Los resultados electorales en Guatemala el pasado 25 de junio fueron sorpresivos. Dada la cooptación de casi todo el espacio institucional por parte de una coalición de políticos ultraconservadores, élites económicas, militares y redes de corrupción, parecía inevitable que la derecha ganaría los dos primeros puestos en la primera vuelta y que disputaría la presidencia en la segunda ronda, prevista para el 20 de agosto.
Pero los votantes tuvieron otra idea. Si bien el primer puesto se lo llevó Sandra Torres, una política originalmente de centro-izquierda que se ha ido mutando hacia la derecha y cuyo partido se ha vuelto inmerso en escándalos de corrupción, con 16% de los votos, el segundo puesto lo ganó Bernardo Arévalo, del partido socialdemócrata Semilla, que promete revivir la defenestrada lucha contra la corrupción y la impunidad, con 12% del voto. Y con ello, una grieta de esperanza se abrió en Guatemala.
Zury Ríos, la versión guatemalteca de Keiko Fujimori, la hija de un dictador que violó derechos humanos, fue condenado por la justicia y que pretende revivir su legado antidemocrático, aceptó su derrota, habiéndose quedado en séptimo lugar.
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Pocos días después, ella borró sus mensajes reconociendo su derrota y se unió con los demás partidos de derecha, incluso el de Torres, para denunciar un supuesto fraude electoral. Para la derecha, Arévalo –el hijo del primer presidente democrático en Guatemala que inició un proceso de reformas continuadas por Jacobo Arbenz, quien fue removido como presidente por un golpe de Estado apoyado por la ultraderecha, los militares y la CIA– representa una amenaza para la consolidación de su proyecto de restauración autoritario.
No piensan cometer el mismo error que la derecha en el Perú, que levantó el discurso del fraude electoral luego de que Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. En Guatemala, la derecha, abrazada de su viejo socio, el crimen organizado, se ha unido alegando fraude y moviendo todas sus piezas en la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones copadas por sus operadores para prevenir que Arévalo dispute la presidencia en la segunda vuelta.
La comunidad internacional ha reaccionado, exhortando a Guatemala a respetar el voto popular. Pero por años, ante el fortalecimiento de una derecha depredadora que ha ido carcomiendo la institucionalidad democrática, poniendo en puestos claves operadores fieles no al Estado de derecho sino a la corrupción, la comunidad internacional no ha respondido con el vigor necesario, al considerar otros temas como la migración o las relaciones geopolíticas, como más importantes.
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Entonces, ahora, cuando la democracia guatemalteca agoniza y la derecha prepara el último zarpazo, ¿qué hará la comunidad internacional, más allá de publicar un tuit, para parar la consolidación del autoritarismo y, con ello, la corrupción que siempre lo acompaña? La respuesta también vale para el Perú.
Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina.