¿Fracaso a los 100 días?

La semana pasada se cumplieron los primeros 100 días del gobierno. Muchos han calificado este periodo como “fracaso”, lo que parece desproporcionado con un gobierno que recién empieza, que acaba de presentar su política de gobierno y que viene impulsando con éxito una estrategia que permitirá vacunar a niños desde los 5 años a partir de enero próximo.

Sin embargo, decir que se exagera al hablar de fracaso no impide plantear exigencias legítimas al gobierno. Entre ellas, establecer un claro liderazgo y comunicar sus prioridades y acciones. La presencia de la nueva presidenta del Consejo de Ministros brinda esperanza, especialmente porque viene emprendiendo acciones concretas, pero es necesario que esa estrategia venga también desde el propio presidente, que no se ampare en el silencio, pero tampoco genere discursos contradictorios, que requieran (re)interpretaciones por los sectores.

También es indispensable que se convoque a profesionales que puedan ejercer adecuadamente los diferentes cargos, tema en el que tanto se ha cuestionado —y con razón— al gobierno. Es legítimo designar personas con cercanía ideológica, en una mezcla de perfiles técnicos y políticos, pero los méritos deben ir más allá de la afinidad personal, militancia en un partido o haber nacido en un determinado lugar.

De igual modo, es importante que les pidamos expresar un compromiso decidido en pro de las reformas ya iniciadas y en las que hoy el Ejecutivo parece más bien estar optando por retrocesos (educativa, de transporte o política). Privilegiar dejar sin efecto las evaluaciones a docentes (sin proponer alternativas), la ampliación de concesiones a quienes no prestan un servicio de transporte idóneo o quitar posible participación a la ciudadanía en aspectos vinculados con los partidos (como al suspender las elecciones internas) deberían generar gran preocupación. En esa línea, es indispensable que se respete la autonomía de instituciones como la Sunedu (en el ámbito educativo universitario), la Sutrán y la ATU (en el transporte) y, frente a la coyuntura más reciente, instituciones de tanta relevancia para la preservación de la seguridad nacional como las Fuerzas Armadas. Incluso, recordando preocupantes discursos de campaña, estar alertas frente a cualquier posible intento de intervención en organismos con autonomía desde la Constitución como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo.

Las medidas deben ser compatibles con la protección de derechos para eliminar las brechas de desigualdad (con acciones concretas y no solo de manera simbólica) y evitar riesgos que puedan afectar más a las personas en situación más vulnerable (como pretender un servicio militar obligatorio para jóvenes o hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en resguardar el orden interno).

Ahora bien, tampoco debe perderse de vista que estos 100 días han transcurrido también para el Congreso. A la fecha, solo tienen 2 leyes aprobadas (una que suspende las elecciones internas y otra que interpreta más allá de la Constitución la cuestión de confianza). Tampoco se han visto acciones concretas de control político de manera general ni siquiera contra todos los ministros más cuestionados. Parecería que la preocupación más generalizada es el poder: ejercerlo frente al Ejecutivo (con la confianza limitada o no poner en riesgo situaciones de posible disolución, por eventuales censuras o negaciones de confianza) o mantenerlo al interior de los partidos, antes que plantear reformas estructurales concretas.

Así como exigimos actuar al gobierno y lo cuestionamos por sus designaciones y acciones, igual debemos hacer frente al Congreso. La vigilancia ciudadana frente a ambos poderes va a ser indispensable para evitar tropiezos y caídas que finalmente van en desmedro del país.