Nelson Shack Yalta (*)
En las recientes elecciones generales los peruanos acudimos a las urnas para expresar nuestra voluntad respecto a quienes deberán tomar las decisiones desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
Realizar un proceso que refleje la voluntad de los ciudadanos ha significado al Estado un desembolso de cientos de millones de soles. Además de la ejecución de las elecciones en sí, también es conveniente tener presente los 800 millones de soles destinados para su organización y los mayores costos que impuso la pandemia, como el estipendio de S/ 120 soles a los casi 247 mil miembros de mesa por cada vuelta electoral, y el costo de la franja electoral prevista en 77 millones de soles, debido a la mayor cantidad de partidos, así como la segunda vuelta presidencial.
La Contraloría desplegó un megaoperativo en todo el país con 625 auditores a fin de verificar el adecuado uso de los recursos públicos por parte de las entidades del sistema electoral.
Como resultado, se advirtieron oportunamente 820 situaciones adversas en los procesos de contratación de bienes y servicios, permitiendo así que el control concurrente acompañe a los gestores del Sistema Electoral y coadyuve a que se corrijan y perfeccionen sus acciones en beneficio de la finalidad pública de las intervenciones y la ciudadanía.
Posiblemente, algunos de estos hechos serán materia de control posterior durante el segundo semestre de este año, a fin de que se deslinde, en los casos que corresponda, las responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales.
Al concluir el proceso electoral se presentan otros temas que deben ser materia de análisis para mejorar las condiciones en que se realiza el control. Por ejemplo, no esperar la cercanía de la fecha de las elecciones para realizar las adquisiciones, como si se tratara de una situación imprevista. Esto permitirá reducir los costos y generar más transparencia.
El otro aspecto a mejorar es el cronograma electoral, permitiendo que, por ejemplo, las Elecciones Regionales y Municipales se cumplan antes de noviembre para garantizar un periodo adecuado de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión.
El derecho y deber de elegir y ser elegido, es quizá el mecanismo de participación ciudadana por antonomasia en una democracia. Pero, evidentemente, no es gratis. Piensen cuántos colegios, hospitales, canales de riego, kilómetros de carreteras y otras obras públicas podrían haber sido construidas con los casi 1 mil millones de soles que costó el proceso electoral. Por lo que, darle valor a todos estos recursos públicos ejecutados, es otra razón adicional para emitir un voto consciente, reflexivo, informado y responsable, entendiendo que está en juego el destino de nuestro país para los próximos cinco años.
(*) Contralor General de la República
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