El poderoso encanto de la OCDE , por Ariela Ruiz Caro
“El desafío para ingresar a la OCDE es enorme para un país como el Perú con sus infraestructuras físicas, educativas, de salud pública y de transporte público tan deficientes”.
En su mensaje del 28 de julio la presidenta Dina Boluarte señaló, con grandilocuencia, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aprobado revisar la candidatura del Perú al largo proceso en el que se decidirá si el país reúne las condiciones para ser parte de esa selecta agrupación. La OCDE dice estar integrada por un grupo de países que comparten las mismas ideas. Para ser miembro, un país debe practicar los principios de la economía de mercado y ser una democracia pluralista.
O sea que nada de asambleas constituyentes, ni cambios en la Constitución que toquen con el pétalo de una rosa a las inversiones procedentes de los países de sus socios fundadores.
La OCDE fue creada en 1961 como la contraparte económica de la OTAN y actualmente agrupa a 38 economías. Además de las europeas, Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Corea y Turquía, hay cuatro países latinoamericanos: Chile, Colombia, México (tres de los cuatro socios fundadores de la Alianza del Pacífico) y Costa Rica. En enero del año pasado, siendo presidente Pedro Castillo, la OCDE cursó una invitación de adhesión a tres países latinoamericanos: Argentina, Brasil y Perú.
A partir del 2007 la organización permitió la incorporación de otras naciones de menor desarrollo que mantenían una macroeconomía ordenada y abierta y, aunque no es explícito, que respaldaban los lineamientos que la agrupación defendía en los organismos financieros multilaterales que definen las políticas económicas a favor de sus corporaciones (léase las instituciones del Banco Mundial, el FMI, el BID y la Organización Mundial del Comercio (OMC)).
Son dos los temas más importantes en los que la OCDE se ha proyectado internacionalmente: la creación del Acuerdo Multilateral para Inversiones (AMI), negociado durante los noventa, y la cooperación internacional en cuestiones fiscales y tributarias, en las que fomenta el diálogo con más de 80 países no miembros de la Organización.
El AMI se estuvo negociando con miras a ser adoptado por la OCDE y la OMC como una suerte de constitución internacional que fijara un tratamiento lo más libre posible para las inversiones extranjeras, pero las negociaciones se suspendieron en 1998 ante las protestas mundiales por su probable instrumentación. Su rechazo dio lugar a que se buscara instalar esos principios regionalmente (Estados Unidos vía el ALCA en el continente americano) y, ante su fracaso, en 2005, a través de los TLC.
El segundo tema busca teóricamente hacer de la tributación un instrumento para el desarrollo y disminuir las desigualdades, pero las definiciones sobre la tributación por parte de las grandes corporaciones multinacionales avanzan muy lentamente en la OCDE, donde tienen gran influencia para retrasar o diluir medidas concretas.
A propósito, sin muchos reflectores, el 27 y 28 de julio tuvo lugar en Colombia la I Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global incluyente, sostenible y equitativa, a nivel de ministerios de Economía. Dieciséis países, incluido el Perú, decidieron constituir la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe. Un paso modesto pero importante para tratar un tema crucial que aborda la evasión y los paraísos fiscales.
El desafío para ingresar a la OCDE es enorme para un país como el Perú con sus infraestructuras físicas, educativas, de salud pública y de transporte público tan deficientes. Nuestra tributación, equivalente al 17,9% de su PBI, no solo es muy baja en comparación a la media de 34,1% que registra la OCDE, sino al 21,7% de la media de los países latinoamericanos.
Basta comparar nuestro nivel de tributación con el de Brasil (33,5%), Argentina (29,1%), Uruguay (26,5%), Costa Rica (24,2%), Bolivia (22,6%) y Chile (22,2%).
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Si bien es importante ser miembro de una entidad que agrupa a los más ricos, la estrategia de inserción internacional, que los Gobiernos deberían determinar con autonomía y, preferentemente, con una postura regional, estaría condicionada por intereses ajenos.
Latitud sur
Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la Cepal, Sela y Aladi. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú (2010-2015) en Argentina.