Vidas trans en peligro

Pedro Pablo Prada García, activista afroperuano y luchador incanzable por los derechos LGTBIQ+, no murió solo. Junto a él, fue asesinada R. Huapaya, su amiga, una mujer trans. No hay una conclusión certera de las autoridades que indiquen que se trató de un crimen de odio pero hay suficientes indicios para que se investigue como si lo fuera.

Prada García y Huapaya fueron encontrados muertos y maniatados. Los mataron con violencia. “Cuando tú robas, no vas a hacerte amigo de la víctima, lo torturas y luego lo asesinas. La diferencia entre un crimen de odio y un robo es la tortura. La violencia de género muchas veces se encapsula con el delito de robo”, explicó Jorge Apolaya, representante del colectivo Marcha del Orgullo, a Lucía Castro, periodista de La República para una nota relacionada al hecho.

Así como los feminicidios son simplificados e, incluso, invisibilizados al hacerlos pasar como una consecuencia más de la inseguridad ciudadana, los crímenes de odio hacia personas LGTBIQ+, investigados sin aplicar un enfoque feminista y de género, pueden tener el mismo resultado.

En un país como Perú, sin una ley de identidad de género, las personas trans como R. Huapaya no solo no cuentan con los mismos derechos que el resto, sino que, además, son revictimizadas por espacios televisivos o de prensa escrita que, por desconocimiento, utilizan el nombre legal (el que aparece en el DNI) y los pronombres contrarios a los que la víctima usaba para identificarse.

Pero estos no son escenarios aislados y tampoco hay responsabilidad unilateral. El sistema falla en cada fase: desde que una mujer u hombre trans no puede contar con un documento que refleje su verdadera esencia, vivencia y socialización, continuando con las personas que las atacan por no calzar en los estereotipos convencionales y que no aprendieron en sus colegios (por no contar con una enseñanza de educación con enfoque de género bien implemenada) a comprender la diversidad, hasta llegar a las autoridades que las violentan por falta de capacitación y los medios de comunicación que terminan representando un crimen de odio como un caso policial más. Los esfuerzos tienen que ser conjuntos y con miras a una mejor representación. Ya hay antecedentes que determinan la deficiente administración del Estado, por ejemplo, para tratar este tipo de hechos.

En 2008, Azul Rojas, una mujer trans, fue detenida, atacada y torturada por tres policías y 12 años después, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, por primera vez, una sentencia por un caso de discriminación hacia una persona LGTBIQ+ que hallaba culpable al Estado peruano por vulnerar los derechos a la libertad e integridad personal de la agraviada y ordenaba al país a crear un protocolo para gestionar este tipo de crímenes de odio que tiene como plazo máximo marzo de 2022. El tiempo corre.

Exigir mayor responsabilidad a los diferentes poderes del Estado no es pedir favores ni beneficios, es reclamar derechos humanos, el respeto más básico hacia la vida y la existencia de miles de personas en el Perú. Lo demandan las, los, les activistas y los tratados internacionales al que el país está suscrito. Estos ya se pronunciaron. Es ahora de actuar. Los derechos no pueden ser puestos a debate porque hay vidas en peligro.