¿Intereses públicos o privados?

El alcalde Molina puso ayer en sus redes sociales que ya se inicia el mecanismo “Obras por Impuesto Predial”. La idea resulta innovadora en tanto no es a costa de los impuestos que se pagan a la Sunat (renta o IGV) y que luego son transferidos a los gobiernos locales, sino que se sustenta en el pago futuro de uno de los pocos impuestos municipales.

El uso de mecanismos de inversión privada para el desarrollo de obra pública puede tener muchos beneficios, pero también presenta varios riesgos y, dada la historia de implementación de las APP y OxI en el Perú, es mejor estar alertas y hacer algunas preguntas. En este caso, la pregunta es si el proyecto de remodelación del Estadio Bonilla, ¿responde a intereses públicos o intereses privados?

Si uno revisa el plan multianual de inversiones de la municipalidad de Miraflores, verá que el 2019 se presentó un proyecto de remodelación por 22 millones. Hoy, 2022, el alcalde anuncia una OxI de 26 millones. En principio el incremento no es exorbitante. Sin embargo, el proyecto sí tiene un cambio sustancial de diseño. El proyecto busca hundir el estadio 7 metros. El alcalde dice que con esto “se quitará presión sobre el acantilado”. Pero este hundimiento tiene un efecto no señalado por el alcalde y es relevante para este caso en relación a la valorización del suelo del entorno: recupera un área importante de vista al mar.

La pregunta es, ¿algún predio del entorno gana con este cambio una mejor vista y con esto un incremento de su valor? La respuesta es sí: el ex Cuartel San Martín, predio de más de 60 mil metros cuadrados.

Los actuales dueños, el grupo Intercorp, tienen un proyecto inmobiliario de más de 600 millones de dólares ahí. Evidentemente, tienen un interés directo en el desarrollo del proyecto de remodelación del estadio. Son precisamente ellos quienes tienen un convenio con la Municipalidad para llevarlo adelante. La obra se financia con el pago futuro de su impuesto predial.

Obras como esta, en países con normas urbanísticas serias, se financian con el incremento del valor del suelo del entorno. El mecanismo, que también contempla ya nuestra legislación, aunque no se usa, se llama “contribución por mejoras”. Así, se calcula la plusvalía urbana y se recauda una parte para que el aumento del valor por la inversión no se privatice y sirva para financiar obras futuras. En este caso no hay ningún calculo de plusvalía, no hay ningún cobro por el incremento del valor, pero, peor aún, hay el destino de fondos públicos futuros –porque el predial futuro será fondo público– para el beneficio directo del que debe pagarlos.

Una decisión así debiera estar sometida al escrutinio público y ser consultada a la ciudadanía, pues al menos para mí el interés privado parece estar por encima del interés público.