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Indígenas y Lenin Moreno tratan de cerrar heridas

Ecuador. La Conaie doblegó al presidente ecuatoriano y lo obligó a derogar el polémico decreto que elevaba el precio de los combustibles, poniéndolo a él y a su gobierno entre la espada y la pared frente a las demandas del FMI.

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Elías L. Benarroch. EFE

El 883 pasará a la historia para muchos ecuatorianos como el decreto que condujo a la peor ola de violencia social en los últimos años, una situación que para muchos pudo preverse y haber hecho colapsar toda la institucionalidad.

Los once días de protestas no han dejado ni mucho menos vencedores en el campo de batalla política, y de hecho parece que solo hay perdedores.

"Posiblemente los actores centrales en este conflicto hayan subestimado la capacidad de actuación del otro", valoró para Efe el analista Daniel Kersffeld un día después de que las partes principales alcanzaran un acuerdo para revisar toda la estrategia del Gobierno frente al organismo financiero.

Para Kersffeld, el Gobierno no pensó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) “arrastraría a Quito a más de 20.000 indígenas, ni que tendría energías suficientes para afrontar una huelga de tantos días de duración y capacidad de acciones simultáneas en todo el país”.

"El movimiento indígena, igualmente, subestimó la capacidad de respuesta por parte del Gobierno: el nivel de represión de los últimos días es inédito en la historia de un país trazado por reiteradas convulsiones sociales", puntualizó.

El acuerdo responde, a su juicio, a que ambas partes empezaron a dar "signos de debilitamiento y de reprobación creciente por parte de aquellos sectores que optaron por mantenerse fuera del conflicto".

Los destrozos y pérdidas ocasionadas por la paralización del país –los indígenas cerraron las principales vías causando desabastecimiento– y el alto número de víctimas por la represión policial de las protestas –entre 5 y 7 muertos y un millar de heridos– no son los únicos daños.

Una funcionaria decía este lunes a Efe, sin dejarse identificar, que se había “resquebrajado también el tejido social” y que habrá que ver ahora cómo sanar la heridas que deja este conflicto. Heridas que tienen raíces también en la vieja batalla entre ‘morenistas’ y ‘correístas’, los dos grandes bloques políticos que encabezan el presidente Moreno y su predecesor Rafael Correa, porque mucho más allá del precio de los combustibles, las revueltas han sido una mezcla de intereses.

Pese a que también tomaron parte en actos de saqueo y vandalismo, el Gobierno ha exonerado de responsabilidad al movimiento indígena, y volcado toda culpa de violencia en el correísmo.

Por su parte, los analistas ven difícil que en las condiciones creadas el Gobierno tenga algo que ofrecer para satisfacer la demanda del FMI de recortes y mayores ingresos de impuestos, porque no podrá sacar adelante la reforma fiscal y, quizá mucho menos, la laboral.

En esas circunstancias, los prometidos préstamos podrían ser interrumpidos, lo que sería un duro golpe a la fiscalidad nacional.

“Gobierno está clínicamente muerto”

- El expresidente Rafael Correa asegura en una entrevista con Efe que el Gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, está “clínicamente muerto” e insiste en adelantar las elecciones para poder superar la crisis de los últimos días en su país.

- “Moreno debería ser juzgado por crímenes. Hay muertos, hay heridos, hay abusos”, recalca sobre la represión de las protestas, que en su opinión han alcanzado una magnitud no vista ni durante la época de la dictadura.

- Correa insiste en que Moreno no puede seguir gobernando y afirma que la “aceptación” del dirigente entre la población del país es “del 4 o el 3 por ciento”.

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