaime Ayala Sulca, y violaciones a derechos humanos cometidas contra medio centenar de personas, podría iniciarse el juicio oral contra efectivos de la Marina.

Esto porque la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional respondió a las observaciones de la Sala Penal Nacional y se reafirmó en sindicar a los jefes militares como autores directos del delito de desaparición forzada y autores mediatos por el homicidio de los evangélicos de Callqui y comuneros de Culluchaca.

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Ante ello, el tribunal que lleva casos de violaciones a derechos humanos, presidido por la jueza Miluska Cano, notificó que señalará una fecha para un nuevo control de la acusación.

La esposa de Ayala, Rosa Pallqui, espera que no haya más dilación. Motivos para dudar no le faltan pues lleva décadas demandando justicia junto a familiares de otras víctimas.

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Larga investigación

El caso se reabrió en 2003, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó al Ministerio Público una carpeta con toda su indagación solicitando se investigue las violaciones de derechos humanos cometidas en Huanta en 1984.

Una de las víctimas es el corresponsal de este diario, quien ingresó al cuartel de la Marina, ubicado en el estadio de Huanta, el 2 de agosto de 1984, de donde nunca más salió. Tenía 22 años y un hijo de 4 meses.

Tras 15 años de innumerables diligencias, idas y venidas, en marzo del año pasado la Sala Penal Nacional realizó una audiencia de control de acusación fiscal, pero tuvo que repetirla seis meses después al haberse cambiado a uno de los tres jueces del colegiado.

Y recién a mediados de enero último notificaron la resolución devolviendo la acusación a la Fiscalía, a donde llegó a inicios de marzo.

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Aclaró observaciones

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que lleva el caso, Juan José Quispe, indicó que el fiscal ha respondido todas las observaciones que le hizo la Sala, entre ellas la tipificación del delito, el grado de participación de los inculpados, aclaró los hechos materia de prueba en el aparato de poder y la participación de cada uno de los acusados en la cadena de mando.

Cabe precisar que entre los inculpados están los oficiales de la Marina (ahora en retiro) Augusto Gabilondo García del Barco, quien fue jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta, así como Alberto Rivero Valdeavellano, que en 1984 era el jefe político militar de Huanta y La Mar.

El abogado de IDL cuestionó que el fallo que devolvió la acusación fiscal, cuyo ponente fue la magistrada Cano, acoge la mayoría de las observaciones de César Nakazaki, abogado de Gabilondo García del Barco.

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Tanto así que cita un artículo suyo sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la matanza de Barrios Altos, como sustento de la resolución. Esto pese a que hay muchos otros autores sobre el tema.

Quispe solicitó que la Sala convoque con celeridad a la nueva audiencia de control de acusación, tras lo cual fije fecha y hora para el inicio del juicio oral.