No hay salida fácil

Desde el 11 de abril de 2021, cuando los resultados de la primera vuelta electoral mostraron el complejo panorama de dos candidaturas que generaban más preocupaciones que certezas y que, en conjunto, representaban apenas el 25,3% de los votos emitidos, los análisis sobre las condiciones sociales y políticas que nos habían llevado hasta allí fueron in crescendo.

Desde entonces un año ha pasado en que hemos hablado de representatividad partidaria, de identificación social, de la prevalencia de la corrupción en todos los sectores, de debilidad (y debilitamiento) institucional, de degradación de nuestra clase política y de los efectos de todo esto sobre nuestro Estado, sus servicios y capacidad de satisfacer las necesidades y demandas sociales; entre muchos otros puntos.

Hemos hecho abundar los análisis y también se han presentado algunas propuestas para tratar de salir de esta crisis crónica. Sin embargo, casi cada propuesta que surge —de las que se ubican dentro de los márgenes de los procedimientos legales de la democracia, quiero decir— parece encontrarse con la misma pared al frente: voluntad de los actores políticos de transformación. Y eso es como no tener salida.

Las propuestas más simplistas hablan de vacancia o, en un tono más amable, de renuncia. Y digo simplistas porque parecen inferir que basta con cambiar a la cabeza del Ejecutivo para que desde mañana este país funcione de las mil maravillas y el orden y el progreso colmen nuestro territorio.

Olvidan quienes alzan esas banderas que las reglas de juego y debilidades institucionales que han permitido al presidente Castillo hacer del Ejecutivo un sindiós son las mismas que por años permitieron, para otros partidos y actores, el reparto de loncheras y tamales y el nombramiento de funcionarios que, con más o menos cartones que los actuales, pusieron a sectores estratégicos del Estado al servicio de Odebrecht o el Club de la Construcción, por nombrar apenas un par.

¿Dejaría este Congreso gobernar a la vicepresidenta? ¿Estamos seguros de que una guerra fraticida no empezará (si no ha empezado ya) entre parlamentarios para ver quién se calza la banda presidencial? ¿Qué asegura que no encontrarán argucias para permanecer en sus curules con o sin nuestro acuerdo?

El adelanto de elecciones, en ese sentido, parece sonar a mejor opción. Bajo la modalidad que fuese, un adelanto de elecciones parece ser visto como garantía de que se vayan todos y volvamos a empezar. Pero ¿es esto realmente una nueva oportunidad? ¿Se puede hacer un mejor menú con los mismos ingredientes caducados?

Porque un adelanto de elecciones así, con las mismas reglas y los mismos partidos —y las mismas bancadas parlamentarias mientras tanto pudiendo ajustar las reglas para sus partidos— no es en absoluto garantía de mejores candidaturas ni mejores resultados.

Si cree cierta oposición que ha logrado que el miedo al comunismo o al caos haga que la ciudadanía se agolpe a sus puertas, se equivoca. La población está harta de todos y para muestra las diversas expresiones ciudadanas durante las últimas semanas de protesta social.

¿Significa esto que solo nos queda mirar con desasosiego la desintegración de lo poco conseguido y asumir que no hay salidas, esperando alguna salvación mágica el 2026? No. Porque si no hacemos algo pronto no quedará nada por salvar el 2026, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo ni en ningún lado.

Pero sí significa que toca asumir que con los actores políticos mayoritarios no podemos contar de buena gana, y que cualquier salida pasa porque entendamos que hace falta presión social y ciudadana de forma más activa y sostenida.

No hay salida mágica y no pretendo tener la respuesta, pero insisto en que no se trata de nuevo del quién nos salva, sino de cómo nos salvamos colectivamente.