Yurúa, la comunidad indígena que defiende el bosque de las garras del narcotráfico

En Yurúa, uno de los cuatro distritos de la provincia de Atalaya, región Ucayali -fronterizo con Brasil- se han propuesto cuidar sus bosques, ríos y territorios donde las redes criminales le han declarado la guerra a la conservación.

Se enfrentan a taladores y narcotraficantes aunque estos responden amenazándolos de muerte. Estos hombres y mujeres, de los olvidados de la frontera, ruegan que por una vez el Estado los escuche.

Y es que la situación es crítica en Yurúa. Es el distrito que presenta una de las mayores concentraciones de riesgo: al menos 14 defensores indígenas amenazados en 2024.

La Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral del Yurúa-Yono Sharakoiai ha denunciado la infiltración del narcotráfico en sus territorios, con presencia de pistas ilegales y tránsito de avionetas hacia Brasil.

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Asimismo, comunidades como Nueva Bella, Santa Ana y Nueva Luz de Arara enfrentan presiones de redes criminales vinculadas a la tala y al tráfico de drogas.

“La ausencia estatal (sin comisaría, juzgado ni presencia fiscal) deja a las comunidades totalmente expuestas”, asegura Gregorio, uno de los comuneros amenazados.

Yurúa se consolida como una ‘zona roja’ para los defensores indígenas, donde el crimen organizado, el aislamiento y la falta de protección oficial se combinan en un escenario de alto riesgo.

MECANISMOS DE SEGURIDAD

El 19 de octubre el presidente de la República, José Jerí, se reunió en Palacio de Gobierno con representantes de las comunidades nativas de las regiones de Huánuco, Loreto y Ucayali, a fin de atender sus principales demandas.

“Queremos que los temas que no hayan sido atendidos de manera histórica se conviertan en una oportunidad para nosotros, para escucharlos y buscar el entendimiento”, dijo el mandatario.

Los pueblos indígenas de Huánuco, Loreto y Ucayali hicieron llegar propuestas institucionales al mandatario, que incluyen medidas en gobernanza y participación política indígena, en protección social y seguridad, infraestructura, entre otros. El mandatario se comprometió a dar atención prioritaria a dichos pedidos junto al equipo técnico del Ejecutivo.

El presidente de la organización regional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) - sector Ucayali, Jamer López Agustín, incidió en mantener un diálogo sostenido con el Gobierno mediante la creación de una Comisión Nacional Permanente de Diálogo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Los líderes de las comunidades nativas también solicitaron implementar mecanismos de seguridad indígena amazónica (guardias, rondas y otros) para la defensa territorial y la lucha contra economías ilegales, además de la reparación y construcción de vías terrestres y aéreas en zonas amazónicas, principalmente en las áreas limítrofes del Perú, para la conexión con otras regiones del país e impulsar el desarrollo económico en dichas localidades.

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“El Estado tiene que actuar de manera distinta y empática frente a todas las demandas históricas de las comunidades nativas. Hay temas urgentes que atender en la que todos estamos de acuerdo como la lucha contra la inseguridad ciudadana que estoy seguro es una batalla que vamos a ganar”, refirió el jefe de Estado.

VIOLENCIA, AMENAZAS Y ASESINATOS

Y es que el resultado de la violencia y amenazas contras los defensores ambientales se ve reflejado en el número de asesinatos cometidos en los últimos años. Se han registrado 57 asesinatos de defensores ambientales desde el año 2010, los cuales han tenido lugar mayoritariamente en las regiones amazónicas del país.

Ucayali sobresale como la región más afectada a nivel nacional con un total de 11 defensores asesinados. En segundo lugar, se encuentra Huánuco, en donde el aumento de las presiones es notable.

La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú es crítica, caracterizada por amenazas, hostigamiento, criminalización y, en los casos más graves, por estos asesinatos.

Estos riesgos afectan principalmente a quienes defienden derechos territoriales, ambientales y colectivos de los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, donde operan economías ilegales y existen conflictos socioambientales derivados de la expansión de actividades extractivas y de infraestructura.

Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre el 2019 y 2024, más de 650 personas defensoras de derechos humanos y sus familiares se encuentran en situación de riesgo a nivel nacional. De este total, la región amazónica de los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios concentra más del 54% de los casos, evidenciando la alta vulnerabilidad de los defensores en esta zona.

El 21.65% de las personas defensoras en riesgo han sido identificadas en Ucayali, que se posiciona como uno de los departamentos con mayor incidencia a nivel nacional.

Sin embargo, los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos mafiosos comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.

La labor que realizan algunos de estos defensores de derechos humanos -por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados del narcotráfico o la minería ilegal o denunciando abusos- los ha convertido en blanco de ataques.

Otros han sido asesinados por defender sus territorios de la tala ilegal. Los asesinatos han dejado al descubierto las dinámicas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de la Amazonía peruana, donde la presencia de autoridades frecuentemente es escasa.

Esta ausencia de instituciones del Estado ha dejado a innumerables comunidades indefensas.

Un informe elaborado por ORAU y ProPurús con el apoyo de sus bases federativas y DAR Perú dio cuenta sobre la situación de los defensores indígenas en Ucayali.

Comprobaron que Ucayali se consolida como una de las regiones más críticas del país para la defensa de los derechos ambientales e indígenas. La convergencia entre violencia, economías ilegales y despojo territorial genera un entorno de riesgo extremo para líderes y comunidades que protegen sus bosques y territorios ancestrales.

INCREMENTO DE VIOLENCIA

Ucayali concentra más del 20% de los casos nacionales de amenazas y asesinatos de defensores. Entre 2020 y 2024, los casos de riesgo se duplicaron, pasando de 23 a más de 45 anuales.

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Los asesinatos de líderes Kakataibo, Asháninka y Shipibo son los más frecuentes; el pueblo Kakataibo representa casi la mitad de las víctimas.

La violencia se manifiesta en amenazas, hostigamientos, desapariciones y asesinatos, en contextos donde el Estado no tiene presencia policial ni judicial efectiva.

PRINCIPALES CAUSAS

Señalan que la falta de titulación y superposición territorial es una de las causas. Más del 30% de las comunidades sigue sin título o con sobreposición de concesiones forestales, mineras o predios privados.

Asimismo, el tráfico de tierras y corrupción dentro de los gobiernos regionales y locales facilitan invasiones y ventas ilegales.

También los proyectos viales no consultados, expansión agrícola y monocultivos (palma aceitera) agravan la deforestación.

Ausencia del Estado en servicios básicos, justicia y seguridad refuerza el control de las economías ilegales.

NARCOTRÁFICO, EL MOTOR

El  narcotráfico es considerado el principal motor de violencia. Se estima en más de 18 mil hectáreas de hoja de coca en la zona, con epicentros en Tamaya, Yurúa, Abujao y Sheshea.

 Constantemente de identifican pistas clandestinas dentro o cerca de comunidades indígenas y vínculos con redes transnacionales como el Comando Vermelho (Brasil) y Comandos de la Frontera (Colombia).

La tala y minería ilegal vienen destruyendo bosques comunales y amenazan a dirigentes que denuncian estas actividades.

En tanto, el tráfico de tierras, mediante títulos falsos, parcelaciones irregulares y connivencia estatal, promueve el despojo indígena.

La violencia contra los defensores en Ucayali no es aleatoria: responde a un patrón estructural de abandono estatal, corrupción institucional y expansión de economías ilegales.

Yurúa representa el epicentro más crítico de este fenómeno, simbolizando la lucha de los pueblos indígenas por su supervivencia y por el derecho a vivir en paz en sus territorios.