No es el final
Aunque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ratificó el informe Cavero, existe la justicia internacional.
La rectificación solicitada en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no prosperó y el controvertido informe Cavero —que exculpa a Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez de cualquier responsabilidad en la muerte de Inti y Bryan, durante los graves sucesos ocurridos en las protestas callejeras de noviembre del 2020— siguió su camino al archivo.
La mayoría se ratificó en su votación anterior —APP, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular votaron en contra de la revisión— pese a que existen suficientes indicios tanto en la Fiscalía como en los reportes periodísticos, que echa por tierra la validez de la investigación congresal.
Hay pericias balísticas no incluidas, testimonio directo de los abaleados y heridos que no fueron tomados en cuenta, y las filmaciones de los sucesos, fotografías y las propias versiones de los periodistas, quienes son testigos de los enfrentamientos y de la inusual violencia policial que se desató contra los manifestantes.
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También hay algunas declaraciones de funcionarios en ejercicio en esa coyuntura que dan cuenta de la existencia de órdenes superiores que determinaron que se acalle la protesta popular, a como diera lugar.
La investigación, sin el blindaje del Congreso a estos representantes de un período político golpista y represor, que quiso imponer una transición hacia la extrema derecha, que fue derrocada en las calles, hubiera dado con la identidad de quien ordenó la represión y permitido juzgarlo.
Hubiera sido muy sano para la democracia y el orden constitucional, que se hubiera llegado a fondo en esta investigación.
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¿Quién dio las órdenes de atacar a los manifestantes con armas vedadas? ¿Por qué se procedió a usar la fuerza extrema policial cuando está prohibido por reglamento hacerlo? ¿Por qué se apagaron las cámaras de vigilancia de las zonas donde precisamente ocurrieron los hechos de sangre que segaron la vida de Inti y Bryan?; son solo algunas de las interrogantes que dejan cabos sueltos y una sensación de injusticia e impunidad, en esta investigación truncada por el blindaje.
Como en muchos otros casos, la existencia de tribunales internacionales nos permite tener esperanza de que se buscará justicia para las familias de los fallecidos y de los más de 80 heridos, algunos de ellos con secuelas que los acompañarán toda la vida. Se activarán los procesos en los fueros extranjeros, ante la vocación de impunidad que parece corroer la clase política, y que es la causa principal de su desaprobación y descrédito.
