En asamblea que se prolongó por cuatro días cuestionaron que el gobierno no quiera cumplir acuerdos firmados y que condicione la solución de sus problemas a la aceptación de actividades extractivas.,Nativos de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), conformada por diecinueve comunidades, se reunieron en asamblea general los días 8, 9, 10 y 11 de julio en la comunidad de Nuevo Porvenir, provincia loretana de Datem del Marañón, para evaluar la conducta del gobierno en la solución de sus problemas. PUEDES VER: Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplirán prisión preventiva por 18 meses Acusaron al Ejecutivo de tener mala fe y utilizar artimañas para no cumplir con las reuniones pendientes y los compromisos asumidos con las comunidades y federaciones de las cuatro cuencas: Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. En un pronunciamiento que hace alusión a la defensa del territorio, la construcción de su propio desarrollo y la búsqueda de un buen vivir, los comuneros también afirman que se les ha ocultado información respecto a la publicación de una norma que habilita el Estudio Técnico Independiente. Asimismo expresan su preocupación por la pretensión del Ejecutivo de cerrar el diálogo de alto nivel y la comisión multisectorial, sin cumplir la totalidad de sus compromisos. A esto agregan que se condicione la voluntad política para resolver sus problemas a que acepten la actividad extractiva. Y sobre el proceso de consulta previa del Lote 192 indican que tanto Petroperú como el Ministerio de Energía y Minas se resisten a cumplir este derecho indígena utilizando infinidad de excusas. Los pueblos del Pastaza se reafirman en que harán valer sus derechos ancestrales. Recuerdan que cuando no estaban las empresas petroleras, hace 45 años, vivían bien. De ahí que exigen diálogo de alto nivel para que El Estado se cumpla todos los compromisos asumidos en el acta de Lima, de marzo del 2015. En el de Teniente López, de setiembre del 2015, y en el de José Olaya, en noviembre del 2015. Demandan el cumplimiento del derecho a la consulta previa del Lote 192 y que el proceso de negociación directa del nuevo contrato que actualmente se realiza sea transparente. También la aprobación de un plan de abandono del Lote 1AB en el que Pluspetrol asuma todas sus responsabilidades ambientales establecidas en su contrato. Al respecto, indican la existencia de un riesgo en la salud de la población en razón a que las cochas están contaminadas y temen que en adelante no tengan cómo alimentarse. Si el Estado continúa sin atender sus reclamos, anotan que lo “curarán” bajo los criterios de sus formas tradicionales. Y que mientras esto suceda estarán a la espera de respuestas concretas a sus exigencias. Anotan que el plazo que le otorgan se cumplirá el 30 de julio. “De no recibir respuestas nos obligarán a sacar nuevamente nuestras lanzas”, advierten.
