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Empresas y DD. HH.: oportunidades y desafíos, por Enrique Fernández-Maldonado

“Algunos países ya están incursionando en la adopción de normativas que regulan de manera vinculante la acción empresarial, acorde con los estándares de derechos humanos de las Naciones Unidas”.

Por: Enrique Fernández-Maldonado, sociólogo

Las empresas producen beneficios y entornos positivos. Y también, aunque no todas, daños e impactos negativos. Entre las primeras está la generación de empleo, su contribución al fisco y al crecimiento económico. Las segundas están relacionadas, más bien, con la vulneración de derechos, la contaminación ambiental, la corrupción e informalidad. Que primen unos efectos u otros dependerá, en gran medida, de la cultura y desarrollo institucional de las sociedades. Pero también de la voluntad de actores públicos y privados para definir marcos propicios para la promoción de conductas empresariales responsables, como las denomina la OCDE. De hecho, algunos países ya están incursionando en la adopción de normativas que regulan de manera vinculante la acción empresarial, acorde con los estándares de derechos humanos de las Naciones Unidas. Es el caso de Alemania, Francia, Noruega y de la Unión Europea en su conjunto, que están debatiendo la aprobación de una directiva sobre debida diligencia.

En el Perú el proceso hacia una institucionalidad promotora de los derechos humanos en la actividad empresarial avanza lento pero seguro. En junio del 2021 el Ejecutivo aprobó un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un diálogo multiactor que convocó a autoridades, empresarios, sindicalistas, representantes indígenas y de la sociedad civil que participaron con aportes en su elaboración. Este hecho constituye un paso importante (inédito en nuestra historia) hacia un nuevo pacto social entre Estado, empresa y sociedad. Se espera que su implementación sirva para adecuar el aparato estatal, alinear las políticas públicas, capacitar a los actores y disponer los mecanismos idóneos para incorporar los Principios Rectores de Naciones Unidas –prevenir riesgos, proteger derechos y mitigar impactos negativos– a las operaciones de las empresas, de manera progresiva y proporcional a sus capacidades, impactos y responsabilidades.

Se trata de un debate de suma actualidad en nuestro país. Hace siete meses ocurrió uno de los peores desastres ecológicos del siglo: el derrame de 11.000 barriles de crudo en la costa norte de Lima por la empresa Repsol. Esta no solo contaminó miles de hectáreas de ecosistema marino, también privó de sus empleos e ingresos a centenas de familias de la zona. Sin embargo, la multinacional española, lejos de asumir su responsabilidad y mitigar el daño causado (como mandan los manuales de debida diligencia), ha buscado atribuir responsabilidades a terceros actores, en una lógica que –entendemos– busca preservar su reputación, pero, sobre todo, ahorrarse justas indemnizaciones a víctimas, afectados y al propio Estado peruano.

Lo verdaderamente relevante, en casos como este, va más allá de lo económico (aunque para algunas empresas este pareciera ser el único objetivo). Está relacionado con cómo garantizamos la sostenibilidad de nuestro planeta para las próximas generaciones. Con la adopción de un paradigma de desarrollo en el que la actividad empresarial, sobre todo la de mayor calado, no ahonde más las desigualdades sociales. Uno en el que las operaciones productivas, extractivas y comerciales de las empresas no constituyan una amenaza para los trabajadores, comunidades y medioambiente (explotación laboral, corrupción, cambio climático). Por el contrario: el actor empresarial debe comprometerse genuinamente con el trabajo decente; con una transición energética menos dependiente de los fósiles; con la promoción de valores y de buenas prácticas certificadas y verificables. Entender, en ese orden de ideas, que las empresas ganan si cumplen con los derechos humanos.

En realidad, no les queda otra. Hacia este tipo de ecosistemas económicos y culturales avanzan los mercados y sociedades. Ya sea como producto de una mayor regulación, en el marco de nuevos acuerdos políticos supranacionales y locales; o por una exigencia de facto (como viene siendo) de consumidores, medios y accionistas. Y en ese devenir, más vale estar preparados; no vaya a suceder como los dinosaurios, que desaparecen por no adaptarse al cambio.

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La República

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