Óscar Miranda. Foto: Musuk Nolte. A inicios de semana, mientras el chileno José Miguel Vivanco volaba hacia Lima, los Estados Unidos todavía estaban sumidos en el estupor. Un desquiciado había asesinado a balazos a 20 niños y a seis adultos, incluyendo a su propia madre. Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch, una institución que defiende los derechos humanos en lugares tan alejados como Sudán, Siria y Pakistán, así que ver cómo en el país donde vive hace tres décadas se había cometido una masacre –otra más– debe de haberle suscitado una extraña amargura. Ex abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fundador del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), Vivanco está fuertemente ligado al movimiento de derechos humanos del Perú, al que ha acompañado desde hace años en sus luchas por justicia y reparación. Esta vez, lo trajo a Lima su preocupación por la forma en la que el gobierno de Ollanta Humala ha venido enfrentando las protestas sociales. Pero en la charla que sostuvimos con él fue inevitable hablar de la tragedia de Connecticut. De las decisiones que debería adoptar el presidente Barack Obama. Y del lobby de los conservadores norteamericanos que defienden un sistema en el que las armas para matar están a disposición de cualquiera. -¿Qué pasa en Estados Unidos que cualquier demente puede coger un arma y cometer una masacre con tanta facilidad? Yo diría que hay varios Estados Unidos. Yo vivo allá más años de los que viví en Chile y he podido conocer muchos mundos. Es una sociedad muy heterogénea, con comunidades que muchas veces tienen muy pocas similitudes entre unas y otras, pero sí se puede identificar una constante, que es la Norteamérica del interior... -La Norteamérica rural... La Norteamérica rural, conservadora, del midwest... sectores que todavía resienten la derrota de la Guerra Civil norteamericana. Es una Norteamérica que poco tiene que ver con las imágenes de Nueva York o California que vemos en el cine. -Es esa Norteamérica la que defiende el uso de armas de fuego. Sí, es la que se siente postergada, maltratada, por el Estado federal y normalmente se refugia en dos o tres cosas: valores religiosos muy fuertes, un fuerte rechazo al Estado federal y la idea de la autodefensa, que está consagrada en la Constitución. -La Segunda Enmienda dice que la posesión de armas es un derecho porque es necesaria "una milicia para la seguridad del Estado". Esa enmienda tiene poco que ver con la realidad de los Estados Unidos. ¿En qué mundo estamos? Estamos hablando de milicias, ¡milicias!, cuando estamos en el siglo XXI y hay policías profesionales, federales, estatales, municipales... pero ellos siguen atados a estas reivindicaciones. Esa enmienda es su último resorte de rebeldía frente al Estado. -Este sector es tan poderoso que ha impedido que las leyes sobre armas cambien. ¿Dónde reside su poder? Tiene una presencia electoral muy fuerte. Tiene distintas denominaciones en muchas iglesias evangélicas. Pueden financiar un lobby de los más fuertes que existen en los Estados Unidos para proteger este derecho, su derecho a portar un arma, desde una pequeña hasta una de asalto. Son un grupo muy bien organizado, a través de la Asociación Nacional del Rifle, tienen muchos recursos y pueden terminar con la carrera de un político. -¿Es verdad que su influencia ha llegado hasta el Partido Demócrata? Sí. Todo el mundo en los Estados Unidos interpreta que los demócratas perdieron el control del Congreso debido a la prohibición de la venta y posesión de armas de asalto que se impuso en tiempos de [Bill] Clinton. -¿Los demócratas les temen? El temor es real. Tú puedes ganar o perder elecciones, incluso presidenciales, por ellos. En las elecciones del 2004, John Kerry [el candidato demócrata] tuvo que vestirse como cazador y blandir un rifle y sacarse una foto al final de la campaña para decir que no tenía problemas con el derecho de los norteamericanos a portar armas de fuego. -¿Obama llegó a hacer lo mismo? Que yo recuerde no, pero ha logrado sortear el problema de un modo bastante hábil. -¿Él también le teme al lobby de los defensores de armas? Todos los políticos les temen. Obama les teme, pero aquí se le ha presentado una oportunidad, única en la historia reciente norteamericana, para cambiar las cosas. Me parece que el impacto de esta matanza ha sido tan grande que si Obama no es capaz hoy de tomar el toro por las astas no solo se desperdiciaría una oportunidad histórica sino que no veo cuándo más se podrían tomar medidas firmes en este punto. -¿Cuáles deberían ser estas medidas? Una regulación muy estricta que impida la adquisición tan fácil de este tipo de armamentos. -¿Son mayoría los norteamericanos que están en contra de la libre proliferación de las armas? No lo sé. No creo. Lo que creo es que hay una reacción muy fuerte hoy en día y hay que aprovecharla. Creo que en este tema el país está dividido y creo, también, que la pasión y la energía que le ponen los partidarios de las armas es mucho mayor que la de los que están en contra. -¿La proliferación de armas de fuego es lo único que provoca este tipo de tragedias? ¿No hay, también, un problema de salud mental? No lo creo. No soy un experto pero me parece que los problemas de salud mental que se puedan dar en los Estados Unidos no son distintos de los que se pueden dar en Europa, en América Latina o en otras regiones del mundo. Creo que el problema está asociado a esta glorificación casi religiosa de la Segunda Enmienda que les permite a los norteamericanos entretenerse con estos juguetes y a la irresponsabilidad con que se maneja el tema. La irresponsabilidad ha llegado a tal punto que hoy puedes comprar un rifle de asalto poderoso con sus municiones sin que revisen tus antecedentes y sepan si has tenido problemas mentales, con la Policía o adicciones. En Lima, Vivanco ha tenido una agenda bastante recargada. Se entrevistó con el premier Juan Jiménez durante casi dos horas. También lo recibió el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales; el presidente electo del Poder Judicial, Enrique Mendoza; el defensor del Pueblo y el vicecanciller, así como varios embajadores y representantes de instituciones de la sociedad civil. A todos ellos les expresó su preocupación por el hecho de que el Perú sea el país latinoamericano con el mayor número de muertes ocurridas en conflictos sociales de tipo medioambiental [23 solo en la gestión de Humala]. Hay una mano dura que empezó en el gobierno aprista y que se mantuvo durante buena parte de la administración nacionalista. Por supuesto, nada comparable con los años de la dictadura fujimorista. Un periodo que José Miguel Vivanco conoce muy bien. -¿Ha seguido con atención la historia del pedido de indulto de Alberto Fujimori ? Sí. -¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? No me sorprende en absoluto que Fujimori y su familia estén buscando que salga de prisión. A Fujimori se le han acabado todos los recursos jurídicos, porque tuvo derecho a todo tipo de instancias, jugó sus cartas y perdió, y lo que le queda ahora es este tipo de argumentos, médicos, humanitarios... el indulto. -Los fujimoristas dicen "pero está viejo, enfermo y deprimido. Deberían soltarlo, pobrecito". Con ese criterio habría que liberar, entonces, a buena parte de los reclusos que se encuentran en las prisiones peruanas. Nosotros en eso no tenemos inconveniente. Si un país decide que en algunas circunstancias, y tratándose de cierto tipo de delitos, se puede optar por opciones como el arresto domiciliario, no hay problema. Pero esto no debe llevar a un tratamiento especial a un prisionero solo porque tiene poder político. Además, él fue condenado a penas perfectamente proporcionales a la gravedad de los delitos que cometió. -En el Perú con frecuencia se habla de la posibilidad de que el fujimorismo apoye la reforma que permita la candidatura de la primera dama a cambio del indulto . ¿Qué piensa de esa posibilidad? Prefiero no pronunciarme sobre hipótesis. Segundo, sea a raíz de una presión política o porque las encuestas así lo piden, conceder beneficios a un prisionero condenado por delitos de lesa humanidad como Fujimori es una opción que contradice estándares internacionales en materia de derechos humanos. -¿Cómo ve al gobierno de Humala precisamente en ese tema? El gabinete que siguió al de Salomón Lerner... -El gabinete Valdés . Sí, ese gabinete reflejó una tendencia de ese momento de darles solución a los conflictos que había, con mano dura, con un endurecimiento del gobierno frente a esos temas. Pero luego creo que volvieron las aguas a su cauce original, con un gabinete [el de Juan Jiménez] que refleja una posición distinta, más de negociación. -¿La Policía peruana está capacitada para controlar la protesta social? En este momento no. Hay que aumentar su número y, luego, realizar inversiones enormes en capacitación, entrenamiento, inteligencia, que permitan llevarla a estándares internacionales. De lo contrario, se tendrá a policías mal entrenados que recurren fácilmente a la fuerza letal para imponer su autoridad. Y allí tenemos el saldo de 160 muertes durante el gobierno de Alan García y 23 en el de Humala. -¿Diría que en materia de represión social Humala ha sido tan duro como García ? Las cifras son ciertamente inferiores, pero a mí me da la impresión de que el gobierno ha entendido que debe privilegiar la negociación al uso de la fuerza. -En un hipotético ránking regional, ¿cómo está el Perú en asuntos de derechos humanos? No hacemos ránking. -Pero si lo comparamos con otros países... No hacemos ránking. No te puedo decir si Perú está mejor que otro porque no podemos comparar peras con manzanas. Sin embargo, yo te diría que, lamentablemente, Perú se destaca en la región por cifras muy altas de muertos y heridos en contexto de conflictos sociales surgidos en la explotación de industrias extractivas. -¿No han habido tantos muertos por conflictos sociales en el resto de países de Latinoamérica? Por conflictos sociales en los que estén involucradas las comunidades locales, que se resisten a estos proyectos, han habido algunas experiencias similares en Centroamérica, en Bolivia, pero el número tan alto de muertes es una situación particular del Perú. -Más allá del cambio que ha habido en el gobierno de Humala, ¿en Human Rights Watch perciben que ha habido una evolución en la sociedad peruana en este tema? ¿Sienten que hay un mayor respeto en el Perú por los derechos humanos? No lo sé. Creo que el tema de los derechos humanos sigue dividiendo a la sociedad. A veces hay una simplificación del tema. Es un concepto muy cargado... -En el Perú polariza mucho... Polariza y hay sectores que inmediatamente reaccionan descalificando estas preocupaciones. Lo cierto es que la experiencia de Sendero Luminoso todavía está muy presente en la memoria colectiva y es probable que se necesite algunos años más para mirar hacia atrás y calificarla con objetividad. El Informe de la Comisión de la Verdad [y la Reconciliación] llega a una conclusión acertada: que las mayores atrocidades fueron cometidas por Sendero, y las condena. Otro tanto fueron responsabilidad de agentes del Estado. Y, sin embargo, hay sectores que descalifican este informe... -Y califican a sus defensores de "caviares" o "proterrucos". Lo cual es absolutamente absurdo porque basta leer un par de párrafos para darse cuenta de que es balanceado, que coloca las responsabilidades en su justo lugar. Lo único que se puede imaginar es que estas personas quieren un informe parcializado, que solo enfoque las atrocidades de Sendero y se aplaudan los crímenes cometidos por el Ejército. -¿Cuánto ha afectado la crisis financiera internacional el funcionamiento de Human Rights Watch? Felizmente, no nos ha afectado mayormente. Todos nuestros recursos son privados. Nuestro principal apoyo financiero provenía de donantes privados norteamericanos pero luego se ha extendido a donantes privados de Japón, de Asia, incluso del Medio Oriente. Eso nos ha permitido capear esta mala racha. -En diversas partes del mundo se han cerrado ONGs. ¿La crisis no constituye una amenaza para el movimiento de derechos humanos? Sí, creo que sí, porque son organizaciones que actúan sin fines de lucro. No comercializan un producto, no dependen del mercado sino de la filantropía. Obviamente que esto es una amenaza muy fuerte. Felizmente, en el caso de Human Rights Watch hemos logrado sortear esta situación casi milagrosamente.
