Violencia sexual en colegios del Perú: más de 2.000 reportes en apenas ocho meses expone que caso Liceo Naval no es aislado

La denuncia por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años en el Liceo Naval de San Borja expuso un problema que excede a una institución educativa.

Entre enero y agosto de este año, la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu) registró 2.059 reportes de presunta violencia sexual en colegios de todo el país, dentro de un total de 11.791 reportes de violencia escolar.

La cifra corresponde a presuntos hechos de violencia y puede incluir más de un reporte asociado a un mismo caso, según precisa el Minedu. Del total de violencia escolar, 5.187 reportes corresponden a agresiones físicas y 4.545 a violencia psicológica.

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La violencia también ocurre entre escolares

De los 2.059 reportes de violencia sexual, 1.198 corresponden a agresiones entre estudiantes y 861 involucran a personal de la institución educativa contra escolares.
La modalidad más reportada son los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, con 1.423 casos. Le siguen el hostigamiento sexual (213), violación sexual (156), violencia con fines sexuales mediante medios tecnológicos (116), acoso sexual (92) y acoso sexual mediante medios tecnológicos (59).

Para Noelia Rodríguez Espartal, docente e investigadora especializada en violencia y educación sexual integral, estas cifras deben analizarse desde una perspectiva multidimensional. La especialista considera necesario ‘‘observar el entorno familiar, escolar y los grupos de pares, pero también la respuesta institucional’’.

En el caso del Liceo Naval, la existencia de antecedentes de acoso entre algunos de los estudiantes involucrados plantea otra pregunta: qué ocurre cuando una primera señal de alerta no genera una respuesta suficiente.

Rodríguez considera que las instituciones educativas deben contar con mecanismos claros de supervisión, prevención y respuesta. También destaca la importancia de escuchar a los estudiantes: ‘‘Muchas víctimas y sobrevivientes dicen que no fueron escuchadas cuando intentaron comunicar situaciones de violencia’’.

Lima concentra los reportes

La DRE Lima Metropolitana registra 599 reportes de violencia sexual, la cifra más alta del país y más de cuatro veces superior a Piura, que suma 135. Después aparecen Arequipa (110), Junín (109), La Libertad (94), Áncash (89) y Cusco (82).

Estas diferencias no permiten establecer por sí solas que exista una mayor incidencia real en una región que en otra. Los registros también dependen de factores como la población escolar, el acceso a los mecanismos de denuncia y la capacidad de detección.

Para Rodríguez, además, existe un componente de centralismo en la visibilidad de estos casos. El Liceo Naval ha recibido una amplia cobertura, mientras que situaciones similares ocurridas en otras regiones pueden tener menor atención pública.

La especialista considera que todos los casos deberían recibir la misma atención, independientemente del lugar o las características sociales de las personas involucradas.

San Borja: 763 reportes de violencia escolar

La UGEL 7 San Borja, jurisdicción a la que pertenece el Liceo Naval, registra 763 reportes de violencia escolar durante 2026. Entre junio y agosto se contabilizaron 448 casos y agosto concentró el mayor número mensual, con 159.
El registro comprende violencia escolar en general y no únicamente agresiones sexuales. Sin embargo, permite observar el contexto de violencia en el que se encuentra la institución donde ocurrió la denuncia.
La exministra de Educación, Patricia Correa, también puso el foco en una posible cadena de omisiones. Consideró necesario investigar no solo a las autoridades del colegio, sino también la actuación de los adultos vinculados al traslado de los estudiantes —entre ellos, el entrenador, un profesor y el conductor— para determinar qué ocurrió durante el trayecto y si se cumplieron los protocolos de protección.

A su juicio, la investigación debe establecer si hubo responsabilidades frente a situaciones que ya habían sido advertidas.
La exfuncionaria cuestionó, además, que el temor pueda terminar bloqueando las denuncias. “Se ha instalado una cultura de la violencia, del miedo y de la impunidad”, sostuvo. En esa línea, advirtió que, cuando estudiantes y familias sienten que reportar una agresión no tendrá consecuencias, pueden dejar de acudir a los mecanismos existentes. “Frente a la impunidad, las niñas, los niños y los padres de familia ya no reportan porque sienten que no hay una consecuencia real”, afirmó.

Para Correa, el problema no se limita a la existencia de protocolos, sino a que estos sean utilizados efectivamente por la comunidad educativa. “La escuela tiene que ser un espacio seguro y eso hoy no lo es”, señaló, al insistir en la necesidad de generar espacios de diálogo donde estudiantes, docentes y familias puedan alertar sobre situaciones de violencia sin temor.

La prevención empieza antes de la agresión

Uno de los puntos señalados por Rodríguez es la necesidad de fortalecer la educación sexual integral (ESI). La especialista sostiene que esta herramienta permite trabajar desde edades tempranas contenidos relacionados con autonomía corporal, límites, consentimiento, coerción, violencia y presión grupal.

La ESI, explica, no debería reducirse a charlas aisladas, sino formar parte de un trabajo continuo con estudiantes, familias y docentes. Su objetivo no sería únicamente prevenir agresiones, sino también permitir que niños y adolescentes reconozcan situaciones de riesgo y puedan comunicarlas.

La exministra Correa recordó que la educación sexual integral ya estaba contemplada en el Currículo Nacional de 2016, pero sostuvo que posteriormente su implementación quedó atravesada por el debate político. Para ella, esta formación debe mantenerse como una herramienta de prevención y protección, acompañada de capacitación para los docentes.

El médico psiquiatra Carlos Bromley coincide en que la respuesta debe involucrar al entorno familiar y educativo. A propósito del caso del Liceo Naval, plantea una política pública que incorpore la salud mental de manera sostenida en las instituciones educativas.

Entre sus propuestas están los talleres de habilidades socioemocionales, acompañamiento psicológico, capacitación de docentes y tutores para el manejo de conflictos y fortalecimiento de las escuelas de padres.

También considera necesario cumplir con la normativa sobre la presencia de psicólogos en los colegios, para que participen en tareas de prevención y promoción de la salud mental. La discusión, así, no se limita a lo que ocurre después de una agresión. Las cifras del portal SíseVe plantean también la necesidad de identificar qué señales aparecen antes y qué tan preparados están los colegios, las familias y las autoridades para responder ante ellas.

Para Rodríguez, la violencia extrema no aparece de manera repentina: puede estar precedida por conductas que se normalizan hasta que el daño escala. La prevención, por ello, implica escuchar, establecer límites y actuar antes de que la agresión se vuelva visible.