Cusco: funcionarios violan neutralidad para apoyar a candidatos
Dos consejeros regionales, un director y un servidor de Educación habrían vulnerado el principio de neutralidad, según un informe de orientación de la Contraloría en la región imperial.
Los funcionarios y servidores del Estado están obligados a guardar la neutralidad durante el proceso electoral. Ningún trabajador público puede utilizar recursos o bienes estatales a favor o en contra de algún candidato ni hacer propaganda a favor de organizaciones políticas o candidatos. Tal parece que las restricciones no han sido cumplidas por al menos dos funcionarios y dos autoridades regionales.
La Contraloría identificó que cuatro personas que habrían violado la norma para promocionar y respaldar a candidatos presidenciales y congresales de Acción Popular (AP) y Juntos por el Perú (JP).
Los casos
Celestino Calcina Ttito es servidor de la Gerencia Regional de Educación y militante acciopopulista. El 9 de febrero participó en la inauguración de un local partidario de AP en la provincia de Espinar. “Mi persona se hizo presente en dicho evento aproximadamente a las 15.10 horas, no interfiriendo el horario laboral establecido para el trabajo presencial”, dijo en su defensa Calcina ante Contraloría. Asimismo, Contraloría sostiene que Calcina usa sus redes sociales para promocionar la postulación del postulante Yonhy Lescano. No hay que olvidar que en Cusco el gobierno regional es acciopopulista.
Contraloría también identificó a Javier Vega Villasante, director regional de Trabajo, quien el 3 de febrero “publicó una fotografía alusiva a un candidato a la presidencia de la república por el partido Acción Popular (Yonhy Lescano)”.
De igual forma, el informe dice que Winder Pastor Canahuire Vera, consejero regional, apoya la postulación de la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza.
De igual forma, la consejera regional Rocío Palomino Ricalde apoya a una candidata congresal de La Lampa. Contraloría sostiene que los cuatro vulneraron las prohibiciones establecidas en el decreto supremo 199-2020, publicado en diciembre del 2020, y en el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Al respecto, el gobernador Jean Paul Benavente negó algún tipo de apoyo a cualquier partido político o candidato. Descartó que haya dispuesto alguna directiva a favor de alguien. “Somos un gobierno neutral para que la población retome esa confianza que siempre invocamos”, afirmó.
Las sanciones previstas
El decreto supremo establece que los que incumplan las prohibiciones deberán enfrentar procedimientos administrativos disciplinarios y sanciones establecidas en la Ley del Servicio Civil. Servir prevé amonestación verbal o escrita, suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por 12 meses y la destitución.
Prefiero a La República en Google
