Presentan proyecto de ley que regula ubicación de peajes para evitar nuevos conflictos sociales

Debido a que en los últimos años se han retirado casetas de peajes tras el descontento popular, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley que propone establecer criterios técnicos y legales para la ubicación, la distancia mínima, la autorización y el funcionamiento de los peajes administrados por entidades públicas o privadas.

Según la iniciativa, las casetas no podrán instalarse a menos de 50 kilómetros del límite del radio urbano de las ciudades ni a menos de 100 kilómetros de otro peaje existente en la misma vía.

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Además, el proyecto de ley prohíbe el cobro doble por transitar en una misma ruta y ordena que el cobro solo podrá iniciarse una vez culminado el proyecto y garantizado el óptimo funcionamiento de la vía concesionada.

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Soto explicó que el objetivo de la futura Ley General de Peajes es evitar conflictos sociales, optimizar el flujo vehicular, reducir la congestión urbana y prevenir cobros indebidos.

“En muchos casos los peajes se han instalado sin una evaluación técnica y social adecuada, generando malestar en transportistas, pasajeros y vecinos; además de congestión y contaminación”, sostuvo.

La propuesta legislativa también establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el ente competente para autorizar peajes en vías nacionales, regionales y provinciales; mientras que los gobiernos regionales y municipales harán lo propio dentro de su jurisdicción, según sus competencias.

“Esta medida no generará costos adicionales para el Estado y contribuirá a mejorar la infraestructura vial, disminuir la contaminación por congestión y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos provenientes de los peajes”, respondió.

Casos en discusión

Este problema se ha agudizado en los últimos en la capital. Además de las acciones legales que ha interpuesto la Municipalidad de Lima en contra de la empresa Rutas de Lima, se han publicado decisiones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que ordenaron el retiro de casetas de peajes en Puente Piedra y Lurín.

En abril pasado, Rutas de Lima, que administra los peajes ubicados en la Panamericana Norte y Sur, calificó como arbitraria la sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, con la cual se ordenó la suspensión del cobro en las casetas de Conchán.

Según la concesionaria, a la fecha ya son 26 casetas de peaje donde no pueden operar por “decisiones abusivas”, con lo que se le “está privando de recibir casi un 50% de sus ingresos, pese a que cumple con su obligación de brindar mantenimiento a todas las vías bajo su responsabilidad”. Estas 26 garitas se encuentran en los peajes de Chillón (Puente Piedra) y Conchán (Lurín),

En el caso del peaje de Chillón, en enero del 2024, el PJ emitió una medida cautelar para suspender el cobro de la tarifa, como lo pedían diversas asociaciones de vecinos. En tanto, en marzo de ese año, el TC ordenó esa misma medida hasta que se brinde una solución o hasta que se emita una sentencia firme en el proceso que se le sigue a la exalcaldesa Susana Villarán, quien confesó haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht (Rutas de Lima) y OAS (Línea Amarilla).