Ucayali: menor de 13 años se encuentra grave tras dar a luz producto de abuso sexual

Una niña de 13 años se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Pucallpa, tras presentar un cuadro de preeclampsia luego de dar a luz producto de un abuso sexual. Su familia exige justicia y denuncia que, a pesar de la gravedad del caso, el agresor aún no ha sido detenido y continúa en libertad.

La adolescente ingresó de emergencia al establecimiento de salud, donde los médicos le practicaron una cesárea ante las dificultades respiratorias que presentaba el bebé. Poco después del parto, la menor comenzó a convulsionar y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Actualmente, permanece en observación intermedia debido a la gravedad de su estado de salud. El bebé, que nació sietemesino, continúa bajo cuidados médicos especializados.

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Agresor sigue en libertad

La menor fue víctima de abuso sexual desde los 9 años por parte de Hermes Gutapaña Gomez, de 42 años, en la localidad de José Olaya, en Ucayali. A pesar de la denuncia presentada por su familia el 19 de octubre de 2024, en la comisaria de Contamana, el agresor permanece en libertad, sin que se haya tomado una acción contundente para garantizar la justicia y la protección de la víctima.

“Pido justicia por mi prima. Yo denuncié el hecho el 19 de octubre de 2024, ya estamos en abril y hasta el momento él sigue libre. Se burla de la justicia, dice que ya lo tiene todo arreglado", señaló un familiar a La República.

Le negaron el aborto terapéutico

Lo más grave, según relata una prima de la víctima, es que cuando la menor tenía apenas dos meses de gestación acudieron a solicitar un aborto terapéutico, debido al alto riesgo que representaba el embarazo para su salud. Sin embargo, sostuvo que el fiscal les dijo que el bebé debía nacer para que existiera una “prueba” del delito, negándoles así el acceso a un derecho legalmente reconocido.

“El fiscal nos dijo: ‘Vemos todo el tiempo estos casos’. Es una desnaturalización total. Primero, cuando fuimos a denunciar en octubre, no quisieron recibirnos. Tuvimos que insistir, y recién en noviembre ingresó nuestra denuncia”, señaló un familiar.

Para Susana Chávez, directora de Incidencia de Promsex, en este caso hubo una grave omisión: no se priorizó la protección de la menor ni se activó el protocolo de acción conjunta que habría permitido una intervención oportuna. “Se pudo evitar que la menor pasara por esto”, lamentó.

“Ella no tendría por qué haber llegado a esa circunstancia. Esto, definitivamente, podría configurar un acto de tortura”, señaló Chávez.

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Los casos de abuso sexual aumentan

Solo en enero y febrero del 2025 se han atendido 1.179 casos de violación sexual a menores de edad en el país, según estadística de los centros de Emergencia Mujer.

Además, este año, 139 menores, con edad de entre los 11 y 14 años, se convirtieron en madres en el Perú, según los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Minsa.

Y como es lógico, la región con más casos es Lima, con 23 menores que dieron a luz; seguida de Loreto con 15 y Ucayali con 14. Además, Piura registró 11 casos, La Libertad 10, y otras regiones como Ica, Junín, Lambayeque y San Martín reportaron 7 casos cada una.

Pese a estas cifras, el sector conservador del Congreso, junto con sus aliados en la sociedad civil, busca modificar la guía técnica que regula el aborto terapéutico en el Perú, una práctica legal desde 1924 y reglamentada por el Ministerio de Salud (Minsa) en 2014.

Entre los detractores de la guía técnica se encuentran congresistas como Norma Yarrow y Milagros Jáuregui de Aguayo, quienes han acusado a la Maternidad de Lima de “flexibilizar” los criterios para acceder a un aborto terapéutico y han exigido al Minsa y a Susalud que investiguen su aplicación.

MIMP pide celeridad en el caso

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exhortó al Ministerio Público a actuar con celeridad para lograr la captura del agresor, quien aún permanece en libertad.

"Exigimos que la fiscalía actúe con celeridad, empatía y firmeza para sancionar al agresor, quien continúa en libertad a pesar de la denuncia presentada por la familia en octubre de 2024. Los delitos cometidos contra niñas y adolescentes deben ser investigados con prontitud para evitar su revictimización y garantizar justicia frente a la grave vulneración de sus derechos, que pone en riesgo su integridad física y mental. Rechazamos con total indignación este caso y demandamos la máxima sanción", se lee en el comunicado.

En tanto, el Ministerio de Salud, responsable de autorizar el aborto terapéutico en casos de riesgo, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre este grave caso.