Coca creció más de 600% en Ucayali y territorios indígenas peligran: 6 líderes kakataibo asesinados desde 2020

La violencia contra quienes defienden el territorio y el ambiente continúa golpeando a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Según el último informe anual de Global Witness (Poder colectivo: La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente), seis líderes del pueblo kakataibo fueron asesinados desde 2020, en un contexto marcado por el avance de cultivos ilegales de coca, tala, apropiación de tierras y presencia de organizaciones criminales.

La cifra se suma a un escenario más amplio. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reportó a Global Witness que 35 líderes indígenas han sido asesinados en Perú desde 2020, con Ucayali como una de las regiones más afectadas. Su presidente, Jorge Pérez Rubio, señaló que las principales amenazas provienen de narcotraficantes que buscan tierras para cultivar coca, además de actividades vinculadas a la madera y la minería de oro.

En 2025, Global Witness registró cuatro asesinatos de defensores ambientales y territoriales en Perú. La organización documentó además que, a nivel mundial, al menos 124 personas fueron asesinadas ese año por defender sus tierras y el ambiente. 84 de esos casos estuvieron relacionados con conflictos territoriales, mientras que más de un tercio habría tenido vínculos con el crimen organizado y sicarios.

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El territorio kakataibo, bajo presión

El pueblo kakataibo enfrenta una pérdida acelerada de territorio y cobertura forestal. Su territorio ancestral abarca alrededor de 1,5 millones de hectáreas, pero entre 2000 y 2023 perdió aproximadamente una quinta parte de su cobertura arbórea, según datos citados por Global Witness del Instituto del Bien Común (IBC). El instituto advierte que, de mantenerse la tendencia, más de una cuarta parte del territorio podría desaparecer para 2030.

En 2021 se creó la Reserva Kakataibo, con 150.000 hectáreas de bosques destinadas a proteger a grupos en aislamiento. Sin embargo, Global Witness señala que en 2024 se identificaron tres pistas de aterrizaje clandestinas dentro de la reserva, además de zonas deforestadas con cultivos de coca y pozas utilizadas para su procesamiento.

El avance de la coca también se aceleró en Ucayali. Entre 2019 y 2023, la superficie cultivada aumentó en más de 600% y superó las 12.000 hectáreas, según información citada por Global Witness. El exjefe de Devida Ricardo Soberón explicó a la organización que la ubicación de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil y con amplias zonas de difícil acceso, favoreció su consolidación como una zona utilizada para la salida de cocaína.

Ante esta situación, las propias comunidades han reforzado sus mecanismos de protección. La Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo (GIPKAP) fue creada en mayo de 2022 y pasó de unas decenas de integrantes a más de 150, con presencia en 10 comunidades. Sus miembros realizan patrullajes y reportan actividades vinculadas con coca, tala y ocupación de tierras.

“Hay una inacción de parte del Estado y las autoridades”, sostuvo Segundo Ispón, comandante de la guardia, según Global Witness. Al menos seis integrantes de la organización recibieron amenazas de muerte a través de WhatsApp y redes sociales, de acuerdo con su testimonio.

La guardia reclama reconocimiento legal, mayor coordinación con la Policía y otras entidades estatales, además de equipos para sus labores de vigilancia. El Instituto de Defensa Legal (IDL), citado en el informe, plantea también fortalecer la titulación de los territorios kakataibo, incorporar a sus comunidades en los mecanismos de protección y reconocer jurídicamente a las guardias indígenas.

América Latina concentra la violencia

La situación peruana forma parte de un problema regional. 105 de los 124 asesinatos documentados por Global Witness en 2025 ocurrieron en América Latina, equivalente al 85% del total. Colombia concentró 39 casos, Brasil 26, Honduras 12 y México 10. Perú registró cuatro.

La organización advierte que los pueblos indígenas y comunidades campesinas estuvieron entre los principales afectados: representaron cerca de tres cuartas partes de las víctimas identificadas en 2025.

En su balance global, Global Witness señala que desde 2012 ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores ambientales y territoriales. También advierte que las cifras pueden ser mayores debido a la falta de denuncias, las dificultades para verificar casos y la violencia en zonas alejadas.

Para Perú, el informe plantea que la protección no puede limitarse a medidas individuales. Global Witness recomienda fortalecer la seguridad colectiva de las comunidades, garantizar la protección territorial y ampliar su participación en las decisiones que afectan sus territorios. También pide que el país ratifique el Acuerdo de Escazú, que, según el reporte, ha sido rechazado en dos oportunidades por el Congreso.