Urge presupuesto para Educación inclusiva, por Pamela Smith

(*) Directora ejecutiva de Sociedad y Discapacidad.

Las personas con discapacidad se encuentran sobrerrepresentadas entre la población más pobre a nivel mundial (Banco Mundial, 2021). Esa tendencia se confirma en el caso peruano. Un reciente estudio muestra que el 40,0% de la población con discapacidad experimentó pobreza multidimensional y es 14,2 puntos porcentuales más pobre que la población sin discapacidad (Conadis, 2023). Existen diversas razones que explican esta enorme brecha; una de ellas está relacionada con los bajos índices de escolaridad y las reducidas posibilidades de completar los ciclos de la educación básica.

La escuela es el espacio natural de encuentro y formación de cada ciudadano. Desde el paradigma de la Educación Inclusiva, es necesario adoptar medidas positivas para asegurar la participación, el desarrollo de capacidades y una convivencia en condiciones de igualdad entre todos los estudiantes en su diversidad. No obstante, la niñez con discapacidad continúa siendo víctima de la discriminación y la vulneración de su derecho a la educación. Un obstáculo medular está relacionado con la ausencia de apoyos educativos idóneos en la escuela.

Para revertir la problemática en materia de apoyos, el Ministerio de Educación, acertadamente, aprobó en 2021 el D. S. Nº 007-2021-Minedu, que crea un nuevo sistema de servicio de apoyo educativo. En 2022, el Plan Marco de Educación Inclusiva (R. M. Nº 432-2022-Minedu) trazó una ruta para la implementación de este servicio dentro de las escuelas y a nivel de las Unidades de Gestión Local (UGEL). Lamentablemente, este mandato ha permanecido en el papel y, pese a las propias metas trazadas por el sector (para el 2023 el Minedu proyectaba contar con 300 instituciones educativas con servicios de apoyo), a la fecha, no se ha conformado ningún servicio por falta de presupuesto.

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Esta omisión frustra las oportunidades educativas de una población cuya participación en la escuela es una batalla diaria. Los apoyos cumplen un rol crucial en caminar hacia un sistema educativo que incluya efectivamente a todos y todas. Contribuye en evitar la deserción escolar y bien sabemos que, sin educación, las oportunidades de obtener un empleo y participar en sociedad se reducen dramáticamente.

Ahora, en el marco del debate para la Ley de presupuesto general para el 2024, le toca al Congreso exigir que se destine presupuesto para implementar los servicios de apoyo. Es un requisito indispensable para evitar condenar a otra generación de niños y niñas con discapacidad a la pobreza y exclusión. Es un paso más para saldar una deuda histórica con el colectivo de personas con discapacidad en el Perú.