Idioma y poder

El inicio de la presentación del premier Bellido puso en evidencia que en el país no se cumplen los preceptos básicos de la Constitución y las leyes. Nuestro texto constitucional declara que en el territorio nacional nadie puede ser discriminado por su idioma, sin embargo, eso ocurre cotidianamente, incluso si eres el primer ministro. En los lugares del poder, donde se ejerce el poder, solo se puede hablar en castellano.

Más allá de las discrepancias de fondo y forma que en muchos aspectos tengo con el premier, creo que el inicio de su presentación en el Congreso fue un verdadero acto de representación. Fue el hecho político con más relevancia de su performance en el Parlamento y debe llevarnos a una reflexión sobre el poder del idioma y el idioma del poder.

Algunos han señalado que fue una trampa. Que su objetivo era que el Congreso pisara el palito. Si fue así o no, la verdad no importa. El Congreso, a estas alturas, ya debiera contar con un equipo de traducción a lenguas originarias. Estando en falta, la presidenta pudo dejarlo hablar en quechua y pedirle, al finalizar, que hiciera la traducción, recordando además a los presentes que el texto en castellano estaba a disposición de todos. No hacerlo, permitir el griterío y ella interrumpirlo, puso en evidencia la intolerancia y la discriminación. Se vieron y oyeron los hondos y mortales desencuentros que aún existen en nuestra sociedad.

La Constitución reconoce nuestro derecho a una identidad étnica y cultural. Esto implica que tiene derecho a usar el propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Si el Congreso no tiene un intérprete, ¿anula esto el derecho de un ciudadano a usar su lengua materna? No. Lo que hace es demostrar que la casa de las leyes es el primer lugar en que estas no se cumplen.

No es la primera vez. Pasó con María Sumire en el 2006. El escándalo que se generó y la evidencia de la desigualdad en el espacio del ejercicio del poder hizo que el año 2011 se aprobara la Ley 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias. La norma señala que “todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera de concebir y de describir la realidad”. Compromete al Estado a crear condiciones para su mantenimiento y desarrollo, por lo que se deben promover de manera progresiva su incorporación en las entidades públicas. El Congreso no ha hecho nada por implementar la ley que aprobó.

La Constitución y la ley no se cumplen. Declaramos que valoramos la diversidad cultural, pero en la realidad nada se hace por dar poder real a culturas y lenguas originarias.

Pero más allá de poner en evidencia la desigualdad, este Gobierno debe implementar una política real de normalización lingüística. La pregunta es, ¿lo harán o solo se quedarán en los gestos?