
Unos días después de la movilización que aceleró la caída de Juan José Santiváñez, el exministro del Interior favorito del régimen, Dina Boluarte realizó la convocatoria a las elecciones generales del 2026. Lo hizo unas semanas antes del plazo máximo permitido, en un intento por mover la agenda de discusión pública hacia otro tema que no fuera su fracaso en la lucha contra la criminalidad y las implicancias de la multitudinaria protesta del viernes 21 de marzo en Lima. Sin embargo, el inicio de un ambiente de campaña electoral no necesariamente augura tranquilidad para Boluarte.
La coalición oficialista, que se ha dedicado desde el Congreso a sostener y defender a Boluarte por acción y omisión, intentará distanciarse discursivamente y hasta deslindar de ella de forma sistemática, incluso convirtiendo este punto en una de sus principales banderas de campaña. Boluarte es un personaje tremendamente impopular en cualquier zona del país y es claro que resulta un lastre electoral.
A estas alturas resulta patético que la ultraderecha fujimorista y sus satélites pretendan culpar al electorado de Pedro Castillo por el desgobierno de Boluarte, cuando fueron justamente los pueblos del sur quienes se movilizaron tempranamente para exigir la salida del Ejecutivo y del Congreso. Lo que no pueden borrar es el pacto de impunidad con el que protegieron a la responsable de los más de 50 asesinados en las protestas del 2022 y 2023. Tampoco Perú Libre y otros grupos similares, que culpan de todos los males del país a “los caviares”, tienen como justificar su participación en la Coalición mafiosa, ahora que la propia Dina grita exasperada que sus investigaciones por corrupción son parte de una “conspiración caviar”.
Lo que no se puede borrar con ningún discurso, medios comprados o granjas de trolls es la realidad en la que se encuentra el Perú bajo el gobierno de más de dos años de la coalición mafiosa: el crimen y la corrupción están fuera de control amenazando permanentemente la vida de los peruanos. Keiko, Acuña, López Aliaga, Cerrón y otros personajes que se pusieron de acuerdo para tener a Dina como títere, y de paso repartirse instituciones fundamentales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, no pueden lavarse ahora las manos. No lo permitamos.

El ingreso forzado de Patricia Benavides al Ministerio Público agita alarmas sobre un posible pacto mafioso que busca controlar esta institución clave en el país.

Congresistas del fujimorismo defienden una modificación que permite vulnerar el principio de neutralidad electoral, justificando el uso de recursos públicos para campañas.

No ha sido fácil, porque a pesar de la crueldad que padecieron miles de personas de forma directa y el país en su conjunto, la apuesta de la clase política ha sido por la impunidad y el negacionismo