Voces para el diálogo

Fueron pieza clave para los ciudadanos quechuahablantes y aimaras detenidos arbitrariamente por la policía en la arremetida a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero pasado. Catorce intérpretes, que integran el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura (Mincul), acudieron de inmediato y desde distintos distritos de Lima a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), la sede policial donde permanecían los detenidos, que en total sumaron 193. Muchos de ellos no hablaban castellano y no entendían lo que estaba sucediendo. Era vital la presencia de intérpretes que tradujeran lo que decía el fiscal, los abogados, la propia Policía.

“El rol del equipo fue que los ciudadanos conozcan a detalle y en su propia lengua todo lo que estaba sucediendo”, precisa Dulhy Pinedo, de la dirección de Derechos de Pueblos Indígenas del Mincul, que se hizo presente en la Dirincri en vista de que la PNP y la Fiscalía no contaban con sus propios intérpretes, a pesar de que “la norma indica que todas las instituciones públicas deben brindar sus servicios en lengua originaria”. La funcionaria recuerda que el país es diverso, que más de 4 millones de peruanos tienen por lengua materna alguna de las 48 lenguas originarias (4 andinas y 44 amazónicas).

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Ciudadanía intercultural

Durante la toma de San Marcos, la figura del intérprete fue imprescindible para entender, por ejemplo, el descargo que hizo una ciudadana de Huancavelica quechuahablante quien dijo haber sido maltratada verbalmente por la Policía. Pinedo narra que aquel día, mientras iban llegando los intérpretes a la Dirincri, las personas detenidas hicieron uso, además, del servicio de la Central de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas u Originarias (CIT), una línea telefónica de 24 horas y gratuita, la (01) 618 9383, que cuenta con intérpretes en ocho lenguas originarias: aimara, ashaninka, awajún, shipibo-konibo, ticuna y quechua de Áncash, Chanka y Cusco Collao.

La CIT fue creada en 2020, en contexto de pandemia, y asistió a los ciudadanos principalmente en cuestiones médicas. Actualmente, los quince operadores intérpretes también asisten a los usuarios en situaciones cotidianas como la atención en un hospital, una comisaría, en los programas sociales o en el Poder Judicial.

La intérprete Marilú Iroga recuerda la vez que asistió de forma presencial a unos padres procedentes de Satipo, Junín, que hablaban ashaninka, y que viajaron a Lima porque su hijo había sufrido una quemadura de tercer grado y debía ser operado de urgencia en el Instituto del Niño de Breña. El padre no quería firmar el consentimiento para la operación porque no entendía lo que decía el médico, Iroga le explicó en su lengua natal de qué se trataba y se concretó la intervención: “Somos un puente de comunicación para que el mensaje llegue completo a quien lo solicita”, dice la intérprete.

Hasta el momento, la línea de intérpretes ha realizado más de 5 mil atenciones. “En un país diverso como el Perú es necesario que se considere el derecho lingüístico de los pueblos originarios, y en la medida que el Estado promueva este derecho, estamos contribuyendo a combatir la discriminación y el racismo y a normalizar que es necesario que las personas de los pueblos indígenas puedan ser atendidas de forma diferenciada”.

El día de la detención en San Marcos, los intérpretes se quedaron hasta las 4 de la madrugada en la Dirincri comunicando a los detenidos lo que decía la Fiscalía, y finalmente fueron liberados.