En Perú, ¿puede una persona ir a prisión por no pagar sus deudas? Esto dice la ley peruana

Por diversos motivos, muchos peruanos acuden a los bancos para obtener préstamos que les permitan cubrir necesidades urgentes, como abrir un negocio, invertir en su educación o pagar tratamientos de salud. Esta práctica, sin embargo, conlleva el riesgo de no poder devolver el dinero prestado, generando preocupación sobre las posibles consecuencias legales. ¿Puede una persona ir a prisión por no pagar sus deudas en Perú? En una pasada entrevista con La República, la abogada penalista peruana Jackeline López explicó cómo se aborda legalmente esta cuestión. Para ello, ofrece claridad sobre las sanciones y excepciones en la legislación nacional.

¿Qué dice la ley peruana sobre la prisión por deudas?

En Perú, la idea de ir a prisión por deudas es un temor común entre muchas personas, pero la ley peruana no contempla dicha sanción. Jackeline López indicó que el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en su inciso 24, apartado C, establece claramente que "no hay prisión por deuda en el país". Este principio resguarda el derecho a la libertad y la seguridad personal, lo cual impide que se vulneren por el incumplimiento de obligaciones de carácter jurídico.

Existen, sin embargo, excepciones a esta regla. "La única deuda que puede conllevar la pena privativa de libertad es el aspecto alimentario (pensión de alimentos)", explicó la abogada. En estos casos, si un juez lo determina, la persona puede enfrentarse a una pena de entre uno y tres años de cárcel. Esta medida busca asegurar el bienestar de los menores y el cumplimiento de las responsabilidades familiares.

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¿En qué situaciones se judicializa una deuda en el Perú?

Pese a que no existe prisión por deuda bancaria, hay situaciones en las que una deuda puede judicializarse. Según la abogada penalista Jackeline López, las entidades bancarias pueden iniciar acciones judiciales, especialmente cuando el monto adeudado es considerable. "Los únicos supuestos donde podría accionarse de manera judicial es cuando el monto adeudado es alto. Por ejemplo, si estamos hablando de S/50.000 o más, o cuando es un crédito hipotecario que tenga como garante un bien mueble o inmueble, como una casa", explicó.

Antes de llegar a esta instancia, suele intentarse un proceso extrajudicial, donde se negocia con el deudor, ofreciéndole un plazo razonable y facilidades de pago. Si el deudor incumple con el acuerdo, la entidad financiera puede judicializar el caso, para así llevar el asunto ante el juzgado civil competente.

¿Cuáles son las posibles sanciones para quienes no pagan sus deudas?

Para aquellos que no cumplen con sus obligaciones de deuda en Perú, las sanciones pueden ser severas, aunque no incluyan prisión. Según la abogada penalista, una de las principales consecuencias es ser reportado en una central de riesgo, como Infocorp, lo cual dificulta el acceso a futuros créditos. "Esto es lo peor que le puede pasar a un deudor," afirmó López. Además, cuando el monto es elevado o se trata de un crédito hipotecario, el acreedor puede interponer una demanda de obligación de devolver el dinero ante el juzgado civil competente. Este proceso legal puede resultar en embargos y otras medidas para garantizar el pago, afectando significativamente la situación financiera del deudor.

¿Cómo y cuándo se puede efectuar un embargo por deudas en Perú?

Un embargo solo puede realizarse cuando existe una resolución judicial debidamente motivada. "No puede haber un embargo por declaración de una persona. Tiene que haber la orden de un juez y una sentencia judicial", explicó la experta. Esta medida asegura que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley y protege los derechos del deudor.

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Existen bienes que no pueden ser embargados, como aquellos de primera necesidad, incluyendo cocinas y camas. Sin embargo, otros bienes susceptibles de valorizar, como televisores y automóviles, pueden ser objeto de embargo. Este proceso garantiza que se cumpla con la obligación de pago de una deuda significativa, respetando los límites establecidos por la normativa peruana.