El retorno del fuero militar

Dina Boluarte anuncia norma que hará que policías y militares no respondan por uso de la fuerza durante protestas y estado de emergencia.

El Consejo de Estado, que no constituye ninguna instancia institucionalizada ni constitucional, se reunió ayer y adoptó algunos acuerdos que fueron comunicados por la presidenta Boluarte. Se  trata de un paquete de medidas que se elevarán al Congreso para su debate y aprobación, pero que en resumidas cuentas busca establecer un marco legal nuevo que determine la actuación de militares y policías durante protestas y estado de emergencia. Para los casos en los que se haya hecho uso de la fuerza en el cumplimiento de sus deberes funcionales, policías y militares tendrán  exclusivamente que responder ante el fuero militar.

Ha sido en el marco del Consejo de Estado, al que asisten el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, entre otros, en el que se ha discutido esta controversial medida, junto con otras destinadas al control de extranjeros o de profesores pertenecientes al Movadef, y que ahora deberá convertirse en un proyecto de ley que para su aprobación necesitará el aval de la mayoría del Parlamento.

Volvemos así, con esta iniciativa gubernamental, otra vez a los 90. Militares y policías están buscando garantizar su impunidad y, para ello, la coalición gobernante recurre a estos mecanismos que desprotegen a la población de abusos y excesos. Ha sido una constante de Dina Boluarte a lo largo de estos dos años en el poder. Lo fue después de las muertes de los 49 ciudadanos peruanos desarmados y asesinados bajo un mismo modus operandi de militares y policías durante las protestas sociales del 2022 y 2023. En ese momento se propuso el fuero militar para ese juzgamiento. Hace pocos meses, y cuando su situación jurídica nacional e internacional se ha ido agravando, sus voceros han retornado a plantearla. Para nadie es un secreto que al pacto corrupto le preocupa el futuro próximo en el que tendrá que responder por crímenes y por un sinfín de ilegalidades. Por el momento, prefiere apertrecharse y garantizar el respaldo de sus socios mientras blinda a quienes tendrán que protegerlos de las inevitables protestas ciudadanas.