Marisa Glave

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Primer round

“47 universidades privadas de las 95 que operaban en nuestro país no alcanzaban los mínimos necesarios. ¡Gracias Fujimori!”.

Sunedu culminó el proceso de licenciamiento de universidades en el país. Parece increíble que recién el 2021 tengamos una lista completa de las universidades que cumplen con requisitos mínimos. La reforma universitaria tiene como objetivo garantizar educación de calidad. Pero falta mucho para lograrlo. Esta primera etapa, no lo olvidemos, solo ha eliminado la estafa. Ha denegado el licenciamiento a las universidades que groseramente incumplen requisitos esenciales. La gran mayoría, universidades privadas.

El 93.4% de las universidades públicas pasaron el licenciamiento. Solo se les denegó a 3 de las 49 existentes. Mientras que, en el sector privado, solo el 50.5% pasó. Es decir, casi la mitad de la oferta privada existente era una estafa. Como lo leen, una estafa lucrativa. 47 universidades privadas de las 95 que operaban en nuestro país no alcanzaban los mínimos necesarios. ¡Gracias Fujimori!

En el año 1996 se aprobó el DL 882 que permitía la “liberalización del mercado educativo”. La idea era promover la inversión privada en la educación y para eso había que permitir que lucren. La teoría –en realidad el dogma– es que el mercado siempre es más eficiente que el Estado y que los consumidores, más que los ciudadanos, reclamarían por mejores servicios. Claramente no es así. Al menos no es así sin un Estado que regule y fiscalice. La mitad de la oferta universitaria existente no era mejor que la pública y los consumidores no tenían ninguna herramienta para defenderse de esta estafa legalizada que otorgaba títulos a nombre de la nación.

Pero este primer round deja un punto pendiente y tiene que ver con cómo se garantiza educación de calidad de manera amplia. La educación superior universitaria no es el único camino posible, es verdad. Y no tiene por qué ser el principal. Pero sí es uno importante y debe estar garantizado para toda persona que quiera acceder. Es un derecho.

La oferta pública no alcanza para cubrir la demanda de educación universitaria existente. De hecho, esa fue una de las razones para permitir la presencia de instituciones educativas privadas con fines de lucro. En 1995, antes de que se diera la ley de liberalización, la matrícula universitaria alcanzaba a 400 mil personas y estaba concentrada en las universidades públicas (72%). El 2012, un año antes del debate legislativo para la nueva Ley Universitaria, los alumnos pasaron a ser 870 mil y la gran mayoría en las universidades privadas (63%).

Hoy que esta primera etapa acabó toca abordar la tarea pendiente: Cómo mejorar y ampliar la oferta existente, sobre todo la pública. El debate electoral debiera poner énfasis en el camino que tome la reforma.

Con el licenciamiento no acaba la reforma ni el control sobre posibles estafas. Recientemente Indecopi ha multado a 26 universidades privadas por realizar cobros ilegales o solicitar documentos innecesarios. No bajemos la guardia.