Hasta 4 años de cárcel para la corrupción en el sector privado

Decreto legislativo. Alcanza a directores, gerentes, apoderados y asesores de empresas, ONG, fundaciones, entre otros. Medida ayuda a estandarizar los candados a la corrupción en empresas de diferentes niveles, según especialistas.

Decreto legislativo. Alcanza a directores, gerentes, apoderados y asesores de empresas, ONG, fundaciones, entre otros. Medida ayuda a estandarizar los candados a la corrupción en empresas de diferentes niveles, según especialistas.

Una nueva modificación al Código Penal que precisa sanciones para actos de corrupción en el sector privado. El Decreto Legislativo Nº 1385, publicado por el Gobierno en el Diario Oficial, castiga con pena privativa de la libertad no mayor a 4 años a quienes incurran "directa o indirectamente" en actos de corrupción como "aceptar, recibir o solicitar donativos o cualquier otra ventaja o beneficio indebido" para la adquisición de un bien o servicio.

Esta norma alcanza a los socios, accionistas, gerentes, directores, administradores, representantes legales, apoderados, empleados o asesores, ya sea para una empresa, una ONG, una asociación, fundación o comité.

El Decreto Legislativo también considera sanción de entre 180 a 365 días-multa. Vale precisar que un "día-multa" se calcula al dividir el salario del sancionado en 30 días.

Para Juan José Dorich, director del área de Compliance de la consultora BDO, la medida es positiva, ya que se alinea con lo observado en otros países y con metas OCDE.

"Anteriormente, estas situaciones no estaban penalizadas. Es decir, estaban en el mundo de lo antiético, pero no eran sancionadas. Cuando la empresa se veía afectada por un gerente, se le desvinculaba o se le despedía. No era denunciable penalmente, como lo será ahora", precisó.

En los últimos años las empresas privadas, para evitar estos casos de corrupción, implementaban planes de Gobierno Corporativo. Y si bien estos planes cubren diferentes aristas de la corrupción, el decreto publicado hoy se hacía necesario.

"No solo por la sanción, sino también porque son las grandes empresas las que implementan Gobierno Corporativo. Las pequeñas y medianas empresas no lo hacían. Aún hay un bajo nivel de incidencia", acotó.

Similar posición tuvo la socia de PwC, Nancy Yong, quien también expresó que con este Decreto Supremo se estaría normando por primera vez las sanciones en el sector privado.

"Lo que cae de maduro es que saldrá una norma en la que se apliquen sanciones para personas jurídicas. Estas normas lo que sucede es que al final del día están convirtiendo un círculo virtuoso", recalcó en diálogo con La República.

Para empresarios

Según Yusith Vega Odes, director del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), desde el 2016 existe en el país la Ley 30424, el cual sanciona a las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, sin embargo, dicha norma también exime de responsabilidad al dueño de la empresa si adopta en su organización un modelo de prevención de corrupción.

“Dicho mecanismo aplicaría también para el reciente DL N°1835”, aseguró.

En tal sentido, existirían hasta tres herramientas que podrían implementar las empresas peruanas, una es la reglamentación de la misma Ley 30424, la ISO 370001, un sistema de gestión antisoborno y la ISO19600 - 2015, que es el Sistema de gestión de compliance, en materia de cumplimiento legal, transparencia, ética corporativa y buen gobierno.

Sobre el ISO 370001, señaló que "esta norma internacional salió a fines del 2017, y en Perú ya la han adoptado la Autoridad Nacional del Agua, EsSalud, empresas transnacionales, Migraciones y otras instituciones que están en ese camino”, indicó.

Claves

- El Decreto Legislativo forma parte de las Facultades Delegadas entregadas al Gobierno por el Congreso de la República.

- El documento lleva la firma del presidente Martín Vizcarra, del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

Control a las licitaciones en las empresas del sector privado

- El director del área de Compliance de la consultora BDO, Juan José Dorich, explicó que este Decreto faculta a denunciar, por ejemplo, cuando una empresa tiene facilidades para ganar licitaciones con empresas privadas. Añadió que ya existía normativa para sancionar esta figura ilegal cuando sucede entre un privado y el sector público.

- El presente Decreto Legislativo está autorizado por Facultades Legislativas, que propone legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción para incorporar en el Código Penal los delitos de corrupción en el sector privado que atenten contra la libre y leal competencia.

Enfoque

Definir el ius puniendi del estado

Tania Zúñiga

Hablar de una incorporación en el Código Penal de delitos relacionados con libre y leal competencia empresarial nos lleva a preguntarnos cuál ha sido la razón de que en el año 2008 el Decreto Legislativo 1034, la actual Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, haya derogado 3 artículos del Código Penal. El Artículo 232, sobre abuso de poder económico; el Artículo 233, sobre acaparamiento; y el Artículo 241 numeral 3 sobre la concertación de precios del entonces Código Penal.

Entonces, ¿cuál es la racionalidad que está detrás de la incorporación de delitos relativos a libre y leal competencia? Al regular medidas anticorrupción se ha dirigido a temas que tienen que ver con el poder económico en el mercado. Pero para ello ya existe un Decreto de Ley que es el DL 1034, del ejercicio de las facultades del Indecopi que evalúa las conductas anticompetitivas.

El texto del DL 1385 no permite brindar una mayor seguridad sobre cuál es el tipo penal exacto que se quiere identificar. Hay una necesidad de precisar el ius puniendi del Estado, su derecho sancionador tanto en sede administrativa como judicial.

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