Atomizados no, por favor, por Paula Távara

En los últimos días se ha vuelto a discutir, con preocupación, el alto número de partidos que podrían participar en unas próximas elecciones, cuando sea que estas ocurran.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, organismo a cargo de la inscripción de partidos políticos, al finalizar el mes de febrero del 2024, existen 25 partidos políticos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y 13 organizaciones en proceso de inscripción.

¿38 partidos políticos parecen un alto número? Pues, para acrecentar el dato, otras 291 organizaciones tienen vigente su formulario y reserva de denominación ante esta entidad; es decir, mantienen la pretensión de lograr inscribirse a tiempo para una campaña electoral.

Según Giovanni Sartori, politólogo italiano y el más importante referente en cuanto a teoría de partidos y sistemas de partidos, “un partido es cualquier grupo político que se presenta a las elecciones y puede colocar mediante estas a sus candidatos en cargos públicos”. La competencia por el poder es central en su definición.

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Sin embargo, esta competencia no se da en cualesquiera términos. Para Sartori, los partidos debiesen ser entendidos como “partes de un todo” y ese todo es la comunidad política conformada por ciudadanos y ciudadanas, de la que serán instrumentos de expresión y organismos de representación. De esta forma, es esencial que los partidos se entiendan además como “instrumentos para lograr beneficios colectivos, para lograr un fin que no es meramente el beneficio privado de los combatientes”.

Sin embargo, en un contexto como el nuestro, 38 partidos y 291 intentos de serlo, generan un justificado escepticismo respecto de aquella vocación por lo colectivo. Una vez más, parece que nuestra calle no calza con la teoría.

En un país en el que la acción política partidaria se ha desdibujado y la ciudadanía desconfía de casi toda forma de organización colectiva, formar partido parece haberse convertido más bien en una forma de garantizar pequeñas parcelas de poder personalísimo. Si cada actor político quiere su parcela personal, los partidos crecen a alta velocidad.

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Sin embargo, la matemática simple permite saber que, con 25 candidaturas presidenciales, la próxima elección tendría como resultado una segunda vuelta con contendientes aún menos representativos que la elección de 2021. El antivoto y la sensación de falta de representación se incrementaría.

Pero, además, los 25 partidos políticos ya inscritos podrían repartirse los votos de forma tal que todos pasasen la valla electoral del 5% para lograr formar parte del Congreso de la República y mantener la inscripción de su organización. Ya lo dice El Gran Combo: No hay cama pa’ tanta gente.

El mayor problema de ese escenario de partidos atomizados es que el momento electoral se vuelve el único motor político, y en él se ven beneficiados no los que construyeron mecanismos de representación de lo colectivo, sino quienes cuentan con maquinaria y presupuesto para empujar campañas personalísimas y clientelares.

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Estos actores políticos no suelen ser otros que quienes buscan parcelas de poder desde la que hacer valer esa inversión. Ni siquiera necesitan ser muy ambiciosos (el poder total trae muchas cámaras), con ocupar unos cuantos escaños podrán gestionar sus intereses y los de sus financistas. A veces, hasta ser candidato es suficiente para lograr alguna cuota de poder.

No hay cama para tanta gente. No hay electores para tantos partidos “iguales”. Me dirán que no lo son, que defienden idearios distintos, pero lo cierto es que con media docena de partidos dentro de un mismo punto del espectro político el riesgo es que los votos se repartan tanto que ninguno pase la valla electoral, o que quienes lo logren lo hagan con exiguas representaciones.

¿Qué puede hacerse en una cámara de 130 con apenas 3 o 5 representantes? Pues poco, muy poco. A veces incluso, con impotencia, solo puedes documentar para la historia el atropello a los intereses colectivos.

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Es por esto por lo que resulta esencial que los partidos que quieran realmente aportar a reconducir el país y construir apuestas colectivas, desde los diversos espacios del progresismo o institucionalismo democrático, se tomen en serio la tarea de empezar a entenderse y agruparse. De otra forma, las maquinarias individuales arrasarán en una competencia que ya conocen y en la que tienen poco y nada que perder.

En este escenario de necesidad de diálogo y concertación, el Reglamento Marco de las Elecciones Primarias para las Elecciones Generales 2026, aprobado y publicado por el Jurado Nacional de Elecciones el 28 de febrero último, da pistas de la necesidad de ponerse ya en marcha: quienes quieran postular en el siguiente proceso electoral previsto deben encontrarse inscritos en un partido político al 16 de julio de este año, y las alianzas políticas deberán conformarse a más tardar al 16 de junio del 2025.

En nuestro país puede parecer mal negocio preparar alianzas con tanta anticipación. ¿Quién me garantiza que mi aliado no se desinfle? Pero este requisito podría ser más bien el que dé tiempo para consolidar alianzas serias, obligando desde ya a las organizaciones a estudiarse y conocerse antes de oficializarse, y dando también tiempo para hacer algo más que un acuerdo de papel, pudiendo construirse vínculos y programas.

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Pero para que todo esto pase en fechas y plazos, toca empezar a dialogar, sentarse frente a frente con las cartas sobre la mesa y con la claridad de que el camino será cuesta arriba, pues quienes conforman la coalición autoritaria harán todo lo posible porque las reglas de juego y las condiciones de la competencia sean desfavorables para quienes aún creen que recuperar el país es posible.

Una elección de candidaturas atomizadas, esperanzadas en esperar hasta la segunda vuelta para dar adhesión a algún proyecto político, augura solo un panorama peor que aquel que nos aqueja hoy en día.

Resulta importante reconocer además la necesidad de que esos diálogos se desarrollen tanto para construir candidaturas potentes y que logren alta representación, como con aquellos sectores con los que transversalmente existen puntos que hacen posible el acuerdo institucional sobre mínimos democráticos y avances en la sociedad. ¿Qué partidos estarán más dispuestos a recuperar la institucionalidad democrática? ¿Con quiénes se puede acordar propuestas para fortalecer derechos? ¿Con quiénes se pueden trazar líneas rojas contra la corrupción?

No se trata pues de alcanzar una candidatura única, pero sí que en lugar de candidaturas atomizadas se pueda contar con bloques de partidos que, representando a su electorado, puedan ser realmente “partes de un todo” y que, mediante acuerdos transversales, sean capaces de lograr realmente beneficios colectivos.