Venezuela: del fraude a la transición democrática, por Manuel Rodríguez Cuadros

*Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores

A finales de junio, estuve en Caracas. Participé en una reunión de análisis y prospectivas del proceso electoral que se avecinaba. Asistieron investigadores y cientistas políticos dirigentes de la oposición democrática, empresarios, diplomáticos. Al final de un intercambio de ideas y posiciones, amplio y exigente en el análisis de la coyuntura electoral, eran evidentes coincidencias básicas.

La percepción compartida de que el gobierno de Maduro había perdido la hegemonía política y social. ¿Las causas? Diversas y complejas. Las más gravitantes: el tránsito del hastío a la no aceptación –por parte de la mayoría de la población– del ejercicio arbitrario y despótico del poder y sus efectos en la vida cotidiana de las familias; el impacto de la profunda crisis económica y social, la hiperinflación y la angustia fiscal, incluida la disminución del presupuesto público para mantener y pagar a las estructuras gubernamentales y sociales de control político de la población; las crecientes críticas y disidencias al interior del Partido Socialista Unificado y estamentos militares, no solo sobre la situación del país sino sobre el ejercicio personalizado y despótico del poder; y, esencialmente, en ese contexto la emergencia de un nuevo liderazgo de la oposición democrática (Machado-González).

Al día de las elecciones, se reconocían dos escenarios posibles respecto del previsible triunfo de Edmundo González. Uno, que aceptase su triunfo. Gracias a una eventual mediación de un sector de las fuerzas armadas –que no ocurrió–; en cuyo caso se tenía que inaugurar, realistamente, un proceso de transición para asegurar la viabilidad democrática del nuevo gobierno. El otro, que se produzca el fraude ”político extremo”. En este caso, la oposición debía denunciar y resistir el fraude, pero siempre sin perder de vista la existencia ya abierta del proceso de transición, por la corrosión del gobierno de Maduro. Siempre habría que negociar.

La asistencia al acto electoral fue masiva. La ciudadanía respondió al llamado de la oposición democrática para votar y vigilar el voto. Sin miedo. Apenas cerrada la última mesa de votación se desencadenó la “batalla de las actas”. Quod non est in actis non est in mundo (lo que no está en las actas no está en el mundo). El Consejo Nacional Electoral “al 80% de escrutadas las actas, en tiempo inverosímil, proclamó la victoria de Maduro por 6 puntos de diferencia. Pero no enseñó las actas y menos las desglosadas por mesa. Hasta ahora se niega a hacerlo. El gobierno no puede presentar un sustento técnico, basado en el propio sistema informático del Consejo Nacional Electoral, que sustente la tesis del fraude. Por ello, Maduro ha apelado al Tribunal Superior de Justicia, para que un fallo de valoración política le dé la razón y lo exima de presentar las actas. La oposición no ha caído en la trampa evidente. Edmundo González no asistió a las audiencias.

El comando de la oposición enfrentó con disciplina y una organización idónea la batalla de las actas. No solo acopió 81% de las actas mesas por mesa, sino que su verificación ha sido realizada técnicamente. El resultado es coherente con el promedio de las encuestas previas más confiables: Edmundo González obtuvo el triunfo con 67,1% de los votos válidos, frente al 30,4% de Nicolás Maduro. Este conteo plantea una situación irreversible. Aun si a Maduro se le adjudicase el 100% de los votos válidos del 19% de los colegios electorales restantes, el triunfo de González sería sólido, por una amplia mayoría.

En ese contexto, la mejor manera de comprender la importancia y trascendencia de la intervención internacional de los gobiernos de Brasil, México, Colombia y los Estados Unidos, es precisamente, el explicarla a partir de los dos factores que están determinando la evolución de los hechos. Por un lado, el hecho que Venezuela ya se encuentra en un periodo de transición, debido a la pérdida de la hegemonía social y política del gobierno de Maduro. Que ahora solo se sustenta en la hegemonía del aparato estatal, especialmente en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y las fuerzas armadas (estas han reiterado su respaldo a Maduro, pero sabemos que las fuerzas armadas sostienen un régimen inviable hasta que lo dejan de sostener). El otro factor de referencia es el resultado de la “batalla de las actas”. Al constatarse que Maduro no podrá exhibir las actas desglosadas mesa por esa y someterlas a verificación internacional, ese hecho será fundamental para probar el fraude y solventar la viabilidad de las negociaciones para la transición democrática.

De allí que el objetivo central sea enfrentar el fraude, impulsando el proceso de transición democrática. Ello explica la insistencia de los países “amigos de la transición democrática venezolana” para que se presentan los resultados electorales desglosados por mesa de votación y se verifiquen de manera imparcial, así como su recordatorio que –conforme a las propias leyes venezolanas– que el órgano encargado del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral, que debe exhibir las actas, y no el Tribunal Supremo de Justicia, al que ha recurrido Maduro para que convalide el fraude sin pruebas técnicas.

La mediación puede o no dar resultado: como todo proceso político-diplomático. Si fracasa, se pasará a una nueva fase del proceso de transición, que aparece ya como no reversible. Si tiene éxito, se habrá resguardado la voluntad soberana del pueblo venezolano y se deberá, también, gestionar una transición democrática que asegure su estabilidad y viabilidad.

Lo importante es que esta comprensión es asumida, con responsabilidad, por la oposición democrática. Particularmente, por Corina Machado y Edmundo González. Sus líderes indiscutidos. González adelantó que respalda la acción de los países mediadores y que una transición democrática es el camino que hay que recorrer. Machado ha sido mucho más explícita. Además de asumir la vía de la transición democrática y el diálogo, ha definido los parámetros básicos de la negociación: 1) se trataría de una negociación entre quienes ganaron las elecciones, la Plataforma Unitaria, y el gobierno que fue derrotado. 2) Que estarían dispuestos a realizar concesiones, así como “garantías,salvoconductos e incentivos a la parte involucrada, en este caso el régimen”. 3) Se trataría de un proceso de transición complejo, delicado, en el cual “vamos a unir a toda la Nación”. Se trata, evidentemente, de una posición negociadora. Pero por su firmeza y transparencia, legítima y a bien orientada.

Maduro, por su parte, ha reiterado sus deseos dictatoriales de verla presa y la descalifica como interlocutora. También una posición negociadora. Pero en este caso ilegítima e ilegal.

Lo que sí parece claro es que la población jugará un papel fundamental en el proceso. Como sujeto activo, con su capacidad de movilización. Concentraciones o manifestaciones pacíficas de cientos de miles, impactaría, como dice Jhon Magdaleno, decisivamente en el proceso. No se debe renunciar a la movilización ciudadana. Y como sujeto pasivo, toda negociación debe pasar por un compromiso del régimen de cesar de inmediato con los encarcelamientos, las torturas, las muertes y toda violación de los derechos humanos de la población.