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La expulsión de Dina

Una declaración de la vicepresidenta sobre el partido de Gobierno mereció su separación.

La primera vicepresidenta del país, Dina Boluarte, ha sido expulsada de Perú Libre por haber mostrado su posición en relación al ideario del partido político que promovió la candidatura del presidente Pedro Castillo. La frase: “Yo nunca he abrazado el ideario del partido Perú Libre”, fue el gatillador de la expulsión.

Estas declaraciones fueron formuladas por la vicepresidenta en la entrevista exclusiva que brindara a La República y en la que desarrolla una posición como Ejecutivo en torno a las acciones del Legislativo para irle recortando funciones y poderes; y sale en defensa del fuero presidencial y la permanencia del presidente al frente del Gobierno.

El partido Perú Libre reaccionó airadamente a esta posición y decidió la expulsión de Dina Boluarte, una de sus fundadoras, porque se están incumpliendo los estatutos y difamando a la organización liderada por Vladimir Cerrón.

¿Es una crisis cismática en el partido de Gobierno? No parece que fuera así, porque la señora Boluarte se ha mantenido desde mucho antes ostensiblemente alejada de los avances y retrocesos partidarios en varias materias, en las cuales los seguidores de Cerrón han discrepado abiertamente del Ejecutivo. Las votaciones en sociedad con el fujimorismo en varias leyes con las que se ha retrocedido en reformas como la del transporte, la educación, etc.

Hace algunos meses, la separación de la vicepresidenta de las filas del partido sí podría haber afectado la estabilidad del Gobierno. Ahora, más bien consolida una apuesta por una administración más centrada en resolver temas de fondo como la salud afectada por la tercera ola del COVID-19 o el retorno anunciado de los escolares a las aulas en abril.

Esta posición de Boluarte es una ratificación también del esfuerzo conjunto del Ejecutivo para reabrir los caminos del referéndum y la consulta popular para los ciudadanos, en contra de la decisión del Parlamento de recortar esos derechos y obligar a que las reformas constitucionales pasen siempre por una previa valoración del Congreso. En buena cuenta, el Congreso se convierte de facto en una instancia de consulta previa no prevista en la Constitución.

Por ello, Boluarte plantea claramente que el objetivo central de la lucha política no puede consistir en debilitar el ya muy frágil gobierno del presidente Castillo, sino concentrarse en una agenda de alto contenido social que tenga siempre en cuenta el realismo político, sin perderse en escaramuzas ideológicas que poco aportan.